Empleo, salarios y dinamismo: otras caras del sector privado para una Cuba próspera.
El sector privado cubano ha tenido un impacto positivo en términos de cantidad y calidad del empleo que genera. No obstante, solo mediante reformas estructurales, un marco legal estable y proyecciones de largo plazo, que inspiren confianza, será posible que este sector alcance su pleno potencial y contribuya de manera sostenida al bienestar económico de toda la sociedad.
A lo largo de los últimos treinta años, Cuba, ha experimentado un cambio fundamental en la estructura de su economía al pasar de un modelo de economía centralizada y controlada por el Estado a otro donde el sector privado, aunque restringido, ha comenzado a tomar un protagonismo sin precedentes.
Desde la apertura gradual al trabajo por cuenta propia a principios de la década de los 90 y la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en 2021, el sector privado cubano ha crecido exponencialmente. No obstante, este crecimiento no está exento de retos. Sus logros deben ser evaluados a la luz de las restricciones políticas, la inflación galopante y los desafíos estructurales que aún enfrenta el país.
A través de los años, el sector privado ha sido una válvula de escape frente a las crisis económicas y la falta de empleo en el sector estatal. Sin embargo, a pesar de sus avances, sigue estando limitado por un marco normativo restrictivo que ha frenado su expansión y sostenibilidad.
El desarrollo del emprendimiento privado en Cuba refleja las incongruencias de las estrategias económicas de al menos las últimas dos décadas. Si bien el sector privado, ha mejorado la calidad de vida de muchos cubanos, la precariedad laboral y traído nuevos puestos de trabajo, subsiste, con altibajos, en un clima de persecución mediática, legislativa, financiera y política por parte de las autoridades del país.
El contexto histórico: del trabajo por cuenta propia a las MIPYMES
El sector privado cubano comenzó a tomar forma en la década de los 90, a raíz de la crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética y el fin de los subsidios que Cuba recibía del bloque socialista.
La caída de la URSS (1989-1991) obligó al gobierno cubano a replantearse su modelo económico en un contexto en el que la economía estatal ya no podía sostener a la población. En respuesta a esta crisis, el gobierno autorizó la creación de algunos tipos de empleos privados bajo la modalidad de trabajadores por cuenta propia.
En 1993, el gobierno permitió por primera vez el trabajo por cuenta propia[1] en una serie de actividades limitadas (zapateros, renta de habitaciones, cafeterías y restaurantes, unas 117, según Decreto-Ley 141 de 1993). Este cambio fue una medida temporal ante la emergencia, pero con el tiempo el trabajo por cuenta propia se fue consolidando como una pieza clave del empleo en la isla. Sin embargo, la expansión del sector privado fue limitada por una fuerte regulación que restringía tanto las áreas de actividad como el número de trabajadores que podían emplearse en cada negocio (La contratación de personas ajenas al núcleo familiar estaba expresamente prohibida).
A partir de 2011, con la implementación de la actualización del modelo económico cubano” (mencionado VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado del 16 al 19 de abril de 2011), se permitió la expansión del trabajo por cuenta propia a más de 180 actividades. Esto dio lugar a un crecimiento importante de los pequeños negocios que, si bien aún limitado, despertó un movimiento de emprendedores que a la postre ha sido la semilla de una mentalidad empresarial privada en el panorama nacional.

Este crecimiento fue un primer indicio de la flexibilidad que el gobierno comenzó a mostrar ante las demandas de la sociedad cubana y la necesidad de un modelo económico más plural y descentralizado, aunque fruto de un momento político puntual y del reconocimiento de las ineficiencias y problemas estructurales de un modelo socioeconómico en franco fracaso.
En 2021, y luego de las mayores protestas ciudadanas en la historia reciente del país, el gobierno aprobó la creación de las MIPYMES (Micro Pequeñas y Medianas Empresas), un paso crucial para permitir a los emprendedores la posibilidad de desarrollar negocios a mayor escala y con personalidad jurídica.
Si bien la aprobación de las MIPYMES fue un avance significativo, arrastró las limitaciones de desarrollarse en sectores estratégicos, actividades profesionales y en un total de 179 actividades no autorizadas de entre 2 110 del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Los nuevos negocios podían operar bajo una forma de organización empresarial, pero su crecimiento se limitó a los 100 trabajadores y a los propietarios a participar en una sola MIPYMES. Aun así, fue un avance significativo en la autonomía económica de los emprendedores cubanos.

