Cuba envejece en crisis, desprotegida y sin derechos
En Cuba se experimenta un proceso de ajuste de la política social, en el que el Estado reduce su responsabilidad en la provisión del bienestar y traslada su costo a las familias —y dentro de ellas, a las mujeres— y, más recientemente, al mercado.
Cuba es hoy el país más envejecido de América Latina y el Caribe. La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) acaba de revelar los datos de 2025, que muestran un aumento de un punto porcentual respecto a 2024. Al cierre de 2025, las personas de 60 años y más representaban el 26,7% de la población (ONEI, 2026), una proporción cercana al doble del 14,7% que promedia la CEPAL (2024) para la región.
Las proyecciones oficiales indican que esa proporción alcanzará el 36% en 2040 (ONEI, 2026). La actualización de los datos sobre el envejecimiento, publicada por la ONEI, es bienvenida, pero resulta insuficiente frente a la necesidad de información que existe sobre cómo se está envejeciendo en Cuba. Además de no contar con un censo de población actualizado —el último se publicó en 2012—, la encuesta nacional sobre envejecimiento poblacional (ENEP), que aporta información relevante sobre las condiciones materiales y de dependencia de esta población, no se lleva a cabo desde 2017, hace casi una década.
Las autoridades han presentado el panorama del envejecimiento principalmente como un desafío propio de países ricos, que Cuba enfrenta con recursos insuficientes (DCC, 2026). Sin embargo, el diagnóstico de la realidad en la que transcurre hoy ese proceso no remite a un mero problema de recursos. El enunciado oficialista oculta la responsabilidad política del Estado cubano en que un proceso que debería ser una buena noticia para la sociedad cubana se haya convertido en una de sus principales tragedias actuales. En contraste, en la región, Uruguay y Chile, países con poblaciones altamente envejecidas y economías en vías de desarrollo, han adoptado medidas políticas, económicas, educativas y de inversión para responder a esta transformación (Acosta et al., 2018).
El envejecimiento poblacional no es en sí mismo el problema, como hemos sostenido reiteradamente. La ausencia, el déficit o la insostenibilidad de las políticas económicas y sociales y de los recursos para responder a los desafíos que genera sí lo son (Díaz-Briquets y Acosta, 2023). Desde el monitoreo independiente de Cuido60 hemos venido alertando sobre la consolidación de un proceso de ajuste de la política social en Cuba, en el que el Estado reduce su responsabilidad en la provisión del bienestar y traslada su costo a las familias —y dentro de ellas, a las mujeres— y, más recientemente, al mercado.
Las estimaciones alertaban sobre los retos, costos y transformaciones que generaría el envejecimiento demográfico en la sociedad cubana. Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica, más allá de los discursos gubernamentales que simulan prioridad de atención al tema, es que los recursos, programas y servicios públicos para personas mayores se han contraído en un escenario de empobrecimiento acelerado y crisis humanitaria, donde justamente esta población ha sido la más afectada. Asistimos a un proceso formal de desresponsabilización del Estado y a una privatización forzosa e informal del bienestar.
Esta distinción resulta fundamental: el desafío demográfico no determina por sí mismo las condiciones en que envejece una sociedad. Son las decisiones económicas, institucionales y políticas las que definen cómo se distribuyen sus costos y oportunidades.
En este artículo analizaremos tres procesos interrelacionados: las dinámicas del envejecimiento demográfico en condiciones de crisis, la reorganización de los cuidados mediante la refamiliarización y la mercantilización, y el debilitamiento de la protección social.
Un envejecimiento acelerado en un contexto de precarización y desprotección social
La aceleración del envejecimiento demográfico en Cuba combina tres fuerzas.
- La primera es la caída sostenida de la natalidad: la tasa global de fecundidad es de 1,29 hijos por mujer, la más baja desde 1958, y por cada nacimiento ocurrido en 2025 murieron dos personas (ONEI, 2026).
- La segunda es la emigración, que se ubica entre las de mayor intensidad de la historia cubana. Más de un millón de personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, salieron del país en menos de cinco años (Acosta et al., 2025), y la población en edad laboral se redujo en 1 259 894 personas entre 2021 y 2025 (ONEI, 2026).
- La tercera es el aumento de la mortalidad en un sistema de salud deteriorado (Albizu-Campos, 2025).
Las consecuencias son dobles. Por un lado, las personas mayores han quedado más solas y, a la vez, con una mayor carga de cuidados —de nietos, cónyuges y familiares aún mayores. No olvidemos que el envejecimiento en Cuba está feminizado: las mujeres constituyen el 54% del grupo de personas mayores (ONEI, 2026). Por otro lado, se tensiona la sostenibilidad previsional: entre 2028 y 2032, el llamado “tsunami de plata” supondría la jubilación de unos 180 000 trabajadores frente al ingreso de solo 120 000 a la edad laboral, y la relación entre trabajadores activos y jubilados, que era de 3,6 en 1989, descendería a 1,8 en 2030 y a 1,3 en 2040 (Mesa-Lago, 2023).
