Cuadrando el círculo: la empresa privada en Cuba

Como consecuencia de la Ofensiva Revolucionaria (1968), en Cuba el trabajo por cuenta propia y los negocios privados fueron puntos apenas existentes en medio de un mar de estatizaciones. Décadas más tarde, a partir del proceso de crisis y cambio que sobrevino al cabo de la disolución del socialismo en Europa del Este y la Unión Soviética, han ido emergiendo en la realidad nacional con normativas y resoluciones oficiales que los modulan y controlan.

¿Cómo ver el papel de la empresa privada en la economía? ¿Resultan efectivas o no las disposiciones legales adoptadas por el Estado cubano al respecto? ¿Cuáles son sus límites, si los hay? ¿Cuál sería el rol del capital externo en esos nuevos emprendimientos, en especial de los cubanos residentes fuera del país?

Horizonte Cubano ha convocado a economistas, estudiosos y emprendedores cubanos, tanto de dentro como fuera de la isla, a responder estas interrogantes, cruciales para la economía nacional y para la Cuba del futuro.

1. ¿Cómo ve usted, en perspectiva, el papel de la empresa privada en la economía cubana?

Carmelo Mesa-Lago: Esencial, como demostraron China y Vietnam con su cambio del modelo de planificación central al socialismo de mercado. En 2020, el sector no estatal (en su gran mayoría privado) era 97% del total en Vietnam y 90% en China, pero 22% en Cuba, mientras que sus contribuciones al PIB eran respectivamente 63%, 60% y 9%.

Esto en gran medida explica por qué en 2009-2020 el crecimiento del PIB anual promedio en China fue siete veces el de Cuba, mientras que el de Vietnam fue de seis veces. Además, el índice de producción industrial en 1989-2020 en China creció 153 puntos y en Vietnam 57 puntos mientras que en Cuba decreció 46 puntos.

Vietnam y China son autosuficientes en alimentos (y el primero es un exportador neto) pero Cuba tiene que importar 65% de los alimentos al costo de US$2.000 millones anuales, alimentos que podría producir en el país.

Omar Everleny: La empresa privada en Cuba deberá jugar un papel más importante en el futuro mediato. Hoy no lo hace. Y ahí es donde están las mayores reservas de producción y de recursos humanos, teniendo en cuenta que durante varias decenas de años no se permitía la presencia de este actor en la economía nacional. Sin embargo, a pesar de la retórica oficial de ver la economía como un todo, todavía se plantea en el discurso oficial como el sector estatal y no estatal de la economía.

Los documentos programáticos del Partido y del Gobierno cubanos plantean a la empresa estatal socialista como el ente fundamental de la economía, sin discernir que tipo de actividades serán las estratégicas y cuáles no. No creo que el Estado tenga que administrar un restaurante o una cafetería o una fábrica de zapatos o de textiles, para solo poner un ejemplo.

No hay una cifra como meta a alcanzar por Cuba, pero en las economías socialistas asiáticas, el sector privado es más del 60% de la producción nacional. Por lo que aún es largo trecho el que se debe recorrer.

Pavel Vidal: La empresa privada como pequeña y mediana empresa (pyme) se ha autorizado en un momento muy desafiante para la economía. El país vive una crisis más aguda y dilatada que durante el Período Especial. La empresa privada debe sobrevivir y crecer en medio de una inflación de tres dígitos, escasez de insumos, recuperación incompleta del sector turismo, la agricultura y la mayoría de las industrias después de la pandemia, y apagones y falta de combustible. También viene ocurriendo una salida masiva de profesionales y de población en edad laboral hacia otros países, lo cual deteriora la calidad del mercado laboral.

Por otra parte, la política de sanciones de Estados Unidos no ha cambiado sustancialmente bajo la administración Biden, lo cual se ha probado que afecta desproporcionadamente al sector privado y a las familias, mucho más que a las finanzas del gobierno.

En este contexto, la empresa privada tiene un papel importante que jugar en la recuperación económica y la creación de empleos, pero no puede negarse que su potencial de expansión está sumamente limitado hasta tanto no mejoren las condiciones del entorno.

Antonio F. Romero: El papel de la empresa privada en Cuba se incrementará inexorablemente en el futuro, en tanto es condición para superar parte de los problemas estructurales que aquejan al modelo socioeconómico cubano.

Ello no significa que se produzca un proceso continuo y sin contradicciones en esa expansión del sector privado en el país. Este deberá coexistir en igualdad de condiciones con el sector estatal o público (que de acuerdo con la Constitución vigente, será dominante en sectores estratégicos), con el cooperativo y con el de capital extranjero. 

