Los desafíos del sector privado en el modelo económico cubano. Segunda parte

La empresa privada en el modelo cubano

La expansión del sector privado en Cuba enfrenta no pocos desafíos. Aunque se emplea un término genérico, la propiedad privada sobre los medios de producción en Cuba tiene características específicas que no permiten equipararla completamente a otras economías. El ejercicio de los derechos de propiedad típicos (derecho al ingreso residual, derechos de trasmisión, y derechos de administración) aparece severamente restringido.^[1]

En sentido general, el sector privado incluiría a las cooperativas agrícolas y campesinos, los cuentapropistas, los dueños y empleados de empresas privadas (MPYMES), artistas, y a un considerable sector que incluye industrias creativas y culturales. Su actividad transcurre, en muchos casos, en un limbo legal y regulatorio. 

Todos operan en un sistema económico en el que solo se les reconoce un papel secundario y que carece de instituciones formales mínimas para acompañar adecuadamente su desarrollo (Torres, López, & Orta, 2021). La aparente superioridad de la propiedad estatal-burocrática sobre los medios de producción no ha sido demostrada en ninguno de los países en los que fue dominante durante décadas. Cuba no ha sido la excepción.

El marco regulatorio no solo es rudimentario, sino que las reglas pueden cambiar arbitrariamente a partir de la casi total discrecionalidad con la que se articula la política económica y la actividad gubernamental en general. En el caso de los cuentapropistas y MPYMES, persisten enormes restricciones para la compraventa de inmuebles, tierra (ni siquiera arrendada), y el acceso a bienes de capital es muy limitado^[2]. Con todo ello, ya no se puede decir que es un segmento residual o relativamente pequeño dentro de la actividad productiva general.

En términos de empleo, la estructura de los ocupados formales se aprecia en el gráfico siguiente.  

Figura 1. Cuba: estructura del empleo (ocupados formales) según forma de propiedad en 2022

_{Fuente: Elaboración propia sobre la base de (Oficina Nacional de Estadísticas e Información [ONEI], varios años) y (Odriozola, 2023). Las cifras no son exactas debido a que combinan fuentes diversas en años distintos.}

Estas cifras permiten discutir algunas ideas interesantes^[3]. Visto de manera conjunta, el sector no estatal (privado y cooperativo) ofrece empleo al 35,8% del total de ocupados formales. Esta proporción ya supera a las empresas estatales o se halla muy próxima^[4]. En términos de empleo, la empresa estatal ya no es la forma dominante en la actividad productiva o lo dejará de ser a muy corto plazo.

Aunque sigue siendo dominante en otros indicadores como valor agregado o exportaciones. No obstante, el número de empleados y otros indicadores pueden ofrecer una imagen sobredimensionada de la empresa estatal. De acuerdo con datos oficiales, el 80% de las utilidades se generan en 56 empresas (de un total de 2 417 aproximadamente), solamente el 16% realiza alguna exportación y 12 empresas concentran el 80% de las exportaciones.

El número de empresas con pérdidas puede ser ilustrativo (en 2021 fueron 500, en 2023 eran 278), pero también engañoso debido a la prevalencia de restricciones financieras blandas (González & Torres, 2024). En la práctica, una parte desproporcionada de la actividad empresarial estatal está concentrada en un número muy reducido de entidades. Por otro lado, se ha documentado ampliamente la existencia de subempleo (las llamadas plantillas infladas) en el sector público, estimándose en casi un 30% del total de ocupados (Mesa-Lago, 2023).

Asimismo, la dimensión del sector privado no se reduce al ámbito formal. Es bien conocido que hay una notable actividad informal alrededor de este sector, por razones de diverso tipo que incluyen a las regulaciones vigentes. Asimismo, la actividad informal propiamente dicha, más allá de la vinculada a este sector, ha sido y continúa siendo sustancial en el caso cubano. Una parte se dedica a la comercialización de productos escasos, que no solo se sustraen de empresas estatales, sino que se adquieren a través de la importación individual. En un entorno diferente, la mayor parte de esta actividad transitaría hacia la formalización. Para ofrecer una idea de las dimensiones del sector informal total, desde 2011 la tasa de actividad económica se ha reducido de forma sustancial, desde un 76% hasta un 65% en 2022 (Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), varios años).  