A estas tensiones demográficas y previsionales se suma un deterioro distributivo de largo alcance. A pesar de no contar con datos oficiales sobre pobreza y desigualdad, se estima que el coeficiente de Gini ha aumentado considerablemente: pasó de 0,24 durante los años 80 a un valor actual de entre 0,45 y 0,5, según diferentes cálculos independientes. La Cuba envejecida es también una sociedad crecientemente segmentada, con desigualdades de ingreso, vivienda y participación social y cultural, así como situaciones de marginación (Zabala, 2020) que afectan a grupos específicos —mujeres, personas no blancas, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad— y a distintos territorios.
La población en general se ha empobrecido, pero las personas mayores concentran algunas de las expresiones más agudas de vulnerabilidad. Las distintas estimaciones sobre pobreza de especialistas y observatorios independientes coinciden en este punto. Las personas mayores de 60 años emergen como el grupo más vulnerable: el 83,6% depende de la pensión y más del 54% no la recibió en los seis meses previos (Food Monitor Program y Cuido60, 2026).
El sistema de pensiones, principal fuente de seguridad económica de las personas mayores, enfrenta un deterioro estructural: cerca del 40% de los jubilados percibe pensiones mínimas y quienes emigran pierden el derecho a cobrarlas (Cuido60 et al., 2026). La asistencia social, por su parte, se ha reducido de forma progresiva desde 2006, tanto en proporción del PIB como en número de beneficiarios (Mesa-Lago, 2023).
La vulnerabilidad económica se traduce, además, en privaciones concretas que comprometen la alimentación, la salud y las condiciones básicas de subsistencia. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 de Food Monitor Program, el 56% de las personas mayores perdió de manera considerable o total la capacidad de comprar alimentos en los seis meses previos, el 37% declaró que alguien en su hogar se acostó con hambre y el 89,8% afronta dificultades constantes para conseguir medicamentos, con mayor afectación entre las mujeres (Cuido60 et al., 2026; González y Acosta, 2025).
A ello se suman los apagones, el déficit de agua y de combustible para cocinar, el colapso del transporte y el brote de arbovirosis de fines de 2025, que registró oficialmente 65 fallecidos, un tercio de los cuales eran personas mayores (Cuido60 et al., 2026). Se trata de una privación simultánea y sostenida, no episódica.
El proceso de precarización supone, a la vez, la erosión o pérdida de derechos sociales consagrados en la Constitución y definidos como responsabilidad del Estado. A lo anterior se suman la crisis crónica de habitabilidad; el colapso del transporte público y la reducida accesibilidad física; la precarización del sistema de salud y la crisis de salubridad; y el deterioro generalizado de servicios públicos como el gas licuado, los servicios funerarios, el saneamiento y la recogida de basura, así como de espacios deportivos, recreativos y centros culturales. También se amplía la brecha digital y aumentan los niveles de maltrato y violencia estructural. Como consecuencia, se han desatado procesos de inseguridad vital que conllevan una mayor desprotección, pérdida de derechos, erosión de los vínculos sociales y debilitamiento de las condiciones necesarias para sostener una vida digna.
Un sistema de cuidados refamiliarizado y mercantilizado
La oferta estatal para personas mayores se articula en el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor, ubicado en el Ministerio de Salud Pública, lo que limita su rango institucional (Acosta González et al., 2018). En 2021 el país contaba con 156 hogares de ancianos (11 947 camas) y 375 casas de abuelos (13 375 plazas). La última cifra oficial del Ministerio de Salud indica que en 2026 se mantiene la misma cantidad de hogares de ancianos, pero se reducen las casas de abuelos a 307 (Juventud Rebelde, 2026). La oferta estatal, que ya era deficitaria, no solo no crece al ritmo de la población mayor, sino que disminuye.
Por su parte, los costos han aumentado. Tras la llamada Tarea Ordenamiento[1], las tarifas de estos servicios ascendieron a 1 260 y 792 pesos mensuales, frente a una pensión mínima de 1 528 pesos en 2021 —unos seis dólares al tipo de cambio oficial flotante—, y la ocupación de las casas de abuelos descendió a cerca de la mitad (Acosta González et al., 2023). En este último caso, no porque la demanda disminuyera, sino porque aumentaron los costos del servicio y del traslado mientras se deterioraba el poder adquisitivo de las pensiones.