La imprescindible transformación del conjunto de las empresas estatales en Cuba tiene que ir asociada a una complementaria expansión de la propiedad y del empleo que genere el sector privado en el país. 

Mauricio de Miranda: Hace mucho tiempo debieron adoptarse las medidas necesarias para ampliar el papel de la empresa privada en la economía cubana. La empresa estatal ha sido lastrada durante décadas por un sistema de administración centralizada que le ha dejado muy pocos espacios de autonomía en su propia gestión. Sus posibilidades de desarrollo han dependido no de sus recursos propios, ni de su capacidad productiva, sino del mecanismo centralizado de asignación de recursos, altamente discrecional por lo demás.

Así hemos llegado a un punto en el que una gran parte de esas empresas están severamente afectadas por la obsolescencia tecnológica, la falta de materias primas y de bienes de capital, a lo que resulta necesario añadir la insuficiencia de capital. Pero también por un estilo burocrático de gestión que está lejos de responder al concepto de empresa socialista de la que tanto se habla. El mecanismo de funcionamiento de la economía debe abandonar el sistema de administración centralizada y darle paso a un mercado.

Las empresas privadas deben jugar un papel muy importante en ese mercado que, en mi opinión, debe ser regulado por un Estado organizado de forma diferente al actual, es decir, por un Estado democrático que establezca un adecuado clima institucional, caracterizado por la existencia de reglas claras y transparentes y por el imperio de la ley.

En mi opinión, el papel del sector privado no debe limitarse a micros, pequeñas y medianas empresas, sino permitir la posibilidad de que se establezcan empresas sin limitaciones de tamaño que generen empleo, logren encadenamientos productivos internacionales y contribuyan al crecimiento de la economía, y de paso tributen para que el Estado pueda desplegar una política social inclusiva.

Camilo Condis: Las empresas privadas cubanas, a más de un año y medio de su legalización, no han logrado influir en la economía del país con la celeridad y efectividad que muchos vaticinaban. La razón fundamental es que el gobierno cubano insiste en que el grueso de la economía se mantenga en manos de las empresas estatales socialistas, en su mayoría improductivas a pesar de la capacidad cuasi monopólica de la que gozan, los subsidios y los beneficios que reciben.

A la fecha de hoy, las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cubanas no han logrado provocar un aumento de la producción nacional, ni siquiera de aquellos productos que son típicos para estas formas de gestión, como los alimentos (crudos y procesados), los textiles, el calzado…

Bajo las condiciones actuales, las mipymes ven limitada su actuación. Un gran número de ellas se dedican exclusivamente a la importación y comercialización de productos terminados (no de materias primas), lo cual es promovido por las regulaciones vigentes, que no incentivan de ninguna manera la producción nacional.

Según mi experiencia como socio de una empresa privada, las empresas y funcionarios estatales visualizan a las mipymes como “cuentapropistas que han pasado por un cambio de nombre”. No las consideran empresas en toda regla, como a sus homólogas estatales. Mientras esa visión errónea persista, no habrá avances significativos para el sector.

Juan Carlos Albizu-Campos: De la misma forma en que lo fue en los países de Europa del Este durante el período de transición hacia modelos de economía de mercado, las empresas privadas, en general, y las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en particular, constituyeron el factor fundamental de contención de las llamadas “terapias de choque” y la desaparición del modelo del “Estado benefactor” que las acompañó. Con la desaparición de las empresas estatales, fueron aquellas las que garantizaron los niveles de ingreso necesarios para que la población no se viera afectada por una crisis humanitaria de escala impredecible.

Luego, ante el fracaso y desaparición de las empresas estatales, fue a través de la empresa privada que se pudo garantizar un flujo constante de inversión de capital, de implantación de tecnología avanzada, de creación sostenida de puestos de trabajo, así como de incremento de la productividad del trabajo y aprovechamiento de los recursos laborales, con su correspondiente aumento de los salarios e ingresos personales, garantizando con ello un crecimiento sostenido de las actividades económicas y la producción de bienes a disposición de la satisfacción de las necesidades.

Ellas podrían ser las lecciones que hoy son fundamentales que los operadores de política en Cuba asimilen y pueda evitarse una agudización de la crisis económica actual, con el correspondiente agravamiento del deterioro de las condiciones de vida de la población.

Tamarys L. Bahamonde: Hay varios tipos de empresa privada en Cuba: las de capital mixto extranjero y cubano, las de capital exclusivamente extranjero (menos común), las de capital privado doméstico -micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas, Proyectos de Desarrollo Local (PDLs) y cooperativas- y los trabajadores por cuenta propia, que son autoempleados, pero definitivamente forman parte del sector privado nacional.

