Una lección de los recientes acontecimientos en Venezuela

Natalia Delgado

Adoptar un sistema de Estado de Derecho hará que Cuba sea atractiva para los inversionistas, tanto grandes como pequeños, e impulsará su economía.

January 31, 2026

En una reunión a principios de enero de 2026, en la que el presidente Donald Trump pidió a varios representantes de la industria petrolera invertir en Venezuela, Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, afirmó que era un país "no apto para la inversión". 

¿Qué significa esa frase y qué relevancia tiene para Cuba?

¿Cuándo un país es "apto para la inversión" para atraer capital extranjero significativo?

La expresión "apto para la inversión" describe activos como proyectos o empresas que resultan adecuados, disponibles y atractivos para la inversión. 

Los "activos aptos para la inversión" cubren la expectativa del inversionista en el sentido de que el capital invertido probablemente genere la rentabilidad prevista, cumpliendo así con ciertos criterios relacionados con el riesgo, la liquidez y la rentabilidad.

En la reunión en la Casa Blanca, ¿por qué el Sr. Woods declaró que Venezuela no era apta para la inversión? Después de todo, el presidente Trump acababa de informar a los ejecutivos petroleros allí presentes que los Estados Unidos mantenían una relación viable con la presidenta encargada de Venezuela y que las inversiones estadounidenses estarían protegidas.

¿La palabra de un presidente da protección? 

Probablemente no. Como el mundo pudo observar, el presidente Nicolás Maduro fue capturado en la capital venezolana y trasladado a los Estados Unidos, lo cual demuestra la limitación del poder de la palabra de Maduro como garantía. 

De manera similar, la palabra del presidente de los Estados Unidos no da la seguridad necesaria para los inversionistas significativos. Los presidentes cambian con el tiempo. Además, a veces no cumplen su palabra. E incluso con mayor frecuencia no cumplen la de un presidente anterior.

En caso de pérdida total de una inversión, ¿una garantía financiera del gobierno del país inversionista confiere protección? 

El Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (Ex-Im Bank) brinda apoyo crediticio a algunas empresas del país que invierten en el extranjero, pero esto no constituye una garantía total de la inversión. Otros países desarrollados brindan un apoyo similar a sus empresas que invierten en el exterior. 

Sin embargo, estos apoyos gubernamentales no constituyen garantías financieras. 

Para que una garantía financiera se convierta en una obligación absoluta del gobierno de los Estados Unidos, probablemente requeriría la aprobación del Congreso. 

Y si fuera necesario hacer efectiva esa garantía, no hay la seguridad de que cubra todas las pérdidas que el inversionista pueda sufrir, incluida la rentabilidad esperada de la inversión. 

Además, probablemente sería muy impopular entre el público estadounidense que el Congreso destinara fondos públicos para garantizar las inversiones de las grandes compañías petroleras. 

El Estado de Derecho es la garantía que mitiga el riesgo de las inversiones 

Como explicaron los ejecutivos de las compañías petroleras, en Venezuela, por ejemplo, algunas empresas habían sido expropiadas dos veces y no estaban dispuestas a asumir ningún riesgo significativo al invertir en un país que bien podría expropiarlas de nuevo. 

De hecho, ese fue el contexto en el que Darren Woods utilizó el término "no apto para la inversión". Afirmó: "Si analizamos las estructuras y los marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, no es un país apto para la inversión".[1]

Como expresó Luisa Palacios, exdirectora ejecutiva de Citgo Petroleum, una refinería de petróleo estadounidense propiedad de la compañía petrolera estatal venezolana: "No es que las compañías petroleras no operen en lugares de riesgo; es la imposibilidad de evaluar el riesgo en este momento".[2]

El Estado de Derecho da el marco que buscan los inversionistas, bien grandes o pequeños 

Este marco lo componen leyes y normas que generan certeza acerca de cómo actuará el gobierno en cualquier circunstancia, lo cual permite que los inversionistas calculen los riesgos asociados a su inversión. 

Gracias a ello, saben que pueden confiar en reglas claras para operar su inversión e interactuar con los demás actores económicos del país en cuestión.

