Cómo reflexionar sobre las circunstancias contemporáneas de Cuba

En una temporada de huracanes los desastres naturales y humanos y los momentos de éxito frente a circunstancias adversas con razón reclaman nuestra atención. Sin embargo, es pertinente reflexionar también sobre el contexto más amplio de lo que ha venido ocurriendo en 2021 y 2022, es decir, desde el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba y desde las protestas de julio de 2021 y sus predecesoras y sucesivas.

Debilidades de planificación y cumplimiento

Un grupo de indicadores económicos requieren una explicación en las circunstancias propias de Cuba, y no simplemente de una atribución a factores externos.

• La Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada en mayo de 2022, recibió un informe señalanndo que solamente 22 de las 119 políticas supuestamente obligatorias se habían cumplido. El incumplimiento de esas medidas acordadas indica un problema surgido en Cuba.

• En esa misma sesión del Parlamento el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, informaba que un 23% de las empresas del Estado reportaron pérdidas, mientras que otro 30% de las empresas del Estado reportaron ganancias que excedieron el 50% de lo planificado. Puede que esas ganancias parezcan un magnífico resultado. Pero lo mejor sería reconocer que “el Plan” no estuvo bien elaborado, es decir, no se logró utilizar con mayor eficiencia los recursos en empresas que generan pérdidas, y revela un despiste en relación con casi un tercio de las empresas que generan elevados resultados positivos, pero que esconden una realidad del fracaso de la planificación en la asignación de recursos.

• La desconfianza económica, además, crece por año. La proporción que cumplió su obligación fiscal cayó de un 93% en 2021 a un 70% en 2022. Por ende, quien no confía no paga.

La transparencia económica: mejora y es mejorable

Se puede anunciar que mejora la transparencia económica cuando la prensa oficial informaba en mayo de 2022 que solamente estaba operando un 57% de los autobuses programados en la provincia de La Habana. Mejora la transparencia cuando el periódico oficial Granma publica comentarios del público que califican al servicio de autobuses con palabras como “horrible” y “terrible”, entre otras. Mejora, sí, la transparencia sobre una terrible realidad.

Mejora la transparencia económica cuando la prensa oficial informa que la zafra de 2021-2022 fue de unas 480 000 toneladas métricas, que fue la producción más baja en más de un siglo. Felicitemos la mejoría de la transparencia antes de lamentar estos pésimos resultados.

Mejorable puede ser el contenido de la comunicación económica del ministro Alejandro Gil. El 6 de agosto de 2021 el Consejo de Estado aprobó los decretos-leyes relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el ejercicio del trabajo por cuenta propia. A fines de julio, diversos ministerios ya habían modificado el marco regulatorio de precios e impuestos.

En su comparecencia televisiva para explicar estos notables cambios, el ministro Gil “aseguró que es totalmente incorrecto relacionar la reciente aprobación de los decretos-leyes con los sucesos del 11 de julio, pues desconoce los pasos dados desde los dos últimos congresos del Partido”.

Recordemos que antes, durante y después del Séptimo Congreso del PCC se detuvo la aplicación de los Lineamientos autorizados en el Sexto Congreso, se dificultó la labor empresarial del sector privado mediante múltiples esfuerzos por entorpecer su crecimiento y se aplicó una política de precios que impedía un normal desarrollo económico. Cuando un ministro expresa un criterio tan contrario a la verdadera experiencia de la nación, ¿es que fue su real intención agradecer a lo que sucedió el 11 de julio por romper, por fin, las barreras que trababan las reformas necesarias, originadas por el entonces presidente, el general Raúl Castro, y paralizadas desde fines de 2015?

El papel del PCC

El Artículo 5 de la Constitución de la República asegura que el PCC “es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. ¿Cómo responde este PCC a la coyuntura actual?

Hay una caída notable de miembros del PCC. En su Quinto Congreso, celebrado en 1997, el Primer Secretario Fidel Castro había informado que había alrededor de 780 000 miembros. En 2021, después del Octavo Congreso, había 713 234 miembros. La caída persistió, llegando a 708 878 miembros antes de la celebración del Pleno del Comité Central en abril de 2022 --es decir, solamente el 6,3% de la población cubana pertenecía al Partido. Deben existir diversas razones. Falta, sin embargo, una explicación.

