Las 176 medidas: entre la ruptura del centralismo y las rémoras de la transición

Las 176 medidas de transformación económica y social aprobadas por el Parlamento cubano el 18 de junio de 2026 apuntan a enterrar definitivamente el obsoleto esquema de socialismo de Estado altamente centralizado. Aunque dicho modelo respondió en su momento a circunstancias históricas específicas, hace décadas que agotó su capacidad para generar crecimiento, eficiencia y bienestar. La nueva batería normativa abre el camino para avanzar hacia un socialismo democrático de mercado ajustado a las características nacionales, históricas y culturales del pueblo de Cuba, otorgando mayor autonomía real a las entidades económicas, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos.

En el terreno estrictamente económico, las medidas inician el abandono de la anticuada planificación centralizada basada en la asignación administrativa de recursos materiales y financieros. En su lugar, se reconocen las categorías y leyes objetivas del mercado como regulador principal de la gestión empresarial. Bajo este nuevo diseño, la planificación central debe concentrarse en la regulación macroeconómica de la economía en su conjunto, el diseño de las líneas estratégicas de desarrollo nacional y el establecimiento de reglas claras y transparentes para las relaciones monetario-mercantiles.

La amplitud del paquete aprobado ha sorprendido incluso a sectores especializados, pues desborda muchos de los diagnósticos previos formulados desde las ciencias sociales para enfrentar la profunda crisis estructural del país. Sin embargo, al contrastar estas 176 medidas con los marcos programáticos de la última década —como la Conceptualización del modelo económico y social derivada del VII Congreso del PCC (2016) y actualizada en 2017—, emerge tanto la magnitud del salto conceptual como las peligrosas inconsistencias que aún amenazan con trabar su ejecución.

Superar el dogma: referentes abiertos para un nuevo modelo

Las transformaciones adoptadas conducen a la sociedad cubana hacia un terreno inédito, pues rompen con el referente ortodoxo que durante décadas paralizó el pensamiento económico nacional. Durante la existencia de la URSS, su modelo de construcción socialista fue presentado como la única interpretación legítima de la doctrina de Marx, Engels y Lenin, imponiendo un dogmatismo rígido que estigmatizaba cualquier intento de reforma sustantiva bajo etiquetas de revisionismo o desviación ideológica. Ese sectarismo impidió adaptar la construcción económica a las condiciones concretas de cada nación y terminó conduciendo, mediante la hipertrofia burocrática del Partido y del Estado, al colapso de todo el bloque socialista europeo.

La apertura que suponen las 176 medidas obliga a romper con esas concepciones excluyentes. El diseño del futuro económico de Cuba no puede limitarse a observar únicamente las experiencias de reforma de China o Vietnam, por valiosas que resulten sus lecciones sobre el papel del mercado y la apertura externa. 

Para enriquecer el futuro de Cuba hay que incluir en las investigaciones a la socialdemocracia de los países nórdicos y a la economía social de mercado concebida y aplicada en Alemania después de la II Guerra Mundial y que en pocos años, apoyada también por la masiva entrada de capitales del Plan Marshall, convirtió a ese país, devastado por dos guerras, en la economía más poderosa de Europa.

Los avances estructurales: el fin de la complementariedad subordinada

Al examinar el contenido sustantivo de las 176 medidas frente a los límites establecidos en la Conceptualización de 2017, se constata un cambio de paradigma en el reconocimiento del mercado, la propiedad privada y la iniciativa individual. El sector no estatal deja de ser concebido como un mero apéndice subordinado y «complementario» para convertirse en un actor económico de pleno derecho, llamado a operar en igualdad de condiciones frente a la empresa estatal. Entre las transformaciones de mayor calado destacan las siguientes:

