Convocando a los cubanos del exterior a invertir en la isla

Recientemente se han anunciado nuevas medidas que facilitarían las inversiones de cubanos con residencia efectiva en el exterior.

Según algunos se trata una decisión tardía, tomada en el mismo momento en que la isla enfrenta extraordinarias dificultades con el suministro de electricidad, combustibles y otros problemas de la hora. 

Probablemente en la coyuntura actual no sean tan elevadas las solicitudes de inversión por parte de esos cubanos residentes en el exterior.

Pero no es eso lo más preocupante. Lo que sigue llamando la atención es la continua aprobación de medidas parciales, sin integralidad, problema que han señalado una y otra vez muchos colegas del ramo. 

Es como si solo analizaran lo que está prohibido, pero sin profundizar en cómo debe funcionar lo nuevo para que los emprendimientos tengan éxito, ayuden al país y atraigan sucesivas inversiones. Las inversiones de aquellos que, al principio, no se hayan decidido a invertir, por las razones que sean, bien por desconocimiento, por ciertos temores o por quedar a la expectativa y ver cómo les va a los primeros que se atrevan a hacerlo, entre otras razones.

Analicemos brevemente dos de las medidas dadas a conocer.

La posibilidad de que los cubanos con residencia efectiva en el exterior puedan ser dueños de MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas)  y de otras formas de gestión no estatal (FGNE) 

Sin duda alguna, se trata de una medida beneficiosa, toda vez que permite ordenar incomodidades actuales y eliminar no pocos riesgos.

Estamos hablando de un cubano residente en la isla que haya creado una FGNE y posteriormente emigrado o establecido su residencia efectiva en el exterior. Estaba obligado a cerrar su empresa, vender sus participaciones, traspasarla a algún familiar o buscarse un testaferro que de manera oficial sería el dueño --esto último, ciertamente, no se permite en la legislación actual. 

También aludo al hecho de que un cubano residente en el exterior desde hace años no podía crear una empresa privada en su propio país, una clara desventaja respecto a los cubanos residentes. Por eso algunos buscaban soluciones alternativas para invertir en Cuba de forma opaca y no siempre legal. 

Lo anterior, sin embargo, ha quedado resuelto. Pero las empresas privadas que se creen, propiedad de cubanos residentes en el exterior, tendrán los mismos problemas que hoy afectan a las FGNE. 

Es de esperar que la mayor cantidad de solicitudes de inversiones de cubanos residentes en el exterior no sean para negocios de poco volumen o para negocios minoristas con compras pagaderas en moneda nacional y ventas en la misma moneda. Tampoco es lo que más necesita Cuba en estos momentos. 

Los emprendimientos de mayor volumen —en la industria, la agricultura, el comercio mayorista y otros, justamente los más necesarios— precisan abastecerse desde el exterior de maquinarias y materias primas para producir. Y, desde luego, un financiamiento externo que hay que amortizar. Para eso se requieren divisas extranjeras. 

Si a continuación en el mercado local deben comercializar mayoritariamente sus productos en moneda nacional —por su alcance global, no valoraremos las ventas electrónicas por internet o con cobros a través de tarjetas de crédito/débito internacionales o hacia las empresas del enclave del Mariel, o a empresas estatales que paguen en moneda nacional y en paralelo cedan liquidez para compras externas—,  esos nuevos empresarios se verían en la necesidad de comprar divisas en el mercado informal y trasladar esas divisas compradas al exterior, también de forma ilegal.

Los nuevos emprendimientos, al igual que los ya existentes, estarían expuestos a acciones como decomisos, cierre de empresas, pérdida de propiedades y hasta al encarcelamiento de sus trabajadores y/o dueños. No debe olvidarse que recientemente se han dado a conocer más de trescientos casos de investigaciones policiales por compraventa ilegal de divisas. Y que hay ciudadanos cubanos, residentes tanto en la isla como en el exterior, encarcelados por esa misma causa.

¿Por qué no acaba de permitirse que las MiPymes comercialicen en divisas sus productos, como lo hacen la Corporación CIMEX S.A. y las Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD)?  Si el país no tiene una efectiva unificación monetaria, ¿qué se espera para resolver esta situación totalmente anómala y desestimulante a la hora de crear empresas de cualquier tipo? ¿Por qué los saldos depositados en cuentas en divisas de las MiPymes no se transfieren al exterior con facilidad?

Pero, sobre todo, ¿por qué se aprueban estas medidas y no se analiza, de forma global e integral, el funcionamiento de las MiPymes de manera que exista coherencia entre lo que ahora se permite y el funcionamiento efectivo de lo que se cree?

¿Por qué no se analizan las circunstancias en que operan las FGNE y se establecen condiciones para que sean exitosas, amplíen sus negocios, cometan la menor cantidad posible de ilegalidades, creen puestos de trabajo mejor remunerados, aporten más producciones, paguen más impuestos y, en fin, constituyan un acicate para nuevos emprendimientos?