Sin bien las MIPYMES han crecido en los últimos años, en general de manera sostenida, siguen estando sometidas a una estricta regulación estatal, y su capacidad para expandirse está limitada por la falta de acceso a créditos, la estructura fiscal que se les impone y los bandazos de la política económica cubana.
Durante 2024, las MIPYMES privadas enfrentaron un entorno económico particularmente adverso marcado por la inflación, la escasez de divisas y nuevas restricciones operativas. La entrada en vigor de normativas más estrictas sobre la importación y comercialización de productos, así como controles reforzados sobre los precios y las ganancias, como 30% en los márgenes de ganancia sobre productos básicos (pollo, aceite, leche en polvo) generaron desabastecimiento, incertidumbre y afectaron directamente la viabilidad de muchos emprendimientos.
La Resolución 56/2024 (Ministerio de Comercio Interior), en particular, llevó al cierre de muchos negocios. La legislación obligaba a MIPYMES y cooperativas a comercializar de forma mayorista solo con entidades estatales, provocando que muchos vieran en un futuro cercano el incremento de sus costos y la inviabilidad de sus proyectos. Aunque su aplicación fue pospuesta posteriormente de forma indefinida, ya el impacto negativo se había generado.
Otros aspectos como el requisito de “residencia efectiva”[2] para propietarios, la bancarización[3] u obligatoriedad de comerciar únicamente en CUP (Decreto-Ley 88/2024) también terminaron por atentar contra los negocios privados.
Como resultado, por primera vez desde su legalización en 2021, se registró una caída en el número de MIPYMES activas al cierre de 2024, lo que evidenció las limitaciones estructurales que enfrentan estas entidades en un modelo económico todavía fuertemente centralizado.
En la Comisión Económica del Parlamento cubano, en sesión previa al quinto período ordinario de la X Legislatura de Asamblea Nacional del Poder Popular, en Julio 2025, la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE), Mercedes López Acea, mencionó la necesidad de avanzar en la aprobación de las MIPYMES desde los municipios, algo lógico si se quieren favorecer el desarrollo de esta forma de gestión económica. Mediante este proceso se aprobaron 231 nuevos actores económicos, desde que entrara en vigor del Decreto Ley 88 en septiembre de 2024.
En su presentación expuso que en el país trabajan 496 535 cubanos bajo la modalidad de TCP y que desde su implementación, en septiembre de 2021, se han aprobado 11 369 MIPYMES privadas, 71 cooperativas no agropecuarias (CNA) y 305 MIPYMES estatales. Lo cual no significa que sean las empresas que hoy han logrado mantenerse operando, luego de ser aprobadas, como muestra el análisis de la tabla anterior.
El impacto del sector privado en el empleo cubano: crecimiento y desafíos
Uno de los aspectos más relevantes del sector privado cubano es su capacidad de generar empleos. A lo largo de los últimos años, el número de empleos en el sector privado ha crecido de manera significativa.
Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación (ENO) divulgada por la ONEI en 2024 ofrecen una visión interesante sobre el mercado laboral cubano, particularmente en el ámbito no estatal. Al menos 1 303 017 cubanos trabajan fuera del sector estatal lo que representa 31,5 % de las personas ocupadas en el país (4 136 560). La mayoría de estas plazas se concentran en actividades por cuenta propia y en las MIPYMES, 66% del sector no estatal y 21% de las ocupadas en Cuba.

Si se eliminara los propietarios de los negocios del análisis anterior, dígase socio de MIPYMES y trabajadores por cuenta propia con trabajadores contratados, se tendría como empleados del sector privado al 19 % de los ocupados en el país.
Estos datos resaltan la importancia del sector privado no solo en términos de la creación de empleos, sino también en su capacidad para absorber una gran parte de la fuerza laboral que el sector estatal no es capaz de emplear.
Incluso antes de la introducción de las MIPYMES (2021) las estadísticas de empleo en la modalidad de trabajador por cuenta propia, en 2019, muestran que el sector privado cubano alcanzaba los 617 964 puestos de trabajo relacionados con esta modalidad, representando el 41 del empleo en el sector no estatal y alrededor del 13% del empleo total en el país.