Hay, se puede decir cierta inestabilidad en los mandos intermedios del PCC. Entre 2016 y 2021 fueron sustituidos siete de los quince primeros secretarios del PCC en las diversas provincias, es decir, la mitad, pero solamente promediando uno por año. Entre 2021 y 2022 fueron sustituidos ocho de los quince primeros secretarios en las provincias, de los cuales cinco claramente fueron defenestrados. Los ocho, inclusive los separados, habían quedado ratificados en el Octavo Congreso en 2021 como miembros del Comité Central del PCC. ¿Qué se supo en 2021-2022 que no se sabía antes del Congreso? ¿Por qué la tasa anual de sustitución de dirigentes provinciales se quintuplica, por lo menos, después de las protestas del verano 2021? ¿Refleja esa inestabilidad en el Partido la inestabilidad de la economía o una inestabilidad política propia?

Finalmente surge la duda de cierta inestabilidad en la máxima dirigencia del Partido. Durante el Octavo Congreso, en 2021, se jubilan algunos dirigentes llamados “históricos” y se adopta la regulación de que para ingresar al Comité Central y al Buró Político la edad debía de ser inferior a 60 años. Sin embargo, en abril de 2022 regresa un general de  83 años, como miembro del Comité Central y del Buró Político, violándose así una regulación partidista que duró solamente un año. El general  tuvo una distinguida carrera militar y múltiples importantes responsabilidades dentro y fuera del país. Pero una dirigencia nacional confiada y confiable no necesita un tutor in situ. Un partido que busca su institucionalización no viola sus normas.

¿Por qué retorna otro jubilado de la cúpula partidista participar en las decisiones internas del PCC, inclusive la ratificación y sustitución de los primeros secretarios de las provincias, fotografiado en las mesas directivas de esas reuniones?

¿Aperturas sociales y políticas?

El 15 de julio de 2021 el gobierno establece los consejos provinciales para aplicar su programa de lucha contra el racismo y la discriminación racial, que se había autorizado en 2019, pero que no se había puesto en marcha. Dado el crecido número de afrodescendientes involucrados en las protestas del 11 de julio, ¿fue esta medida una respuesta de apertura frente a las protestas? ¿Hay otra explicación que identifique por qué se demoró la implantación de la medida y por qué ocurrió cuando ocurrió?

En la discusión del Código Penal en la Asamblea Nacional de mayo de 2022, la diputada Mariela Castro Espín propuso la inserción del “feminicidio” como un crimen punible. La diputada María Armenia Yi Reina expuso su oposición a las múltiples instancias en que el Código Penal autorizaba la aplicación de la pena de muerte. Ninguno de estos dos criterios prevaleció, pero la prensa oficial divulgó estas expresiones de oposición. ¿Auspicia la Asamblea Nacional la expresión de disonancias, aunque sean minoritarias? ¿Permitirá un mayor pluralismo en su seno sobre asuntos sociales, políticos, y económicos?

El proceso que culminó en el referendo para la aprobación del Código de las Familias implica otra forma de apertura política. El Código trata de múltiples temas, pero el debate duro se fijó en su autorización del matrimonio entre personas de un mismo sexo y las políticas derivadas de ese nuevo hecho. En un país que en los años 60 envió a muchos homosexuales, entre otros, a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) y que en 1980 expulsó a muchos de ellos por el puerto de Mariel, este ha sido un cambio radical de apertura social y política.

Fue el Código de las Familias, además, la primera ley sometida a referendo, lo que sugiere una forma de actuar distinta para un futuro posible.

Igualmente notable fue la decisión de anunciar, ya desde abril de 2022, que la oposición al Código era muy alta --un 62%, según el Consejo Nacional Electoral, oposición reflejada también en el mismo referendo tomando en cuenta que tanto el voto “no” como la abstención son formas de expresar tal oposición. ¿Está el PCC dispuesto a reconocer y aceptar que grandes minorías políticas están en desacuerdo con sus decisiones de mayor envergadura? ¿Se permitirán otras voces sobre otros temas pertinentes para el devenir social, económico y político de la nación?

Conclusión

Cuando no se le achaca todos los males de la nación al imperialismo, el presidente Miguel Díaz-Canel expresa con sensatez muchos de los problemas que enfrenta la nación. En abril de 2022 reconoció públicamente los retos del suministro de agua, la inflación, las colas que calificó de “interminables”, los problemas del transporte; la inestabilidad del sistema eléctrico, que colapsó nacionalmente durante el ciclón Ian, y demás problemas que encuentra en un pueblo exhausto de problemas y cansado de explicaciones que explican poco.

Hay que celebrar esta nueva disposición de comunicar con más transparencia. Reconozca el gobierno y el PCC, sin embargo, que ese buen paso es solamente un primer paso.

Jorge I. Domínguez. Autor de muchos libros y artículos sobre Cuba. Fue profesor de la Universidad de Harvard. Su página web, de libre acceso, es https://jorgeidominguez.com donde aparecen publicaciones en español y en inglés.