Cada una de esas entidades funciona bajo normas y dinámicas diferentes que le imprimen sus peculiaridades. Debido a ello, me voy a concentrar en las empresas privadas nacionales, específicamente mipymes y PDLs, las de más reciente restructuración.

A pesar de la aparente diversidad, y del paso de avance que se dio al aprobar la legislación que otorgó personalidad jurídica a las mipymes privadas nacionales, todavía falta mucho para que estas empresas tengan un peso significativo en el PIB del país, en la creación de empleo y en el desarrollo económico-social. Estas limitaciones se deben, fundamentalmente, a las limitaciones de la estructura institucional formal de Cuba y su cultura organizacional de toma de decisiones rígida e hipercentralizada, y al diseño de las reformas cubanas, históricamente inconsistente y fragmentado. En no pocas ocasiones se ha demonizado la propiedad privada en Cuba y se ha creado una atmósfera de hostilidad hacia la empresa privada nacional mientras se prioriza y se otorgan facilidades impositivas a la empresa privada extranjera.

Más allá de los costos sociales que acompañan a los procesos de privatización extremos (vale señalar que ese no es, por ahora, el caso cubano), la empresa privada nacional pudiera jugar un rol más protagónico en el crecimiento y  desarrollo del país. Estas organizaciones, en todos sus tipos, podrían tener un papel más activo y dinamizador dentro de la economía si se les permitiera. Por ahora, se concentran en áreas urbanas, y en algunas provincias --especialmente en el occidente del país--, lo cual limita su capacidad para generar crecimiento económico sustentable que no profundice desigualdades y que contribuya firmemente a los encadenamientos productivos de los territorios y, con ello, del país.

Oscar Fernández: Luego de haberlo postergado injustificadamente durante tantos años, el gobierno cubano ha autorizado que ciudadanos cubanos puedan crear su propia empresa y competir en el mercado doméstico e internacional.

La narrativa oficial, por ser lo políticamente correcto, repite que el sector privado deberá jugar un rol complementario al sector estatal de la economía. Pero no se comprende a ciencia cierta qué significa este postulado, que al parecer se asocia únicamente con el peso relativo entre ambas formas de propiedad. Aun bajo el principio de preservar en manos estatales las actividades de mayor importancia, el sector privado debería desempeñar un papel determinante en la actual coyuntura.

Primero, es quien tiene las mejores opciones para dinamizar la oferta, ya sea de producción nacional o importada, y esto es pieza clave en la estabilización macroeconómica.

Segundo, es un actor que genera empleo neto y actúa de alguna forma como zona de contención que mitiga la estampida migratoria, o al menos la dilata en algunas personas.

Y, por último, tiene la potencialidad de eslabonar la economía, rellenando lagunas y articulando el tejido productivo gracias a su autonomía, incentivos y velocidad de reacción. Algunas empresas estatales están comenzando a buscar alianzas con el emergente sector privado a fin de encontrar soluciones a sus cuellos de botella.

2. ¿Resultan efectivas o no las disposiciones legales adoptadas por el Estado cubano al respecto? ¿Cuáles son sus límites, si los hay?

Carmelo Mesa-Lago: Son insuficientes. Por ejemplo, en la agricultura Cuba mantiene el acopio, mientras que en los dos países asiáticos los productores agrícolas pueden decidir libremente que sembrar a quien vender y fijar el precio por la oferta y la demanda; además los productores agrícolas en China y Vietnam poseen la tierra o tienen contratos por tiempo indefinido o por cincuenta años, pero en Cuba solo por veinte años.

Lo anterior ha resultado en un altísimo crecimiento de la producción agrícola en China y Vietnam, mientras que en Cuba ha decaído por la falta de incentivos. A pesar de las medidas para expandir las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cubanas, estas han crecido muy poco mientras que en China y Vietnam se han expandido de forma notable y tienen garantías que faltan en Cuba.

Los dos países asiáticos generan un notable excedente en la balanza comercial de mercancías, pero Cuba ha sufrido un déficit bajo la revolución, excepto en un año. Por último, la expansión del sector privado bajo el modelo de socialismo de mercado permitió a China y Vietnam absorber el excedente de mano de obra en el sector estatal, pero en Cuba es de casi un tercio de la fuerza de trabajo, por lo que la productividad laboral es muy baja y los salarios no alcanzan para satisfacer la canasta básica de alimentos.

Omar Everleny: Lo que sucede con las disposiciones legales existentes es que se relacionan con los lineamientos del Partido y la Constitución, que limitan el desarrollo y el llamado enriquecimiento de los privados. Se plantea “que no se permitirá la concentración de los ingresos y la propiedad”.

