El Estado de Derecho y el ataque de la Casa Blanca a los abogados
El Estado de Derecho y el papel clave del abogado en su defensa se analizan describiendo el conflicto que ocurre actualmente en Estados Unidos entre la Casa Blanca y el colegio de abogados del país.
¿Por qué este artículo debería interesar a los ciudadanos cubanos?
Cuba necesita urgentemente el desarrollo económico, y este solo ocurrirá si existe un Estado de Derecho. Entre otras razones, porque el Estado de Derecho es fundamental para atraer la inversión extranjera y alentar a los ciudadanos a innovar y desarrollar nuevas tecnologías. El Estado de Derecho permite el surgimiento de nuevos negocios para satisfacer las necesidades locales y para que los ciudadanos adapten las empresas de otros países a fin de operar en las condiciones locales, además de posibilitar el desarrollo y el crecimiento de los mercados y el comercio.
En cualquier transacción, sea de inversión o comercial, ambas partes deben confiar en la otra. La posible falta de confianza al tratar con un socio desconocido se ha denominado el "dilema de la doble confianza".[i] Sin embargo, en un Estado de Derecho, un contrato vinculante que sea interpretado por un poder judicial independiente y de manera predecible brinda al potencial inversionista y al receptor de la inversión la confianza necesaria para hacer esa transacción. Lo mismo se aplica a las partes de una posible transacción comercial. Sin el Estado de Derecho, las partes de estas relaciones potencialmente beneficiosas se verán limitadas a hacer negocios en situaciones en las que existen otros tipos de vínculos, como los familiares o sociales.
Este artículo analiza brevemente el Estado de Derecho y el papel clave del abogado en su mantenimiento para el crecimiento económico de la nación y el bienestar de la población. Para ello, describe el conflicto que se está produciendo actualmente en los Estados Unidos entre la Casa Blanca y el Colegio de Abogados.
¿Qué es el Estado de Derecho?
El Estado de Derecho es un principio según el cual todas las personas e instituciones del país están sujetas a leyes que:
• Se promulgan públicamente (no hay ni regulaciones, ni acuerdos secretos).
• Se aplican por igual a todos, sin favoritismo ni estatus (no debe importar a quién se conoce para determinar el resultado).
• Se juzgan de forma independiente por tribunales independientes que no reciben órdenes de los poderes ejecutivo ni legislativo.
Los abogados y los tribunales desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del Estado de Derecho, como se explica seguidamente con más detalles.
¿Por qué el presidente Trump está chocando con el Colegio de Abogados de los Estados Unidos?
El presidente ha firmado decretos ejecutivos punitivos contra algunos de los bufetes de abogados más destacados del país.
Sus decretos pretenden lo siguiente:
• Rescindir todos los acuerdos contractuales entre el gobierno de los Estados Unidos y esos bufetes.
• Exigir a las empresas que tienen contratos con el gobierno de los Estados Unidos revelar cualquier relación con esos bufetes y que las agencias gubernamentales revisen esos contratos.
• Negar el acceso a los abogados de esos bufetes a los edificios federales. Esto significa que no podrían entrar a los tribunales federales ni a otros edificios gubernamentales para atender los problemas de ciertos clientes.
• Cancelar las autorizaciones de seguridad de todos los abogados de esos bufetes.
Si se permite que esos decretos entren en vigor, podrían destruir los bufetes de abogados sobre los que han recaído estas medidas, porque una parte importante de la práctica de los grandes bufetes implica obtener autorizaciones del Gobierno Federal para sus clientes en diversas actividades y transacciones comerciales, así como participar en contratos gubernamentales. Además, en los Estados Unidos la mayoría de los litigios comerciales complejos se ventilan en tribunales federales. Las órdenes ejecutivas pretenden impedir, o al menos limitar, el acceso a esos tribunales en asuntos que no son del agrado del presidente.
El gobierno otorga las autorizaciones de seguridad al cabo de un proceso de verificación, pero el presidente tiene la facultad final de otorgarlas o denegarlas. La cancelación de todas las autorizaciones de seguridad impide que los abogados de un bufete representen a sus clientes en asuntos legales que involucran secretos gubernamentales --por ejemplo, clientes de la industria de defensa--, así como representar a clientes que trabajan en ciertos proyectos para el gobierno estadounidense.
¿Por qué el presidente lo ha hecho?
Los abogados que han participado en los procesos judiciales de los numerosos asuntos legales presentados previamente contra el presidente, tanto penales como civiles, han trabajado en esos bufetes antes y después de participar en litigios en su contra[ii].