Los orígenes del Estado de Derecho

Los orígenes del Estado de Derecho se remontan a los antiguos griegos y sus filósofos, como Aristóteles y Platón, quienes creían que las personas debían ser gobernadas por leyes justas y no por gobernantes arbitrarios.

En Inglaterra, el concepto de que el rey (y, por lo tanto, el resto del gobierno) también estaba sujeto a la ley se estableció por primera vez en 1215 con la Carta Magna. Anteriormente, el rey Juan y sus predecesores habían gobernado a su antojo, argumentando que el rey era elegido por Dios, y por consiguiente estaba por encima de la ley. 

En la Carta Magna, el rey y los nobles del reino llegaron a un acuerdo para crear un consejo de nobles y para que las disputas entre ellos se resolvieran ante ese consejo. No era un tribunal de justicia tal como lo entendemos hoy, sino un mecanismo de resolución de conflictos.

Con el tiempo, los principios de la Carta Magna influyeron en el desarrollo de la Declaración de Derechos, incluida en la Constitución de los Estados Unidos, y en las constituciones europeas y las de muchos países democráticos de todo el mundo.

Elementos del Estado de Derecho

Como los entendemos hoy, los aspectos fundamentales del Estado de Derecho exigen que la ley sea:

• Promulgada públicamente. Las normas adoptadas por el poder legislativo son claras para todos. Cualquier persona puede consultarlas fácilmente en un foro público como una biblioteca o Internet.

• Aplicada por igual. La ley la aplican los tribunales sin favoritismos y sin importar la condición de las partes involucradas, incluido el Estado.

•  Juzgada de forma independiente. Los tribunales independientes que aplican la ley no reciben órdenes del poder ejecutivo, ni de las fuerzas armadas, ni del poder legislativo. Llegan a sus propias conclusiones.

• No es un sistema de influencias ni de permisos. Todas las personas, independientemente de sus contactos, reciben el mismo trato ante la justicia. Los permisos, a menos que estén contemplados en leyes o reglamentos debidamente adoptados y conocidos por todos, no brindan seguridad jurídica porque siempre podrían ser revocados o sustituidos por otros.

• Compatible con los principios internacionales de derechos humanos. Entre otros numerosos principios, incluyen el derecho a la protección de la propiedad privada por parte del Estado.

El Estado de Derecho: ¿Por qué debería importarnos, más allá de la tradición?

El desarrollo económico se produce cuando existe una amplia participación en la economía, no cuando el poder y los recursos se concentran en una pequeña élite. 

El Premio Nobel de Economía de 2024 fue otorgado a tres economistas —Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson— por su investigación acerca de cómo las instituciones sociales, como el Estado de Derecho y la protección de los derechos de propiedad, influyen en la prosperidad y el crecimiento económico de una nación.[3]

En su análisis, refutaron teorías previas sobre el desarrollo económico, básicamente: a) que el desarrollo dependía de la ubicación de un país en el hemisferio norte en vez del hemisferio sur; b) que la abundancia de recursos naturales determinaba qué países se desarrollarían; c) que la cultura y la etnia de sus ciudadanos determinaban su desarrollo.

En cambio, analizando el funcionamiento de las naciones a lo largo de la historia, demostraron que las naciones con una amplia participación ciudadana en la formulación de políticas y en la economía fueron las que prosperaron. Y que cuando el poder y la riqueza se concentraban, esas mismas naciones fracasaban.

¿Por qué los tribunales independientes son fundamentales para el desarrollo económico?

De todos sus elementos, la clave para la aplicación del Estado de Derecho es la justa resolución de las disputas. Esto solo ocurre cuando los tribunales son independientes para determinar que las leyes se promulgaron correctamente y se aplican de manera justa y coherente. 

Los tribunales garantizan la aplicación justa de los derechos de propiedad y los contratos para todos, y por consiguiente fomentan una amplia participación en la economía. Los agentes económicos pueden hacer negocios entre sí sin necesidad de tener conexiones familiares o sociales previas, lo cual amplía enormemente el abanico de interacciones económicas mutuamente beneficiosas.