A pesar de que hay un conjunto de normativas que han representado un avance con respecto a periodos anteriores, algunas son restrictivas. Por ejemplo, hay oficios que no se autorizan sin una justificación: arquitectos, ingenieros civiles y guías de turismo, entre otros.

Aun no está bien engrasado el mecanismo para la importación de materias primas. Siempre se produce través de una empresa estatal, hay todavía un burocratismo excesivo para la ejecutoria de las pequeñas y medianas empresas.

Para ser realistas, la posibilidad de desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ha permitido tener una mayor oferta de bienes o servicios respecto a períodos anteriores, pero por el poco apoyo estatal para acceder a divisas extranjeras han tenido que acudir al mercado informal a adquirirlas, y esa alta tasa de cambio después la incorpora a los precios minoristas. Eso ha conllevado, entre otros factores, a la alta inflación.

Algunos tienen posiciones críticas hacia el giro que han dado algunas mipymes en sus labores de comercialización más que de producción, y es cierto. Pero la mayor presencia de productos importados --para solo poner un ejemplo, las cervezas--, ha permitido que sus precios bajen. El reto es que esas empresas entiendan que un producto hecho en el país deberá, en teoría, ser más barato que el importado si las autoridades le crean un entorno legal que las favorezca y desatan los nudos que la frenan.

Otra alternativa es que el Estado debería incentivar y favorecer legalmente la presencia de franquicias extranjeras en el país.

Insisto: si el problema cubano es de oferta, una de las reservas productivas en el que pudiera incrementar la misma es las empresas privadas. Hay que mejorar aún más el entorno institucional en que se desarrollan.

Pavel Vidal: Las disposiciones actuales se diseñaron para que las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se queden como mipymes y no ocurra una concentración del capital, dado que el modelo y la ideología imperante prefiere sostener el monopolio de la empresa estatal en la mayoría de las industrias. En el marco regulatorio actual, las mipymes se conciben como complementos del sector productivo estatal y como generadoras de empleo, mayoritariamente. Esta lógica debe cambiar para permitir que las empresas privadas más competitivas e innovadoras puedan crecer y de esta forma aportar de una forma sustancial a la productividad, a las exportaciones y al crecimiento económico.

Las consecuencias sobre la distribución del ingreso que vendría asociado al crecimiento del sector privado deben manejarse con un diseño inteligente, creativo y progresivo del sistema impositivo. El sistema impositivo debe pasar de ser un desincentivo y penalidad al crecimiento de las mipymes, y rediseñarse de una manera efectivamente progresiva buscando un mejor balance entre recaudación fiscal e incentivo a la inversión. El marco regulatorio debe transformarse para transitar de un diseño que busca mantener la empresa privada pequeña a un marco que promueva la competencia empresarial y la innovación.

Antonio F. Romero: Las disposiciones legales adoptadas en fecha bastante reciente (septiembre de 2021) constituyeron, sin lugar a dudas, un momento muy significativo. Por primera vez en más de cincuenta años otorgaron reconocimiento jurídico a entidades empresariales privadas en Cuba. Esto constituye un cambio trascendente que coadyuva a modificar la estructura de propiedad en la nación.

Pudieran identificarse algunas limitaciones a estas normas. Por ejemplo, lo relativo al máximo nivel de empleo permitido para las medianas empresas (100 trabajadores) que, indudablemente, comprometería en el futuro la escala “productiva” de varias de dichas entidades.

No obstante, esto pareciera no ser hoy día --en que están constituyéndose y comenzando a madurar la mayoría de las primeras pequeñas y medianas empresas privadas recién constituidas formalmente en el país-- un problema prioritario para el sector en la actualidad.

Más que limitaciones en las normas, considero que el sector de empresas privadas está afectado por la ausencia de “instituciones” imprescindibles para el buen funcionamiento de la actividad económica en el país (mercados de insumos; de maquinarias y equipos; un efectivo mercado cambiario y una institución gubernamental de apoyo al sector, que debe interactuar  en función de los intereses y preocupaciones del sector privado con el resto de los organismos de la administración estatal) y también por la falta de ciertas normas “complementarias”, como pudiera ser la que regule los principios y formas de asociación de las mipymes privadas con el capital extranjero.

Mauricio de Miranda: En mi opinión no son efectivas las disposiciones legales adoptadas por el Estado para la creación de un sector privado en la economía. Por una parte, está la cuestión de las limitaciones impuestas al tamaño de las empresas, no permitiendo el establecimiento de grandes empresas privadas que podrían realizar una contribución significativa al desarrollo.

Por otra parte, se mantienen un total de 112 prohibiciones, la mayor parte carecen de sentido económico y otras están determinadas por razones políticas.