Asimismo, el papel del sector privado es crítico en ramas específicas. Luego de casi treinta años de dominio de la empresa estatal en la agricultura, la búsqueda de un mayor nivel de autosuficiencia en la producción de alimentos en medio de la profunda crisis económica de principios de los 90 se apoyó decididamente en la expansión de las cooperativas y los campesinos. Cuando el gobierno de Raúl Castro se quejó de los altos niveles de importación de alimentos, la hoja de ruta incluía prominentemente la entrega de tierras en usufructo a productores y cooperativas y la venta de los excedentes en el mercado abierto. Cuando fue necesario crear empleos y garantizar la provisión de bienes y servicios que habitualmente se consideran de escaso valor estratégico --restaurantes, cafeterías y servicios al hogar y al individuo--, la alternativa fue, y lo sigue siendo, el sector privado. Fue ese el caso en 1993, y también en 2010.

La actividad productiva privada viene acompañada de una expansión del mercado como mecanismo de asignación, en contraposición a la coordinación burocrática. La empresa privada estructura su funcionamiento en la toma de decisiones de manera autónoma y descentralizada, sobre la base de la interpretación de las “señales” que llegan del entorno económico, las que mayormente se transmiten a través del sistema de precios.

Los precios rígidos de la planificación central no son funcionales para estas unidades. Al mismo tiempo, la empresa privada, cuyo objetivo primordial es la obtención de beneficios positivos, reclama la capacidad de determinar autónomamente la cantidad de empleados, sus salarios, y los precios a los que vende su producción a niveles compatibles con aquel objetivo primario.

Las autoridades cubanas asisten a esta realidad con una mezcla de perplejidad y desorientación. Históricamente se han movido entre la aceptación a regañadientes y la hostilidad abierta, lo cual ha impedido formular e implementar consistentemente las políticas que serían más coherentes con el desarrollo socioeconómico del país.

Reflexiones finales

A pesar de navegar en un ambiente regulatorio, ideológico y político adverso, el papel del sector privado no ha dejado de crecer durante las últimas décadas. La discrecionalidad que caracteriza al paradigma de toma de decisiones y el diseño de políticas públicas en Cuba supone un nivel de movilización de recursos privados muy por debajo del verdadero potencial. La inversión de capital a largo plazo supone un nivel de previsibilidad y una tasa de retorno a los que no es posible acceder en las condiciones que plantea el modelo actual.

Con el propósito de contribuir a un crecimiento orgánico de un sector privado basado en reglas transparentes, se proponen las siguientes medidas que no suponen movilización de recursos estatales:

• Eliminar los trámites burocrático-administrativos para la aprobación de las empresas privadas. Su registro debe tener lugar de oficio, una vez que se hayan cumplido los requisitos legales para su establecimiento. Este principio puede adoptarse solo para la constitución de la entidad, sino para todos los permisos accesorios que se requieren, los que varían en número y complejidad según el tipo de actividad.

• Considerar mayor flexibilidad tanto en la aprobación como en las modificaciones al objeto social. Evitar episodios al estilo “…ahora eso no es prioridad para el gobierno”. Las pequeñas empresas se reinventan varias veces a medida que van creciendo y encontrando errores estratégicos en sus planes de negocios, cambiando su objetivo social frecuentemente para adaptarse al entorno.

• Reducir al mínimo las actividades “prohibidas”, con especial atención a servicios profesionales y financieros.

• Implementar un marco legal transparente y racional para permitir la inversión extranjera en empresas privadas.

• Descartar el requerimiento de intermediación por parte de empresas estatales para las operaciones de comercio exterior. La empresa privada debe determinar si quiere contratar los servicios de las entidades estatales a partir de las condiciones de la oferta. Igualmente, se podría permitir la constitución de MPYMES privadas especializadas en actividades conexas al comercio exterior.

• Adecuar el marco impositivo sobre la base de los principios de tributación generalmente aceptados con la consiguiente adaptación a las circunstancias específicas de la Isla. Los impuestos no solo sirven para financiar al Estado, sino que deben ser una herramienta para las políticas públicas.