El presidente alega que participaron en investigaciones totalmente injustificadas en su contra. Un bufete criticado por el presidente representó a la empresa que proporcionó las máquinas de votación en las elecciones presidenciales de 2020. El bufete obtuvo para la empresa una cuantiosa indemnización contra Fox News por difamarlo y por cuestionar la precisión de sus máquinas de votación.
Además, todos esos bufetes cuentan con importantes programas legales pro bono para defender los derechos de quienes no tienen acceso a un abogado o se encargan de casos controvertidos. Mas aún: de acuerdo con el presidente, no merecen la pena y socavan los intereses de los Estados Unidos. Además, según el presidente, los bufetes han bloqueado, entre otras cosas, los esfuerzos del gobierno "para impedir que los inmigrantes indocumentados cometan delitos atroces y trafiquen drogas letales dentro de nuestras fronteras".[iii]
¿Cómo han respondido los bufetes de abogados?
Hasta la fecha, cuatro de los bufetes que el presidente ha seleccionado han contraatacado. Lo han demandado --a él y al gobierno—y han bloqueado esos decretos ejecutivos.[iv] Los tribunales federales ante los que se presentaron las impugnaciones les han otorgado a estos bufetes órdenes de restricción temporales, y prohibido al presidente tomar cualquier medida contra ellos o sus clientes, al menos hasta que los pleitos hayan avanzado.
Paralelamente, los colegios de abogados de Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, Denver, Los Ángeles, San Diego y San Francisco, entre otros; y más de 500 bufetes de abogados de todo el país y de 350 exjueces han presentado escritos amicus breves en apoyo a los cuatro bufetes que han desafiado esos decretos presidenciales.[v]
Por otro lado, algunos de los bufetes más ricos --los de mayores ingresos--, han intentado impedir cualquier acción presidencial mediante acuerdos con el presidente para cambiar algunas de sus prácticas, incluyendo políticas que favorecen la diversidad en la fuerza laboral. Además, han acordado proporcionar, como grupo, cientos de millones de dólares en trabajo legal pro bono para causas que el presidente desea que asuman.[vi]
¿Cuáles son los argumentos de bufetes demandantes y amici?
1.Las acciones ejecutivas amenazan la independencia del colegio de abogados, convirtiéndolo en un instrumento del poder ejecutivo en vez de permitir que los abogados sigan ejerciendo como funcionarios judiciales tal como lo concibe el sistema legal estadounidense.
El temor a una acción presidencial perjudica no solo a los abogados de los bufetes colimados, sino también a los abogados en general, quienes podrían temer defender celosamente a sus clientes, como nos exigen las normas éticas de nuestra profesión. Este temor ensombrecerá la profesión, que ahora podría negarse a aceptar clientes o, en el caso de los clientes que acepte, presentar argumentos que podrían no ser del agrado del presidente. El temor a una orden ejecutiva presidencial provocará que los abogados silencien los argumentos moderados que no son populares para el presidente, lo cual socava la representación efectiva y honesta de los clientes.
Una de las obligaciones profesionales de los abogados consiste en trabajar para mejorar la administración de la justicia y facilitar el acceso de todas las personas al sistema legal. Esta responsabilidad la llevan a cabo los abogados que ejercen en el ámbito privado de diversas maneras. Los bufetes de abogados cuentan con programas para representar pro bono a quienes no cuentan con letrados que los representen, lo cual a menudo implica representar a clientes impopulares o manejar asuntos controvertidos. Además, los tribunales federales pueden asignar a bufetes de abogados con la experiencia adecuada la defensa de criminales en casos que involucran importantes problemas sociales.
Otro argumento planteado por demandantes y amici es que las órdenes ejecutivas podrían obligar a los abogados a incumplir su obligación profesional de preservar la confidencialidad del privilegio abogado-cliente, toda vez que exigen que el bufete y sus clientes le den cierta información al gobierno. De hecho, las órdenes ejecutivas exigen que los abogados prioricen unos vagos "intereses nacionales" sobre su obligación de anteponer los intereses de sus clientes y representarlos dentro del marco legal.
2. Un colegio de abogados independiente es necesario para el correcto funcionamiento de nuestros tribunales; las órdenes ejecutivas socavan los deberes del colegio de abogados hacia el poder judicial, impidiendo potencialmente que nuestros tribunales dicten decisiones legítimas.
Nuestro poder judicial depende de la honestidad y la información completa de los hechos y el derecho por parte de los abogados que comparecen ante él a fin de emitir sus decisiones. En nuestro sistema legal, los jueces no son fiscales que investigan los hechos de manera independiente, como sucede en un sistema de derecho civil. El nuestro depende de que los abogados que comparecen ante los jueces presenten todos los hechos con honestidad y les digan toda la verdad, sin omitir hechos.