Adicionalmente, la norma solo permite la formación de “sociedades con responsabilidad limitada” sin concebir, por ejemplo “sociedades por acciones” que permitan una mayor capitalización, al tiempo de que facilitaría la creación de un mercado de capitales.

La norma prohíbe a los empresarios ser socios de más de una mipyme, lo cual no permite a los inversionistas diversificar riesgos, y también prohíbe a los cubanos residentes en el exterior ser socios de estas empresas, con lo cual aquellos que decidan invertir deberían hacerlo a través de familiares o amigos, lo que fomenta la opacidad institucional actual.

Otra limitación es la obligatoriedad de acceder al comercio internacional a través de empresas estatales de comercio exterior, debido a que como confesó públicamente la viceministra primera del ramo, no se iba a renunciar al monopolio del comercio exterior. Es decir, el sector privado en Cuba nació con camisas de fuerza demasiado ajustadas.

Camilo Condis: Las disposiciones legales a la que están sujetas las empresas privadas cubanas son restrictivas y están diseñadas para limitar el alcance y desarrollo del sector privado.

Lo permitido hasta hoy día conlleva excesivas limitaciones, desde los tipos de actividades que pueden desarrollar los profesionales cubanos en las mipymes hasta el caso de la importación y la exportación, las cuales deben hacerse obligatoriamente a través de una empresa estatal, demorando y encareciendo el proceso, por lo que han terminado convirtiéndose en un nuevo tipo de impuesto. Por otro lado, la limitación de multipropiedad impide que un ciudadano cubano sea socio de más de una mipymes y, sumado a esto, no es posible que un nacional extranjero se convierta en socio, prohibiciones que atentan directamente contra la inversión en el sector privado.

Las exenciones impositivas iniciales han sido eliminadas de imprevisto, y los burócratas con los que interactuamos a través de los distintos procesos necesarios para la creación y administración de una mipymes diseñan sus propias reglas y regulaciones, en ocasiones contradiciendo las leyes y normativas nacionales, sin que haya consecuencias para su comportamiento, y sin que los mismos emprendedores sepan, en muchos casos, que esto está ocurriendo, ya que es muy común la falta de claridad en las regulaciones y la inseguridad jurídica.

Las mipymes no tenemos acceso a financiamiento ni a programas de crédito de bancos o instituciones financieras nacionales e internacionales. No tenemos acceso a capacitación especializada para nuestros empleados, ni formamos parte de acuerdos comerciales internacionales que promuevan la exportación y la importación a precios preferenciales.

Excepto algunos ejemplos anecdóticos, no existen políticas públicas de compra de bienes y servicios por parte del Estado que promuevan la producción y la generación de empleo a nivel local, sea a través de subsidios, o no. Tampoco existen canales de diálogo entre el gobierno y las mipymes, ni espacios legales que les permitan organizarse con el objetivo de exigir formalmente sus derechos.

Juan Carlos Albizu-Campos: Ante la posibilidad de dirigir el país hacia un modelo de prosperidad, que también tendría que enfrentar la solución de las desigualdades generadas durante las últimas seis décadas, se ha preferido escoger lo que llaman “continuidad” del vigente modelo de “equidad con miseria” (igualdad en la “pauperidad”, diría Martí), cuyos resultados saltan a la vista. Una depreciación de la moneda de 95.83%, el Producto Interno Bruto per cápita (US$ '000, tipos de cambio de mercado) más bajo del hemisferio occidental, así como el más elevado índice anual de miseria, a nivel global, impulsado por un récord de inflación que alcanzó niveles entre 740% y 1,840%.

Mientras, en una aplicación perversa del modelo de “Salida, Voz y Lealtad” de Hirshman, ganan tiempo “promoviendo” la salida masiva de la población, que estimaciones recientes han cifrado en 3.5% solo en 2021, la principal crisis migratoria de la historia de Cuba.

Al decir de Mesa-Lago, “no es factible salir de la crisis con las políticas actuales”. Y tanto “China como Vietnam demuestran el fracaso del modelo socioeconómico cubano”. Y dice Mauricio de Miranda: “La situación de la economía cubana es tal que requiere una especie de Plan Marshall. El país carece de fuentes internas de acumulación para afrontar el desarrollo económico y ya no tiene un aliado ‘especial’ que le transfiera recursos por consideraciones políticas”, mientras que es el propio actual modelo político-económico el principal freno a la salida de la crisis actual y el desarrollo ulterior del país, pues en él se producen y reproducen los frenos que impiden el avance.