• Transformación societaria y escalamiento empresarial: Se aprueba la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, cuyas participaciones podrán ser adquiridas por otras entidades estatales, formas de gestión no estatal y personas naturales nacionales o extranjeras, incluidos los cubanos residentes en el exterior. Paralelamente, se elimina el límite histórico de 100 trabajadores para las empresas privadas, suprimiendo también los topes al valor de sus medios de producción y a sus volúmenes de facturación, además de permitir que una persona natural sea titular de más de una empresa.
• Gobernanza corporativa y participación laboral: En cuanto a las sociedades por acciones, no se define si los accionistas, además de recibir los dividendos que ganen sus acciones, tendrían la facultad de participar y decidir en la dirección de la empresa. Una variante consistiría en que los accionistas que no sean trabajadores de la empresa en cuestión reciban los dividendos por el valor de sus acciones, pero no posean la facultad de participar en la dirección empresarial y que esta función la realice solo la asamblea general de trabajadores, la cual también estaría facultada a postular y elegir a los principales dirigentes empresariales. 
• Descentralización salarial y autonomía financiera estatal: Se traslada al sistema empresarial estatal la facultad de aprobar sus propias escalas salariales mediante negociación colectiva con los trabajadores y el sindicato. Asimismo, se reduce la carga tributaria sobre las utilidades, se autoriza a las empresas a realizar inversiones financieras con recursos propios, emitir certificados de propiedad como garantía colateral para créditos bancarios y monetizar activos subutilizados mediante arrendamientos a largo plazo, a cambio de eliminar los subsidios directos desde el Presupuesto del Estado. En otros países que cuentan con empresas estatales, la actividad comercial se separa de la estructura administrativa del Estado y se organiza como una sociedad mercantil con personalidad jurídica propia, en la que el Estado participa como un accionista más.
• Modernización bancaria, financiera y cambiaria: Se fomenta la participación del capital privado en la actividad financiera, se autoriza la apertura de cuentas en divisas tanto en Cuba como en el extranjero para personas naturales y jurídicas, se crean entidades para la gestión de activos virtuales y se eliminan los topes a las transferencias bancarias y extracciones de efectivo. Además, se proyecta un mercado cambiario digital en tiempo real con subastas de divisas y devaluaciones sucesivas del peso cubano para cerrar la brecha cambiaria, junto con mecanismos modernos de gestión de deuda externa como los swaps.
• Apertura en comercio exterior, inversión extranjera y sectores estratégicos: Se habilita a empresas estatales, privadas y cooperativas a realizar directamente operaciones de comercio exterior y comercialización de marcas y patentes. En inversión extranjera, se autoriza su participación en empresas privadas y cooperativas, se elimina la intermediación obligatoria de las entidades empleadoras y se permite el ingreso de capital privado y extranjero en la importación y comercialización minorista de combustibles, el turismo especializado y la gestión mediante licitación de instalaciones recreativas y de alojamiento. En este ámbito, una decisión estratégica para restaurar la credibilidad financiera del país sería gestionar el reingreso de Cuba al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.
• Reforma agropecuaria y comercio minorista: Se amplía el derecho real de usufructo sobre la tierra para todo tipo de actores económicos en producciones agropecuarias, forestales, tabacaleras y de agroturismo, y se autoriza la creación de empresas privadas agropecuarias. No obstante, para desatar verdaderamente las fuerzas productivas en el campo, resulta indispensable dar un paso adicional e incluir la entrega de la tierra en propiedad privada. En el comercio interno, se inicia el tránsito de la canasta familiar normada hacia ventas controladas sin subsidios, sustituyendo el subsidio universal a productos por transferencias directas a personas vulnerables indexadas anualmente a la inflación.

Nudos críticos y errores de secuenciación en la implementación

A pesar del carácter innovador de estas disposiciones, la experiencia económica demuestra que una reforma estructural puede fracasar si se ejecuta sin una secuencia macroeconómica coherente ni aseguramiento institucional. El análisis práctico de los primeros pasos de aplicación revela tres vulnerabilidades graves que exigen rectificación inmediata:

La trampa de la liberación de precios sin respaldo de oferta

Una de las medidas más trascendentes fue la descentralización y liberación inmediata de los precios mayoristas y minoristas, eliminando los topes administrativos. Sin embargo, el gobierno ejecutó esta decisión sin preparar condiciones previas ni acumular un inventario regulador de productos de primera necesidad para contener el choque inflacionario inevitable. Ante una oferta estructuralmente deprimida, los precios de los alimentos básicos se dispararon bruscamente sin que la asistencia social lograra proteger a los hogares de menores ingresos.