En 2024 se creó el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida (Decreto 109/2024), que reconoce el cuidado como función social y declara principios de corresponsabilidad social y de género. Su implementación, sin embargo, está condicionada por limitaciones fiscales, déficit de personal calificado, fragmentación institucional y debilidades de monitoreo (Cuido60 y Cubalex, 2025). Entretanto, la oferta de organizaciones religiosas, comunitarias y de la sociedad civil se ha convertido en la segunda en importancia después de la estatal, pero opera sin un marco legal que la ampare y bajo una ley de asociaciones que no permite el libre accionar de las organizaciones independientes (Acosta González et al., 2023; Cuido60 et al., 2026). En la práctica, la política social ha producido una refamiliarización del cuidado: ha traspasado, tanto a nivel normativo como práctico, una responsabilidad que la Constitución comparte entre el Estado, la sociedad y las familias hacia los hogares y, de manera desproporcionada, hacia las mujeres.
La transferencia de responsabilidades hacia las familias no ha supuesto, sin embargo, que estas dispongan de los recursos necesarios para asumirlas. En paralelo, se ha producido una mercantilización del cuidado: de responsabilidad social, ha pasado a ser un bien disponible solo para quien puede pagarlo (Acosta et al., 2023; González y Acosta, 2025). Ambos procesos no son nuevos. Se remontan al giro de la política social iniciado con la “actualización del modelo económico y social” a partir de 2007, que introdujo criterios selectivos de acceso, una versión más restrictiva de la justicia social y un mayor peso del mercado en la satisfacción de necesidades básicas (Acosta, 2021; Bobes, 2016; Espina, 2020).
La literatura cubana sobre cuidados ha documentado estos procesos y sus fundamentos: la racionalidad económica como principio de la política social y la reducción del gasto social. La Tarea Ordenamiento (2021) agudizó el proceso mediante el alza de precios y la contracción de la asistencia social (Mesa-Lago, 2023). La carga no se reparte de manera neutral: recae sobre las mujeres y se superpone a desigualdades de ingreso y de territorio (Torres, 2020; Zabala, 2020). La política de envejecimiento ha mantenido, además, un enfoque reduccionista, más orientado a estimular la fecundidad que a garantizar derechos y cuidados.
Por último, dentro de las recientes modificaciones en curso, el Acuerdo 10249 de 2025 y el Decreto 160/2026 abren la puerta a la participación del sector privado en la provisión de servicios de cuidados diurnos y de larga duración para personas mayores y con discapacidad, previa autorización estatal. Se amplían así las modalidades de servicios previamente autorizados solo para los cuidados domiciliarios.
La inclusión del sector privado, aunque tardía, es relevante para ampliar la cobertura de necesidades. Sin embargo, con pensiones cercanas a los tres dólares, este mercado sirve sobre todo a hogares con familiares en el exterior que financian el cuidado mediante remesas, lo que configura un cuidado transnacionalizado, feminizado y segmentado por ingreso (Acosta y Gómez, 2026). Los costos revelan el alcance de la medida. La primera residencia privada, en El Vedado, cuesta, como máximo, 1 080 dólares mensuales, con tarifas de entre 1,35 y 1,75 dólares por hora. La plaza reservada por ley a una persona vulnerable costaría 1 260 pesos según la tarifa oficial, frente a 535 680 pesos de la plaza privada al tipo de cambio oficial flotante (Acosta y Gómez, 2026).
Esta apertura al sector privado contrasta con las restricciones que siguen enfrentando otros actores potencialmente decisivos en la organización social de los cuidados. El Estado cubano no ha facilitado de la misma manera la participación de la sociedad civil independiente, de la Iglesia y de otras organizaciones que desempeñan un papel importante en la provisión de cuidados en la isla. Al agravarse la crisis, han emergido organizaciones independientes muy diversas que desarrollan acciones de asistencia y cuidado, pero también de promoción y capacitación en torno a la atención de las personas mayores.
Los desafíos para expandir este tipo de oferta, sin embargo, son de orden estructural y político. Muchas no cuentan con reconocimiento legal y, en consecuencia, están más afectadas aún por la escasez de recursos, la inestabilidad en sus equipos y la criminalización de su trabajo o voluntariado. Esta asimetría limita la escala, la estabilidad y la legitimidad de unas iniciativas que operan en condiciones precarias y ausencia de reconocimiento institucional.
Oportunidades para la economía plateada en un contexto democrático
Un escenario democrático convertiría en oportunidad parte de lo que hoy es solo presión demográfica. La economía plateada —el conjunto de bienes, servicios y empleos orientados a la población mayor y a su bienestar— carece hoy en Cuba de condiciones para desarrollarse. Los emprendimientos a ella vinculados enfrentan obstáculos legales y políticos. Las iniciativas comunitarias y de la sociedad civil, que ya muestran capacidad de iniciativa y escalabilidad —desde agencias de cuidado y fabricación de dispositivos de apoyo hasta proyectos de formación tecnológica para personas mayores—, operan sin amparo jurídico (Acosta et al., 2023).
