Instituciones legales en una economía de mercado
En una economía planificada, el Estado tiene poder absoluto sobre todo aspecto del sistema económico y no existen actores independientes dentro de la economía. Para lanzar una sector de mercado, el Estado tiene que desarrollar instituciones legales que permitan y regulen la actividad entre actores privados, y entre estos y el propio Estado.
By Natalia Delgado
Adjunct Senior Research Scholar, Columbia Law School
Introducción
En una economía planificada, el Estado tiene poder absoluto sobre todo aspecto del sistema económico y no existen actores independientes dentro de la economía. Para lanzar una economía de mercado, el Estado tiene que desarrollar instituciones legales que permitan y regulen la actividad entre actores privados, y entre estos y el propio Estado.
Propiedad privada
El derecho de propiedad privada resulta fundamental en un mercado libre. Cuando el Estado lo otorga, en realidad está dando tres: el derecho de uso, el de disfrutar de los ingresos, y el de intercambiar o vender la propiedad al precio que se quiera.
Estos derechos no son absolutos. La gran mayoría de los Estados les imponen limitaciones. Por ejemplo, restricciones sobre el uso de bienes raíces, de modo que el uso de uno no impida el de otras propiedades, adoptando un sistema de zonificación. Otra manera clave en la que el Estado limita el uso de la propiedad consiste en imponer impuestos sobre el uso, los ingresos y la venta de la propiedad privada.
La clave es que de cualquier manera que el Estado designe la propiedad y su uso, tiene que ser percibida por el pueblo como algo que tiene permanencia, y que el Estado no va a cambiar en el futuro previsible o limitar de manera caprichosa. Para que sea efectiva la inversión externa o interna, y el empeño de sus propios ciudadanos, por ley el Estado tiene que crear certidumbre.
La función de la ley
Un sistema de mercado libre necesita un sistema legal que no solo cree claridad, sino que además promueva eficiencia en la manera como se usen los recursos limitados. Las instituciones legales protegen los derechos de propiedad que ha otorgado el Estado y definen las relaciones económicas de los actores mediante un marco regulatorio que responde al desarrollo orgánico de la economía y refleja los valores sociales del país.[1]
Poder regulatorio. En un sistema de planificación central, el Estado es dueño de todo y responsable por todo. Una vez que parte o toda la economía es de mercado, la ley clarifica qué sector es el estatal y cuál el privado. El hecho de que la actividad sea privada, no significa que el Estado la permite sin reglas ni supervisión.
El poder de regular la actividad económica privada se divide entre el Gobierno central y los gobiernos locales, y se define qué ministerio está a cargo de regular y supervisar cada aspecto de la actividad privada. Dentro de los ministerios y otros organismos gubernamentales los procedimientos de supervisión tienen que ser transparentes, de manera que los actores puedan obtener la orientación necesaria del Estado para planificar sus inversiones y operar con la confianza de que están cumpliendo con la ley.
Derecho a participar en actividad económica. Para llegar a un mercado eficiente, la ley tiene que garantizar que individuos o grupos de individuos puedan escoger a qué actividades económicas se dedican y dónde hacerlo. Sin una garantía de libre entrada, el mercado no rinde eficiencia en la economía o se crean monopolios privados que también producen costos innecesarios.[2]
Registros de propiedad. Son necesarios en una economía de mercado tener registros de propiedad para promover innovaciones por parte de sus ciudadanos e inversión externa, incluyendo registros de bienes raíces, patentes y marcas registradas.
Organización de empresas. Una importante característica de la economía de mercado es la posibilidad de formar empresas, incluyendo sociedades anónimas, sociedades con responsabilidad limitada, cooperativas y asociaciones. Cada una es un vehículo de inversión que responde a diferentes necesidades.[3]
Sistema de bancarrota. Tener un sistema de bancarrota permite a todos los actores entender su posición económica en caso de que falle una empresa. La ley de bancarrota permite una disposición ordenada de los bienes de la empresa y que cada interesado en esa empresa sepa cuál será su posición como acreedor, sean el banco, el proveedor de bienes, el Estado (impuestos) o los dueños.
Sistema de contabilidad. En la economía de mercado, la ley requiere el uso de un sistema de contabilidad uniforme para todos los actores, de manera que se sepan claramente los resultados económicos de cada actividad y que el Estado pueda cobrar sus impuestos en todos los aspectos de la actividad económica.
Implementación de contratos. En la economía de mercado, el contrato no se termina unilateralmente, incluso en caso de cambio de circunstancias. Detalla lo que tiene que hacer cada parte para cumplir y los daños que pagaría cada una en caso de incumplimiento. A través de sus Cortes, el Estado hace a las partes cumplir con los contratos, y si una parte no es capaz de cumplir, que le pague daños a la otra.[4]
Impuestos. El Estado no solo crea las reglas, determina los incentivos y supervisa en la economía de mercado, sino también participa en toda actividad económica. Cobra impuestos sobre ganancias, sueldos y ventas, entre otras cosas. La clave es que el sistema de impuestos sea lo más neutral posible para no crear, sin querer, subsidios para ciertas industrias o distorsiones económicas.
Compensación civil. Una vez que el Estado no es responsable de una actividad económica, tampoco responde por los daños que puedan sufrir sus actores. Por eso la ley determina la compensación que pagan los actores privados por daños y perjuicios entre ellos; las Cortes los hacen implementar. Por ejemplo, las empresas son responsables por compensar al Estado por daños al medio ambiente, y a sus empleados por los accidentes que sufran mientras estén trabajando.
[1] El desarrollo de la economía y la sociedad requiere que el Estado constantemente esté considerando nuevas políticas y regulaciones para abordarlo.
[2] En un sistema de mercado de todos modos se necesitan licencias y permisos gubernamentales, incluyendo licencias para profesionales y permisos para otras cosas como formar empresas y participar en actividades concretas.
[3] Generalmente, la sociedad anónima es el vehículo que se utiliza para juntar fondos de ahorro de un grupo de personas sin que los contribuyentes sean responsables por más de lo que invirtieron. La sociedad de responsabilidad limitada es el vehículo principal que emplean los propietarios de pequeños negocios para limitar su responsabilidad. La cooperativa es el vehículo que se usa para personas que son dueños de parte de un mismo bien que usan en conjunto, como un edificio de apartamentos, un banco privado que ofrece servicios solo a sus miembros (generalmente asociados a una universidad o entidad gubernamental), o un bufete colectivo de abogados. La asociación no ofrece limitación de responsabilidad, pero sirve de vehículo cuando dos empresas llevan a cabo una actividad conjunta.
[4] Una ley de contratos limita la necesidad de que las partes tengan que entrar en gran detalle en los contratos, pues la ley provee la gran cantidad de los términos contractuales.