¿Acaso no importa que se creen nuevas empresas y que al cabo del tiempo haya que cerrarlas por violar las leyes —porque no tienen otra forma de operar si no es así—, decomisando y apresando personas, y a la vez creándose algarabías y cuestionamientos en el exterior y en la propia comunidad de cubanos residentes fuera de la isla? ¿Es más importante el dinero que de inmediato pueda captarse, siendo necesario aprobar estas nuevas decisiones, que comprender los peligros futuros asociados a estos emprendimientos y eliminar, de hecho, esos mismos peligros?

Es cierto que los cubanos con residencia efectiva en el exterior también pueden invertir bajo la ley de inversión extranjera sin necesidad de irse por la variante de las empresas privadas de responsabilidad limitada o FGNE. O en una empresa mixta o en una empresa cubana con capital 100% del exterior o bajo asociación económica internacional o contrato de producción cooperada. 

Pero ya lo podían hacer antes de estas medidas. Y tienen los mismos problemas que hemos discutido en análisis previos sobre el funcionamiento de la inversión extranjera en Cuba. No por gusto cuesta tanto trabajo atraerla. Pero se trata de un tema que lleva múltiples y más profundos análisis.

Mientras persistan fallas estructurales, las medidas recientes no pasan de ser aperturas parciales: no construyen un marco regulatorio que permita a los cubanos emigrados invertir en condiciones claras y previsibles.

La posibilidad de asociación entre FGNE cubanas y empresas extranjeras pertenecientes a cubanos con residencia efectiva en el exterior

Este es un paso importantísimo en el camino para atraer el capital extranjero al romperse la prohibición que había para que las MiPymes cubanas pudieran crear negocios mixtos con capital foráneo, un reclamo de muchos actores. La parte extranjera debe ser una empresa. No una persona física.

No obstante, aquí también está presente el peligro descrito más arriba sobre el funcionamiento de las empresas en moneda nacional y la necesidad de obtener divisas para garantizar la continuidad del negocio. O los mismos problemas de las empresas mixtas existentes para transferir fondos hacia el exterior a través de la banca cubana, bien para adquirir maquinaria, reabastecerse de materias primas, pagar deudas o distribuir dividendos. 

Pero hay algo que vuelve a llamar la atención debido a su parcialidad y falta de decisión. Antes muchos podían quejarse de que a los extranjeros se les daban prerrogativas que no tenían los cubanos, residentes en Cuba o en el exterior. Ahora se va al otro extremo: ¡las empresas extranjeras que puedan asociarse a FGNE deben pertenecer a cubanos con residencia efectiva en el exterior! 

¿Por qué tienen que meterse en la nacionalidad de los accionistas de esas empresas extranjeras?  ¿Qué importancia puede tener esta nueva forma de discriminación, aunque de signo contrario a la anterior? ¿Para qué cerrarse a la posible captación de más negocios y capital extranjero si la empresa extranjera pertenece a ciudadanos no cubanos? ¿De nuevo hay que forzar a que los ciudadanos extranjeros que deseen asociarse a empresas privadas nacionales tengan que crear una nueva empresa y poner a cubanos como testaferros y dueños de esas empresas? 

Infiero que sea de esa manera para forzar a esos empresarios a invertir en Cuba solo bajo la ley de la inversión extranjera, y con socios estatales fundamentalmente. Pero no es así como se logra. Todo lo contrario.

A quienes guían la economía cubana siempre les ha gustado crear complicaciones innecesarias, inútiles y contraproducentes.

Por el momento, no es necesario valorar las otras medidas anunciadas del sector financiero. Tienen otro alcance.

Se puede concluir entonces que las medidas anunciadas son positivas en el camino de la integración entre todos los cubanos, así como en la captación de inversión del exterior.

Pero por lo aún no legislado pueden llegar a ser medidas de corto alcance, que realmente no aportan resultados bien palpables y efectivos. La vida dirá si estoy equivocado. Ojalá así sea.

Quedaría por invitar a esos mismos decisores a analizar en un plazo de tres a seis meses cuántas solicitudes de inversión han recibido, para qué tipo de negocios y de qué volumen, no contentándose con haber recibido escasas solicitudes, que son positivas, pero no decisivas. O solicitudes mayormente encaminadas al sector del comercio y no al industrial y/o de la agricultura.

También cabria analizar al cabo de un año el éxito o el funcionamiento de las empresas aprobadas y en acción. Porque solo con resultados positivos es posible atraer más inversiones e inversionistas. No hay que tenerle miedo al hecho de que los dueños de esos negocios estén obteniendo ganancias e incrementando su capital. 

Solo así, cuando esos inversionistas incrementen su capital a partir de las ganancias de sus empresas, sería posible obtener producciones ampliadas, crecer en empleos, aumentar las ganancias del Estado y atraer nuevas inversiones extranjeras de cualquier nacionalidad.

Por último, pero no menos importante, sería necesario revisar y clarificar todo el andamiaje legal existente, incluso constitucional, que se contrapone a esos pronunciamientos gubernamentales. 

Sin reglas claras, el capital no se moviliza fácilmente.