Resultados de la generación de empleo del sector privado y la percepción de una mejora económica del trabajador.[4]
Ya desde 2019 o antes, aun cuando el panorama de las empresas e instituciones estatales era más favorable que en la actualidad, se podía apreciar que el impacto del sector privado respecto al empleo y los salario cobraba relevancia. En esa fecha una encuesta del Proyecto CubaEmprede, sobre movilidad laboral a un total de 241 empleados inicialmente del sector estatal mostró que, de los 52 que decidieron pasar a ejercer como trabajadores por cuenta propia, luego de 6 meses el 46.2% manifestó haber mejorado económicamente, mientras que de los que permanecieron en el sector esatatal solo mejoraron un 30.2% de ellos.
En un ejercicio investigativo similar, en este caso con 137 personas desempleadas, luego de un seguimiento de 6 meses, 28 encontraron empleo en negocios privados y 20 en el sector estatal. Los empleados por negocios privados, mejoran económicamente un 14% más, frente a los que encontraron empleo en el sector estatal.
Salarios en el sector privado, transformación y brechas con el sector estatal
En 2019 los negocios privados, TCP, ya pagaban salarios muy superiores al sector estatal, llegando a superar significativamente el salario medio estatal, fijado en 848 CUP o 18 USD. En entrevistas realizadas a un grupo de 50 emprendedores, dueños de negocio, se aprecia que el 41.5% de los trabajadores contratados por negocios privados perciben un salario mensual superior a los 200 USD, el 46.3% entre 200 USD y 100 USD; solo el 12.2% era inferior este último. Tengamos en cuenta que para esa fecha el costo de la vida en el país, según cifras ofrecidas por las propias autoridades, oscilaba en los 2000 CUP, al cambio del momento unos 80 USD.

En 2024 el salario neto en pesos cubanos había aumentado significativamente, tanto en el sector estatal (salario medio 5 839 CUP=16 USD)[5] como en el sector privado, luego de la Tarea Ordenamiento[6] en 2021, conjuntamente con la inflación que este proceso desencadenó, aunque cabe destacar que el valor real para ambos sectores cayó significativamente.
El costo de la vida en Cuba ha aumentado considerablemente, lo cual ha hecho que incluso aquellos que ganan más de 100 dólares mensuales no puedan cubrir la canasta básica. Según estudios recientes del economista Omar Everleny Pérez Villanueva, a inicios de 2025, una familia de 2 personas necesita unos 45 000 CUP solo para enfrentar gastos elementales, unos 128 USD al cambio informal promedio.
Los aumentos salariales que fueron haciéndose en el sector privado año tras año no se correspondieron con el ritmo de la inflación y la subida de los precios de los productos en general. Si bien este proceso de ajuste salarial continuó, solo fue un fenómeno del sector privado. Su ritmo y magnitud no se ajustaron a la inflación, terminado por afectar el poder adquisitivo de sus trabajadores, aunque si se compara con el salario de los trabajadores del sector estatal, la situación de este último respecto al aumento de los precios, se puede evaluar de desastrosa, al punto de no poder sostener otro estado que la pobreza.
En 2024, un estudio realizado con más de 130 emprendedores privados reveló que el 63% de los empleados en el sector privado ganaban menos de 100 USD mensuales, 35 000 CUP al cambio promedio informal, lo que marca un contraste significativo con los datos de 2019. En ese entonces, el 87.80% de los trabajadores del sector privado ganaban más de 100 USD al mes, 2 400 CUP al cambio de ese año. Aun cuando los salarios reales en el sector privado se han reducido desde 2019, su valor respecto al sector estatal sigue siendo exponencialmente superior, con lo cual se consolida como un actor clave en la economía cubana.

Retos estructurales y barreras normativas
El crecimiento del sector privado cubano está condicionado por una serie de limitaciones estructurales y barreras normativas que dificultan su expansión y su capacidad para generar empleo de calidad. A pesar de que las MIPYMES han permitido la creación de más empleos, estas empresas enfrentan serias restricciones en cuanto a su tamaño y capacidad de crecimiento.
El gobierno cubano limita el número de empleados a 100, lo que impide la expansión de las empresas y su integración en mercados más amplios. Además, las tasas impositivas para las MIPYMES son elevadas y no están diferenciadas según el tamaño de las empresas. Esto afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que necesitan incentivos fiscales para su crecimiento.
Por otro lado, el acceso al financiamiento sigue siendo uno de los grandes problemas del sector privado. La mayoría de las MIPYMES dependen de capital propio o de fuentes informales para financiar sus operaciones, lo que limita su capacidad de expansión. Las remesas que reciben algunos emprendedores se han convertido en una fuente clave de financiamiento. Pero este modelo no es sostenible a largo plazo.