Nuestro sistema legal presupone un proceso adversario donde cada parte presenta sus hechos y los analiza, así como sus argumentos, para determinar si un principio legal debe o no aplicarse. El tribunal descubre la verdad mediante este proceso de argumentación y contrainterrogatorio por parte de los abogados que representan a las partes. El juez y el jurado llegan a conclusiones basándose en la comprobación de los argumentos fácticos y jurídicos que surgen de este proceso contradictorio.
Un colegio de abogados informado e independiente es necesario para que un poder judicial igualmente informado e independiente determine y aplique la ley de manera justa, lo cual a su vez es necesario para el correcto funcionamiento de nuestro sistema legal. La interferencia del ejecutivo en este sistema --ya sea activa o pasiva--, distorsionará los resultados de nuestro sistema legal, que se basa en que los tribunales resuelvan las disputas de forma independiente partiendo de la ley y los hechos, no de dictados o preferencias de otro poder del gobierno.
Además, los bufetes de abogados desempeñan un papel crucial en la preservación de la justicia adversarial al litigar para hacer valer los derechos legales y prevenir los abusos del poder gubernamental. Como se muestra en el cine y la prensa escrita, los abogados impugnan la aplicación de las leyes o la omisión de su cumplimiento por parte de otros poderes del gobierno, se trate, por ejemplo, de la contaminación del suministro de agua de una ciudad o de la falta de protección de los derechos de los ciudadanos. Toda esta actividad ayuda a mantener el Estado de Derecho.
Si bien muchos de los casos que impugnan abusos gubernamentales los inician bufetes de abogados sin fines de lucro, estos no pueden abordar esos asuntos por sí solos y con frecuencia se asocian a grandes firmas para presentar sus recursos legales. Los grandes bufetes de abogados mercantiles tienen la capacidad financiera de cubrir los costos de los socios sin fines de lucro y de proveer una amplia variedad de talento legal para abordar todos los aspectos de casos complejos.
Un poder judicial independiente y bien informado es necesario para que actúe como contrapeso a los demás poderes del gobierno (el ejecutivo y el legislativo) en el marco de nuestro sistema de pesos y contrapesos entre los tres poderes del gobierno. Controlar el uso indebido del poder por parte de los demás poderes es otro aspecto del Estado de Derecho.
Conclusión
La historia ha demostrado que la mayoría de los países sin Estado de Derecho enfrentan serios obstáculos para desarrollar economías sólidas.[vii] La previsibilidad y la certidumbre necesarias para la actividad comercial se ven socavadas cuando los abogados no pueden defender libremente a sus clientes y otras ramas del gobierno interfieren en los tribunales. ¿Cómo puede un actor económico saber cómo planificar y operar si la interferencia y el favoritismo distorsionan el resultado esperado, y si una de las partes de un acuerdo lo incumple, y si los derechos de propiedad no pueden aplicarse de forma fiable, o si el gobierno ignora las normas previamente establecidas sin seguir los procesos constitucionales, legislativos o administrativos adecuados?
Volviendo al dilema de la doble confianza aludido al principio, cabe recordar que se aborda mediante el sistema del Estado de Derecho, en el que los tribunales protegen de forma justa e independiente los derechos de propiedad y contractuales. Y lo hacen de conformidad con las leyes y regulaciones publicadas, que se aplican a todos por igual, y que interpretan los tribunales independientes. Todo esto genera la confianza necesaria para que todas las partes procedan con seguridad dentro del país y en las transacciones con este, de modo que la economía nacional prospere.
En resumen, los Estados Unidos tienen una larga historia de Estado de Derecho. Sin embargo, las órdenes ejecutivas del presidente contra los bufetes de abogados, junto con otras medidas, están socavando esta tradición. La incertidumbre resultante ya parece haber reducido la actividad comercial y la inversión. Esta es una lección para cualquier país, incluida Cuba, que busque una economía robusta.
[i] Cooter, Robert D. & Schafer, Hans-Bernd (2012), Solomon’s Knot: How Law Can End the Poverty of Nations, Princeton University Press.
[ii] Una práctica habitual en EE.UU. es que los abogados asuman misiones especiales para el gobierno, incluso como fiscales especiales del departamento de justicia estadounidense. En esos casos, se retiran de sus bufetes y a menudo regresan a esos mismos bufetes cuando su actividad en nombre del gobierno ha concluido.
[iii] Ver, por ejemplo, “Addressing Risks from Jenner & Block”, March 25, 2025.
[iv] Hasta la fecha, los bufetes Perkins Coie, Wilmer Hale, Jenner & Block y Susman Godfrey, LLP.
[vii] Ver Cooter and Schafer.