La lista precedente no es exhaustiva, y puede considerarse sin prejuicio de otras reformas estructurales que necesita desesperadamente la economía. Un ejemplo claro es la conformación de un mercado formal para el cambio de divisas que refleje los equilibrios en el segmento de MPYMES y los ciudadanos. Las propias características del marco regulatorio las que explican la preferencia por actividades de comercialización de mercancía importada (aunque estas empresas no son mayoritarias dentro de las MPYMES, pero sí muy visibles de cara al ciudadano). Más allá de la resistencia oficial, es entendible el recelo de muchos ciudadanos que hasta el momento no se benefician directamente de estos desarrollos. Sin embargo, es improbable que la crisis económica pueda superarse imponiendo restricciones innecesarias al sector.

Las propuestas anteriores constituyen una demostración de que, al margen del adverso entorno externo -incluyendo las sanciones de Estados Unidos-, existen grados de libertad para dinamizar la actividad productiva doméstica.

Referencias

Díaz, I. (2023). Micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba. Presentación a la Red de Investigadores Cubanos (CLALS, American University), La Habana.

González, R., & Torres, R. (2024). Removiendo Restricciones Presupuestarias Blandas en Cuba: Hacia una Reforma Productiva Real. Washington DC: Red de Investigadores Cubanos (Center for Latin American and Latino Studies, American University).

Kornai, J. (1992). The Socialist System. The Political Economy of Communism. Oxford: Oxford University Press.

Kornai, J. (2008). From Socialism to Capitalism. Eight Essays. Budapest: Central European University Press.

Mesa-Lago, C. (9 de enero de 2023). El impacto social de la crisi económica en Cuba. El Toque. Obtenido de https://eltoque.com/el-impacto-social-de-la-crisis-economica-en-cuba

Mizsei, K. (1992). Privatization in Eastern Europe: A Comparative Study of Poland and Hungary. Soviet Studies, 44(2).

Odriozola, J. (21 de junio de 2023). Miradas a la empresa estatal: Lo que tenemos y lo que queremos. Cubadebate. Obtenido de http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/06/21/miradas-a-la-empresa-estatal-lo-que-tenemos-y-lo-que-queremos-video/

Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). (varios años). Anuario Estadístico de Cuba. La Habana: ONEI.

Pérez-López, J. F. (1995). Cuba's Second Economy. From Behind the Scenes to Center Stage. New Brunswick: Transaction Publishers.

Torres, R., & Fernández, O. (2020). El sector privado en el nuevo modelo económico cubano. Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 8(3).

Torres, R., Cruz, K., & Carmona, M. (2022). Fuentes de oferta y demanda del mercado informal de divisas en Cuba. Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 10(1).

Torres, R., López, D., & Orta, A. (2021). Cuentapropismo y su marco regulatorio: una mirada desde el ecosistema emprendedor en Cuba. COFIN HABANA(15 (especial)).

[1] En todos los países existen restricciones al ejercicio de esos derechos, por razones de utilidad pública y porque en no pocas ocasiones su disfrute puede interferir con la capacidad de otros para ejercer los propios.

[2] En ese asunto hay problemas de diverso tipo, entre ellos el mercado cambiario. Los créditos en divisas que ofrecen los bancos son hasta un año, lo que impide su uso para la compra de maquinaria. Más recientemente se autorizó la compra de medios de transporte (autos, camiones).

[3] Según datos de 2023, las MPYMES estarían empleando a un poco más de 200 000 personas (Díaz, 2023), aunque este dato se compila a partir de la declaración de los socios en el momento de la constitución de las empresas. La realidad puede ser muy diferente. El “cuentapropismo clásico” continúa siendo una fuente de empleo muy relevante. De acuerdo con la legislación vigente, las MPYMES tienen que enviar trimestralmente información actualizada contentiva de datos sobre cantidad de trabajadores, ventas, entre otras. Aunque seguramente la cobertura no es total, la oficina de estadística debe publicar esta información para facilitar análisis más rigurosos. 

[4] Otro argumento podría ser cómo categorizar adecuadamente a las denominadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Atendiendo a la realidad jurídica son cooperativas, aunque desde el punto de vista del ejercicio de los derechos de propiedad, se acercan más a las entidades estatales. 

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