El camino hacia un futuro más próspero: reformas necesarias
Para que el sector privado cubano pueda convertirse en un verdadero motor de crecimiento económico, es necesario que el gobierno implemente reformas estructurales que permitan un mayor acceso a financiamiento, la flexibilización de las normativas fiscales y la expansión del tamaño de las MIPYMES.
Asimismo, es esencial implementar políticas que garanticen un salario justo para los trabajadores y promover condiciones laborales que permitan mejorar el bienestar de los empleados. Mejorar las condiciones laborales será clave para evitar la precarización y garantizar que el sector privado cubano pueda contribuir de manera significativa al desarrollo económico del país.
Es fundamental que se brinden incentivos fiscales para las pequeñas empresas, que se eliminen las restricciones de tamaño y se proporcionen mecanismos de crédito accesibles para los emprendedores. Resulta imperativo un marco legislativo estable y una proyección de largo plazo que fomenten la credibilidad y la confianza necesaria para emprender un proyecto económico en Cuba.
Consideraciones finales
El avance del sector privado cubano durante las últimas tres décadas —desde los primeros trabajadores por cuenta propia hasta la legalización de las MIPYMES en 2021— ha demostrado su potencial como generador de empleo y como válvula de escape frente a la ineficiencia estatal.
A pesar de generar el mayor dinamismo en el empleo y devengar salarios a sus trabajadores más cercanos al costo de la vida que sector estatal, el crecimiento del sector privado sigue ceñido por un marco normativo rígido, acceso limitado al financiamiento y un discurso público hostil.
La caída en el número de MIPYMES al cierre de 2024 ejemplifica las tensiones entre la iniciativa privada y la política económica centralizada. Para que estas empresas puedan consolidarse como motor de desarrollo sostenible, resulta imprescindible flexibilizar las barreras fiscales y organizativas, ampliando el cupo de trabajadores y diversificando las actividades autorizadas.
Solo mediante un marco legal estable y proyecciones de largo plazo que generen confianza, el sector privado cubano alcanzará su pleno potencial y contribuirá al bienestar económico de toda la sociedad.
[1] El Trabajo por Cuenta Propia fue definido en 1993 como una forma de empleo individual mediante la cual las personas naturales cubanas podían ejercer determinadas actividades económicas autorizadas, fuera del sector estatal, con el objetivo de complementar la oferta de bienes y servicios en el país, en un contexto de crisis económica.
[2] Seis meses fuera del país puede ser suficiente para que una notaría, tribunal o institución estatal niegue que alguien tenga residencia efectiva, aunque no haya perdido la residencia permanente según Migración.
[3] La bancarización diseñada para reducir el uso del efectivo y centralizar las operaciones económicas a través del sistema bancario, no ha funcionado eficazmente. La falta de infraestructura (cajeros automáticos, bancos, casas de cambio y acceso estable a internet), la escasa liquidez en los bancos y la desconfianza en el sistema han llevado a muchos negocios a saltar parcialmente esta política. Los actores económicos privados se ven forzados a operar parcialmente fuera del circuito bancarizado, recurriendo al mercado informal, para acceder a divisas, mantenerse operativos y vía de supervivencia.
[4] Encuesta de seguimiento del Proyecto Cuba Emprende, a los egresados de su Taller Emprende luego de 6 meses de haberlo cursado.
[5] Recientemente fue publicado el informe Indicadores seleccionados del sistema empresarial y presupuestado, con cierre en abril de 2025, por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El salario medio mensual en el sector estatal y presupuestado fue fijado en 6,506.5 CUP unos 17 USD al cambio informal.
[6] La Tarea Ordenamiento fue una reforma económica implementada en Cuba a partir del 1 de enero de 2021, cuyo objetivo principal fue unificar las dos monedas que coexistían en el país (CUC y CUP) y reestructurar el sistema salarial, de precios y subsidios. Incluyó un aumento generalizado de salarios y pensiones, la eliminación del CUC, y la liberalización parcial de precios y tarifas, bajo la promesa de mayor eficiencia y racionalidad económica. Sin embargo, su implementación en un contexto de crisis económica, baja oferta y escasa productividad provocó una fuerte inflación y tensiones sociales, sin lograr los objetivos de equilibrio y control previstos.
Bibliografía
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