Peor aún ha sido la reacción desordenada de varios municipios del Poder Popular, que volvieron a imponer topes de precios administrativos dando marcha atrás a la reforma aprobada. Este vaivén regulatorio provoca el cierre de establecimientos, contrae aún más la oferta y genera la consecuencia más dañina para cualquier economía en transición: la destrucción de la confianza del sector privado y de la ciudadanía en la estabilidad jurídica y la seriedad de la política económica del Estado.

Descentralización municipal sin capacidades técnicas

El redimensionamiento de la Administración Central del Estado (OACE) y la eliminación de las delegaciones de la Agricultura apuntan en la dirección correcta para combatir el burocratismo. Sin embargo, la reducción de ministerios sigue siendo tímida y resulta contraproducente crear nuevas estructuras agropecuarias de subordinación municipal para dirigir la producción de alimentos, tarea que compete exclusivamente a los productores respondiendo a las señales del mercado. Del mismo modo, transferir amplias facultades a los municipios sin que estos dispongan de cuadros calificados ni infraestructura organizativa exige aplicar la descentralización de forma gradual y asistida.

Responsabilidad social empresarial: incentivos frente a coerción

La creación de un registro electrónico de familias vulnerables y el llamado a que todos los actores económicos apoyen a entidades comunitarias constituyen iniciativas positivas, siempre que dicho aporte se articule mediante incentivos fiscales y no como una exacción obligatoria que funcione en la práctica como un impuesto encubierto sobre el sector emergente.

Rémoras centralizadoras y reformas financieras pendientes

Al revisar con lupa el articulado de las 176 medidas, persisten formulaciones ambiguas que mantienen ataduras centralizadoras incompatibles con una economía de mercado funcional y que deben ser modificadas:

• Supresión definitiva de las OSDE: El texto oficial propone «redimensionar las OSDE sin incluir funciones estatales ni propias de las empresas». En realidad, estas estructuras intermedias actúan como monopolios administrativos que encarecen los costos y asfixian la autonomía; todas las OSDE deben ser suprimidas, transformando en empresas independientes aquellas unidades que posean viabilidad económica.
• Plena soberanía empresarial sobre las utilidades: No basta con «flexibilizar» el destino de las utilidades después de impuestos. Una vez cumplidas sus obligaciones tributarias, la decisión sobre la reinversión o distribución de las ganancias debe ser responsabilidad exclusiva de cada empresa, en eso consiste la autonomía que se le quiere otorgar
• Planificación indicativa, nunca directiva, para el sector privado: Al incorporar a los actores no estatales en el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030 y en las estrategias territoriales, debe prohibirse estrictamente imponerles cifras directivas de obligatorio cumplimiento. Para institucionalizar un diálogo transparente con el Estado, resulta urgente autorizar la creación de la Asociación Cubana de Propietarios de Empresas Privadas.
• Abandono rápido de la asignación centralizada de recursos: Transitar «progresivamente» hacia la planificación financiera prolonga la agonía del sistema actual. Debe abandonarse con celeridad tanto la asignación material como la tutela financiera centralizada, permitiendo que las empresas gestionen por sí mismas sus insumos y fuentes de financiamiento.

Adicionalmente, el éxito de las reformas exige dos decisiones monetarias y financieras de carácter urgente que quedaron fuera del documento oficial. Primero, derogar la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba que impuso la bancarización forzosa, sustituyéndola por una normativa de bancarización voluntaria basada en estímulos fiscales y tasas de interés atractivas, sin criminalizar el uso del efectivo. Segundo, reconocer formalmente la dolarización total de la economía como una realidad operativa inevitable, permitiendo que personas naturales y jurídicas posean, circulen y operen cuentas sin restricciones en dólares estadounidenses, euros y pesos cubanos.

La dimensión política: democracia directa y control parlamentario

La historia contemporánea demuestra que las reformas económicas estructurales fracasan o derivan en capitalismo oligárquico burocrático si no se acompañan de transformaciones profundas en el sistema político que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la soberanía ciudadana. El tránsito hacia un socialismo democrático exige superar las formas meramente representativas y avanzar hacia mecanismos efectivos de democracia directa en todos los niveles territoriales, donde las decisiones trascendentes sean vinculantes y los funcionarios estén sujetos a revocación real.