Nada sería posible sin una sólida restructuración jurídica que se convierta en un verdadero soporte de un profundo proceso de liberalización económica. No habrá inversión extranjera si Cuba continúa siendo catalogada como un país de “alto riesgo” para la inversión. Urge un marco legal que sustituya el vigente en materia económica y que esté enfocado, en primer lugar, a la protección de la propiedad y el cumplimiento de las condiciones contractuales en las que se sustenta toda la actividad económica y comercial,  que conecte al país con las prácticas internacionales en ese sentido, y sea garante del cumplimiento de todos los compromisos adquiridos, tanto por el Estado como de la empresa privada, en cualesquiera materia, comenzando por la devolución del dinero recibido en forma de préstamo, tanto a nivel privado, como público o desde instituciones financieras.

Tamarys L. Bahamonde: La efectividad de las políticas públicas se mide por su capacidad de alcanzar los objetivos para los que se propusieron. Desde esa perspectiva, cualquier evaluación de las disposiciones legales tiene que pasar por el análisis de sus objetivos específicos.

Si el objetivo es que estas organizaciones empresariales funcionen como complemento del Estado en la creación de empleos, la legislación lo permite, aunque todavía falta para desplazar al Estado como empleador fundamental de la economía, ni siquiera creo que sea la finalidad.

Si el objetivo es que se integren armónicamente al entramado productivo e institucional empresarial de Cuba, y con ello que contribuyan al crecimiento y desarrollo económicos, la legislación--sobre todo en el caso de los PDLs--, es todavía limitada, imprecisa y oscura en su redacción. Por ejemplo, no queda clara la estructura impositiva para PDLs.

Al formar parte de un proceso de devolución de poder fiscal a los territorios, estos no han sido capaces de establecer sistemas impositivos funcionales y coherentes. La pobre experiencia de muchos trabajadores de gobiernos locales para ello, y el limitado entrenamiento que hay en Cuba en temas impositivos, atentan contra la fluidez necesaria en este tipo de organizaciones. Si se adiciona que la apertura de cuentas en divisas por PDLs debe ser aprobada a nivel ministerial, con todo lo que eso implica en materia de traba burocrática, el panorama se completa.

Pero no es solo un asunto de legislación, sino también un problema de la institucionalidad que rodea el funcionamiento de estas empresas. Por ejemplo, podemos destacar los siguientes obstáculos que enfrentan las empresas privadas en Cuba:

• Bajo desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en el país, y de la infraestructura para el uso de Internet y plataformas online, incluidas plataformas de pago.

• Ausencia de mercados mayoristas suficientes para que estas empresas operen.

• Un sistema bancario ineficiente y atrasado en una economía que funciona con un régimen cambiario que no es uniforme, y con varias monedas en circulación.

• Sistema impositivo de pobre diseño con características regresivas y extremadamente arcaico en sus operaciones, que incluye largas colas, y limitada introducción de tecnologías disponibles para facilitar los procesos.

• Comercio exterior controlado por empresas estatales en su mayoría que funcionan, básicamente, como intermediarias del proceso de importación-exportación, lo cual encarece las producciones de bienes y servicios de empresas privadas.

Más allá de la legalidad establecida para el funcionamiento interno de estas empresas, me preocupa el incumplimiento reiterado de la legislación laboral existente.

La precariedad laboral en Cuba, reflejada en el sector estatal en las malas condiciones laborales y en los bajos salarios, se extiende entonces al sector privado, donde la precariedad salarial del sector público se explota en detrimento de los trabajadores y beneficio de los empleadores. Se han expandido las jornadas de más de 40 horas semanales, los despidos injustificados, y la desprotección legal ante violaciones de derechos laborales establecidos por la ley. Este desbalance afecta a mujeres desproporcionalmente por el peso que cargan en tareas de cuidado y trabajo doméstico.

De hecho, la ley laboral cubana debe actualizarse para contemplar el nuevo contexto institucional en el que propiedad privada y estatal coexisten en la economía. Resumiendo, no es solo un tema de diseño de la legislación, sino también de implementación y de las condiciones concretas para hacer cumplir lo legislado.

Oscar Fernández: Hay límites, sin dudas, a la actuación del sector privado en Cuba. Algunos se ajustan a la lógica de las aspiraciones sistémicas - al menos a lo que se dice que se aspira--, pero otros son barreras absurdas.

Por ejemplo, la ley del presupuesto aprobada para 2023 eliminó las exenciones de impuestos para los nuevos emprendimientos que surjan, que ahora deben tributar desde el mismo instante de su formalización, aun cuando el negocio puede que no esté operativo.