La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en ampliar la oferta de servicios para una población creciente, sino en crear las condiciones institucionales y económicas para que esa demanda pueda convertirse en una oportunidad de desarrollo inclusivo. Con garantías de asociación, seguridad jurídica y acceso a financiamiento, una demanda hoy desatendida —cuidados domiciliarios y residenciales, rehabilitación, alimentación adaptada, vivienda y movilidad accesibles, tecnologías de apoyo, alfabetización digital, recreación y acompañamiento—, podría traducirse en empleo formal, también para personas mayores que deseen continuar en el mercado laboral, y en nuevas cadenas de valor locales. La diáspora, que hoy sostiene el cuidado de muchas personas mayores mediante remesas y otros apoyos (Acosta y Gómez, 2026), podría aportar además inversión, transferencia de conocimientos y cooperación transnacional estructurada. Esa oportunidad, sin embargo, no es automática ni se agota en el mercado.
Sin regulación, reproduciría la segmentación que ya se observa, con servicios de calidad para los hogares con remesas y precariedad para el resto. La economía plateada será una estrategia de desarrollo, y no una nueva forma de exclusión, solo si se asienta sobre un piso público universal de cuidados y protección, genera trabajo decente para las personas cuidadoras y reconoce a las personas mayores no solo como destinatarias de servicios, sino como consumidoras, trabajadoras y agentes de participación social.
Consideraciones finales. Hacia una reorganización de los cuidados fundada en derechos
Enfrentar los desafíos del envejecimiento demográfico en Cuba requiere una reorganización democrática de los cuidados que implica superar la falsa dicotomía entre un Estado ausente y un mercado desregulado. Proponemos cuatro recomendaciones generales:
Responsabilidad pública y sostenibilidad del sistema
El Estado debe reconocer el cuidado como función pública indelegable, relanzar el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida con sostenibilidad presupuestaria y establecer pisos de protección, topes de accesibilidad económica y subsidios focalizados allí donde el cuidado ya fue trasladado al mercado.
Regulación y derechos laborales
Los actores privados deben someterse a estándares verificables de calidad y accesibilidad, y reconocer los derechos laborales y de seguridad social de las personas cuidadoras, hoy en gran medida informales.
Información pública y participación de la sociedad civil
Son indispensables la información pública, periódica y desagregada, y un marco legal —una nueva ley de asociaciones— que permita a la sociedad civil independiente, incluida la comunidad cubana transnacional, operar, monitorear y participar en el diseño de las políticas.
Garantías de protección y estándares internacionales
Cualquier proceso de apertura económica y transformación política futura debe procurar garantías mínimas de protección social para la población mayor, conforme a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), estándar regional de referencia que el Estado cubano no ha suscrito y que se suma a instrumentos que Cuba sí ha ratificado, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a los derechos reconocidos en la Constitución de 2019.
Cuba enfrenta no solo una transición demográfica, sino también la posibilidad de una transición política que converge críticamente en el terreno de los cuidados y la sostenibilidad de la vida. A mi juicio, la evidencia indica que la respuesta del Estado cubano se ha centrado en combinar la retirada de responsabilidades sociales con el mantenimiento del control político: privatizar el bienestar sin democratizar el poder.
Sin garantías redistributivas y sin participación de la sociedad civil, la mercantilización —regulada, pero no fiscalizada—, tenderá a profundizar la desigualdad en el acceso a un cuidado digno para la población más envejecida de la región. La economía plateada, por su parte, solo será una oportunidad si se asienta sobre un piso de derechos y no lo sustituye. De cómo se resuelva esa tensión dependerá que envejecer dignamente en Cuba sea un derecho exigible y no una promesa incumplida.
[1] El llamado "Tarea Ordenamiento" en Cuba fue una reforma económica y monetaria implementada en 2021 que pretendía unificar la moneda y recortar los subsidios estatales, pero terminó convirtiéndose en un completo desastre que profundizó la crisis del país; al devaluar drásticamente el peso cubano y aumentar exponencialmente los salarios sin un respaldo real en la producción, desencadenó una inflación descontrolada, pulverizó el poder adquisitivo de las familias, exacerbó la escasez de alimentos y medicinas, y provocó la pérdida total de confianza en la moneda nacional.
Socióloga, Doctora en Estudios Internacionales e interculturales por la Universidad de Deusto, Bilbao y Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos. Actualmente dirige el Observatorio Cuido60 sobre Envejecimiento, Cuidados y Derechos (www.cuido60.com) en Florida International University (FIU). Ha sido Directora del Magister en Sociología en la Universidad Alberto Hurtado (Chile) y directora del Diplomado en Humanismo y Sociedad (UAH-Centro Fray Bartolomé de las Casas de La Habana, Cuba (2009-2016). La profesora Acosta se dedica a la investigación sobre el trabajo de cuidado, las migraciones internacionales, el envejecimiento y las políticas de bienestar.