La imagen muestra una estatua clásica de la Justicia. La figura aparece de pie, con los ojos vendados, sosteniendo una espada en una mano y una balanza equilibrada en la otra. La escultura, de apariencia pétrea, simboliza la ley, la equidad y la imparcialidad.

Los tribunales independientes abordan lo que Cooter y Schäfer denominan el "dilema de la doble confianza",[4] dilema presente en cualquier inversión o transacción comercial. Cada parte teme que la otra no cumpla con sus obligaciones. 

El tribunal independiente, que no está supeditado a ninguna de las partes ni a ninguna otra entidad gubernamental, garantiza una resolución justa en caso de disputa, así como la aplicación equitativa de los derechos de propiedad y los contratos. Las partes no precisan "tener contactos" en el tribunal; los menos poderosos no necesitan temer a los más poderosos ante la justicia.

Cuando el inversionista desconfía del Estado debido a un historial de expropiación de derechos de propiedad, la existencia de tribunales independientes y eficaces constituye una promesa vinculante del Estado al inversionista, que le garantiza la certeza de que los derechos de propiedad y los contratos asociados a una inversión se interpretarán de forma justa, sin favorecer al Estado.

Los tribunales independientes reducen el riesgo y generan certidumbre a los agentes económicos del país. Las sentencias se publican y pueden ser consultadas por las partes en litigio para evaluar su posición en una disputa posterior y las probabilidades de éxito en los tribunales. 

Es importante destacar que los tribunales independientes mitigan el riesgo para las partes en las transacciones económicas. Como señala más arriba la Sra. Palacios, lo que los inversionistas necesitan es poder evaluar de manera adecuada el riesgo de una inversión o una transacción comercial sin que existan injerencias indebidas en el sistema judicial.

Cómo los tribunales independientes benefician a los ciudadanos en general

Los tribunales independientes legitiman la acción del gobierno. Si el tribunal ratifica una ley, el público tiene la seguridad de su legitimidad. Si el tribunal declara una ley inconstitucional, el poder legislativo sabe que debe volver a presentarla en una forma que cumpla con la Constitución o simplemente abandonarla.

La sola existencia de tribunales independientes fomenta el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos. Los empleadores tratan a sus empleados de acuerdo con las leyes laborales. Los ciudadanos respetan las normas de tránsito para evitar multas y comparecer ante los tribunales de ese giro. Los inquilinos saben que no pueden ser desalojados arbitrariamente y tienen acceso a los tribunales de arrendamiento. Las disputas de la vida cotidiana pueden resolverse, si es necesario, mediante un tribunal. Ninguna de las partes puede influir ni controlar.

De gran importancia para la amplia participación de los ciudadanos en la economía, los tribunales independientes les permiten operar negocios, innovar y crear nuevas tecnologías que beneficiarán a todos, ya que protegerán los derechos de propiedad de estas creaciones para su desarrollo y el beneficio de la sociedad entera.

Conclusión

Los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela, incluyendo la captura de Nicolás Maduro y las reacciones políticas y diplomáticas que han desencadenado, ilustran crudamente la importancia de contar con un sistema de Estado de Derecho a fin de que una nación sea atractiva para la inversión extranjera. Como hemos visto en la reacción de las grandes empresas del sector energético, la falta de instituciones en Venezuela que den seguridad jurídica a los inversionistas impacta drásticamente la confianza de estos actores, tanto nacionales como extranjeros.

La lección de Venezuela respalda la tesis aquí expuesta. Debería servir de ejemplo para otras economías listas para transición, como la cubana, que buscan atraer capital y desarrollar sus economías.

[2] Trump Urges Oil Companies to Speed Work in Venezuela, The New York Times, 9 de enero de 2026.

[3]Ver Daren Acemoglu y James A. Robinson,  Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty20 de marzo de 2012.

[4]Robert D. Cooter y Hans-Bernd Schäfer, Salomon’s Knot: How Law Can End the Poverty of Nations,16 de enero de 2012.