En el ámbito institucional del Estado cubano, esta democratización requiere fortalecer la supremacía efectiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) como órgano máximo de decisión, manteniendo la autonomía operativa de las funciones ejecutiva y judicial. De cara a las elecciones generales previstas para 2028, existen dos reformas inmediatas que podrían transformar sustancialmente la calidad de la representación política:

• Boletas abiertas y competitivas para diputados nacionales: Modificar la ley electoral para que las Comisiones de Candidatura no presenten listas cerradas con igual número de candidatos que de escaños, sino entre dos y tres candidatos por cada asiento parlamentario, resultando electos quienes obtengan mayor respaldo popular en cada circunscripción. Este paso prepararía el camino para extender a nivel nacional la postulación directa por los electores sin intermediación partidista ni de organizaciones de masas, tal como ya ocurre en la base municipal.
• Incompatibilidad entre cargos ministeriales y escaños parlamentarios: Establecer que los miembros del Consejo de Ministros (Primer Ministro, viceprimeros ministros, ministros, presidente del Banco Central y presidentes de institutos nacionales) no puedan ser diputados ni candidatos al Parlamento, evitando así que la Asamblea Nacional actúe como juez y parte al fiscalizar la gestión del Ejecutivo.

Tras los comicios de 2028, esta reforma institucional debería completarse con medidas destinadas a profesionalizar y transparentar la vida parlamentaria: 

• extender los períodos de sesiones plenarias de la ANPP durante varios meses al año —haciendo innecesaria la existencia del Consejo de Estado—; 
• crear un canal público de radio y televisión dedicado a transmitir en vivo los debates parlamentarios y de sus comisiones; 
• garantizar la libertad individual de expresión y voto de los diputados para erradicar la falsa unanimidad; 
• someter a los candidatos a ministros a audiencias públicas previas ante las comisiones parlamentarias; 
• que los propios parlamentarios, sin Comisiones de Candidatura, postulen candidatos a los máximos cargos del Estado y del Parlamento y luego los elijan mediante el voto directo y secreto; y
• hay que asegurar que la influencia del partido único se ejerza exclusivamente a través del debate persuasivo de sus diputados militantes, nunca mediante directivas administrativas externas.

Conclusiones

Las 176 medidas aprobadas en junio de 2026 representan un punto de inflexión histórico en el sistema de dirección económica de Cuba. Sin embargo, en su formulación actual constituyen todavía un inventario heterogéneo de disposiciones que carece de jerarquización, interrelación sistémica y cronograma preciso de ejecución. Para evitar que queden atrapadas en la inercia administrativa, el país necesita articularlas dentro de un programa integral de transición que liquide definitivamente la asignación centralizada de recursos y consolide el papel regulador del mercado bajo un marco macroeconómico estable.

En el plano socioeconómico, el nuevo escenario legitima la expansión sin límites arbitrarios de la propiedad privada, permite la privatización parcial o total de empresas estatales mediante sociedades por acciones y abre sectores estratégicos —como la banca, las casas de cambio, la energía, la minería, la manufactura, el transporte y las farmacias— a la iniciativa no estatal, manteniendo únicamente la atención médica bajo gestión pública exclusiva. Al mismo tiempo, se reconoce el derecho al crecimiento patrimonial legítimo y se asume con realismo la existencia de relaciones salariales privadas dentro de la actual etapa histórica.

No obstante, la viabilidad de esta transformación económica depende de su sincronización con una apertura política genuina. Solo mediante la extensión de la democracia directa, el control ciudadano efectivo sobre los órganos del Estado, la separación funcional entre el Ejecutivo y el Parlamento y la democratización interna de las organizaciones políticas y sociales será posible sustituir el agotado modelo centralista por un verdadero socialismo democrático de mercado, capaz de devolver prosperidad, libertad y esperanza a la nación cubana. 

Fidel Vascos González. Doctor en Ciencias Económicas, Profesor Titular, Ministro-Presidente del Comité Estatal de Estadísticas de Cuba (1976-1994), Vicepresidente Ejecutivo de Economía y Finanzas del Grupo de Comercio y Turismo Internacional CUBANACÁN, S.A. (1995-2000), Embajador de Cuba en la República de Chipre (2007–2012), Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País (2015-2018), Miembro de Número y Miembro de Mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País. 

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