El marco regulatorio no permite por el momento a una empresa privada acceder a una propiedad inmueble o a realizar construcciones en suelo estatal. Tácitamente no está regulada la posibilidad de apertura de cuentas en el exterior ni de operar sucursales. Algunas profesiones imprescindibles como arquitectos, guías de turismo, abogados, permanecen absurdamente en el listado de las actividades prohibidas.

Establecer como límite una cantidad de 100 trabajadores puede resultar bajo para la supervivencia de empresas en algunos sectores. Pero la restricción más trascendental es la inexistencia de un mercado cambiario que permita a estas empresas importar sus insumos y maquinarias y cerrar el ciclo con la venta en pesos cubanos.

Sin embargo, hay elementos que se diseñaron correctamente, que constituyeron un punto de ruptura conceptual respecto prácticas anteriores, al punto que aun enfrentan resistencia de ciertos sectores con poder dentro de la misma nomenclatura. Es el caso de la autorización a desarrollar todo lo que no se encuentren en la lista de actividades prohibidas, así como la reducción al mínimo de la discrecionalidad administrativa en la norma que regula la creación de estas mipymes.

3. ¿Cuál sería el rol del capital externo en esos nuevos emprendimientos, en especial de los cubanos residentes fuera del país?

Carmelo Mesa-Lago: Fundamental. Cuba necesita inversión externa directa (IED) en todos los sectores de la economía, pero fija prioridades, excluye ciertos sectores y no permite a las empresas extranjeras contratar directamente a sus empleados y fijarles el salario, a la par que no ha autorizado con garantías la IED de la diáspora.

Lo opuesto a lo que han hecho China y Vietnam. La enorme inversión externa en estos dos países ha contribuido al desarrollo económico y la mejora del bienestar social, mientras que Cuba ha sufrido crisis económico-sociales como la actual. 

Omar Everleny: Precisamente una de las mayores dificultades por la que atraviesan los emprendimientos privados en Cuba es no contar con instituciones nacionales que les garanticen un préstamo para hacer compras en el exterior, teniendo en cuenta las dificultades internas por la que atraviesa la economía cubana.

Ese espacio debiera y sería muy útil poder cubrirse con capital externo, sobre todo de la diáspora cubana, que cuenta con recursos financieros y habilidades gerenciales. Pero para eso debe cambiarse la aun retrograda posición del Estado y Gobierno cubanos sobre esa parte de la población que vive en otras latitudes, y que no es homogénea.

En fin, la situación tensa y compleja por la que atraviesa la economía cubana debe hacer reflexionar a los hacedores de política. Es hora de pensar que la economía no puede estar al margen de las decisiones ideológicas y políticas, y esto no significa ceder soberanía ni poder. Los vietnamitas nos han enseñado un camino y que no se ha afectado la senda que emprendieron hacia el socialismo.

Pavel Vidal: Es crucial el capital externo, dadas las limitaciones de ahorro nacional y los problemas que atraviesa el sistema bancario cubano. Los emigrados cubanos, además de capital financiero, aportarían conocimientos de mejores prácticas en economías de mercado más desarrolladas, contactos y acceso a otros mercados.

Antonio F. Romero: Todo indica que sería muy importante, y de hecho hay varios indicios que dan cuenta de que los cubanos residentes en el exterior han sido, en muchos casos, la fuente principal de financiamiento en varios de los nuevos emprendimientos que hoy existen en el país.

Tanto por las condiciones particulares de la economía y sociedad cubana en la actualidad como por las experiencias internacionales al respecto, es de esperar que los cubanos residentes fuera del país jugarán --más de lo que hoy lo hacen-- un papel perceptible en el desarrollo del sector empresarial privado en Cuba.

Mauricio de Miranda: Lo considero fundamental porque la tasa de ahorro bruto nacional es insuficiente para asegurar las necesidades de inversión en la economía. Cuba es un país que necesita importar ahorro externo en forma de inversiones. Esto no es solo un problema de recursos financieros, es también un problema de acceso a tecnologías modernas y al know how. Por ello, sería importante que los emprendimientos pudieran integrarse a cadenas internacionales de valor.

Sin embargo, para esto es imprescindible que se produzcan cambios institucionales fundamentales, y ello abarca no solo el sistema político y de toma de decisiones, sino también el sistema jurídico. Antes mencionaba cuestiones relacionadas con reglas claras y transparentes y el imperio de la ley. Y para ello el sistema jurídico debe ser independiente y funcionar de acuerdo a la ley y no de acuerdo con los intereses políticos del gobierno. La justicia y su impartición deben estar al margen de la política porque si está sometida a ella no valen las garantías establecidas en la ley, entre otras cosas porque la ley misma se vuelve “papel mojado”. En el caso particular de los cubanos residentes en el exterior se requiere, además, el reconocimiento pleno de sus derechos políticos que no estén determinados por su residencia, sino por su condición de ciudadanos.

Además, se requiere un sistema financiero que funcione adecuadamente y sea capaz de asegurar la liquidez sin que ello signifique emisión irresponsable de dinero; de un sistema cambiario flexible con un mercado de divisas transparente, así como de un mejoramiento sustancial de la infraestructura de vías, transportes y comunicaciones con tarifas que puedan resultar competitivas a nivel internacional, por lo que en este último punto especialmente, se impone el abandono de los monopolios estatales. Esto solo sería para empezar.

Camilo Condis: El acceso a capital externo es un asunto urgente para el sector privado cubano. Una de las principales dificultades que enfrentamos las empresas privadas es la falta de acceso a financiamiento y créditos. Dado que, aparentemente, las instituciones financieras cubanas no están en condiciones de ofrecernos estos servicios, el gobierno cubano debería permitir la inversión extranjera directa en las mipymes, tanto por empresas como por personas, así como la expansión de las asociaciones económicas internacionales y cualquier otra forma de gestión transnacional, priorizando siempre las inversiones de los ciudadanos cubanos que residen fuera de la isla.

Al mismo tiempo, cuando hablamos de capital externo no podemos limitarnos solamente al capital financiero. El capital humano, el capital intelectual y el capital social que pueden aportarnos empresas e individuos fuera de Cuba son necesarios en la misma medida para el desarrollo del sector privado. Las barreras sociales y culturales desaparecen cuando los inversionistas externos son de origen cubano.

La experiencia adquirida fuera de Cuba por aquellos cubanos emigrados que conocen de manera directa y profunda ambas realidades —la de Cuba con sus limitaciones excesivas, y la de los países capitalistas con su know-how en la gestión empresarial— pudieran impulsar al sector privado a adquirir una mayor relevancia y peso en la economía nacional.

Juan Carlos Albizu-Campos: Cuba se encuentra completamente fuera y aislada de las llamadas cadenas globales de creación de valor. Solo a través de una integración sólida a las cadenas globales de valor habrá posibilidades reales de generar desarrollo económico y riqueza nacional. Y con ello no solo se garantizaría acceso a volúmenes importantes de inversión extranjera directa y a las cadenas globales de suministros, sino igualmente a una exportación sostenida de bienes y servicios. Seguir insistiendo en la autarquía en ese sentido no solo es arcaico, sino constituye el primer obstáculo para el acceso a recursos financieros, a la modernización tecnológica y a la diversificación logística que el país demanda.

Por otra parte, habría que preguntarse: ¿es suficiente para el desarrollo de los nuevos emprendimientos la capacidad de inversión de los cubanos fuera del país? Puede ser una contribución importante, sin dudas, para las pequeñas y medianas empresas en el corto plazo, pero podría no ser de significación si lo que se pretende es crear y fortalecer los mecanismos internos de acumulación que el país hoy necesita con urgencia para que esos proyectos sean sostenibles.

Tamarys L. Bahamonde: La pregunta tiene un componente político y un componente económico. Hay un componente político a considerar que tiene varias dimensiones.

En Cuba, los dirigentes han admitido resistencia entre la burocracia nacional a aceptar este tipo de inversiones, lo cual pudiera haber influido en su crecimiento limitado en años anteriores[i]. Sin embargo, habría que considerar hasta qué punto la polarización política de algunas comunidades de cubanos en el exterior impacta su voluntad de invertir en Cuba.

A lo anterior hay que sumarle que los movimientos de avance y retroceso en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, y la inconsistencia de las reformas cubanas para mantener el sector privado nacional como parte integral de la estrategia económica del país, puede afectar la confianza de inversionistas cubanos.

Por último, la inserción de los cubanos en el exterior a este sector en Cuba ha sido fundamentalmente como suministradores, un rol de impacto aún limitado a gran escala.

Desde la perspectiva económica, sin embargo, el capital extranjero, además de proveer fondos para inversión, tiene la potencialidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones productivas con la introducción de tecnologías y conocimientos actualizados en las diferentes industrias. Esto podría incrementar la eficiencia y la productividad de las empresas privadas cubanas.

Oscar Fernández: La inversión externa cumple un papel fundamental, dadas las escasas opciones de financiamiento que se han puesto desde las instituciones bancarias estatales.

La existencia de una gran comunidad de cubanos en el exterior podría cubrir una buena parte de las necesidades de financiamiento que requiere el sector privado, facilitado por los vínculos familiares y culturales.

Pero si el gobierno no ofrece seguridad jurídica, si no demuestra consistencia y estabilidad en el marco regulatorio, será muy difícil atraer los capitales que se requieren.