¿Qué necesitan las mipymes en Cuba para producir más alimentos?
Abogado y Empresario
El "cambio de mentalidad" reclamado desde 2011 parece que no acaba de ocurrir. Sobre el sector estatal cubano continuará recayendo la mayor responsabilidad de lo que produciremos y comeremos.
Para 2024 la situación económica del país se podría considerar, como mínimo, muy compleja.[1] Durante los últimos tres años,[2] varias instancias del gobierno cubano han expresado públicamente, en numerosas ocasiones, que la única manera de mejorar esas condiciones consiste en incrementar las producciones locales, sobre todo las vinculadas a los alimentos.[3]
De la misma manera, la presidencia y otras instituciones han expresado que "todos los actores económicos se encuentran en las mismas condiciones" y que hay que promover el encadenamiento entre todos los componentes de la economía, sin diferenciar entre entidades estatales y privadas. Esto también, a mi juicio, significa la igualdad de oportunidades entre empresas privadas extranjeras y empresas privadas cubanas, entendiendo la economía como una sola,[4] es decir, el resultado del esfuerzo común de todos los actores que en ella intervienen.
No obstante, al cierre de 2023 aún se pueden identificar varios obstáculos internos que impiden que el sector privado pueda desplegar todo su potencial e incorporarse de manera más efectiva a las acciones productivas, sobre todo las vinculadas a los alimentos.
A continuación, se relacionan algunos de los obstáculos más importantes que todavía frenan la capacidad productiva del sector privado cubano.
La inversión extranjera directa (IED) en el sector privado
A pesar de que se ha dicho que "Cuba continúa abierta al mundo, al comercio y a la inversión"[5] y que "se evidencia la voluntad política del gobierno cubano de que los connacionales que viven fuera puedan participar también en la actualización de nuestro modelo y del desarrollo económico del país",[6] y de que la normativa lo permite, hasta la fecha no se conocen ejemplos concretos de inversión extranjera directa en el sector privado.
Esto significa:
- Una desventaja considerable para el país en la
captación de inversión extranjera directa (IED) en relación con otras
naciones del área.[7]
- Una desventaja para las formas de gestión no estatal (FGNE) en relación con la capacidad para financiar sus proyectos.
- Un obstáculo para que los cubanos residentes en el exterior puedan participar de mejor manera de la vida económica nacional.
- Un escenario en el que se promueve la informalidad de estos negocios entre el sector privado cubano y sus potenciales socios internacionales.
Sin inversión extranjera directa formal y reconocida, las capacidades y potencialidades de las empresas privadas cubanas tienen unos límites establecidos internamente —no por las sanciones— que impiden su desarrollo y, por consiguiente, un mejor aporte a la economía cubana.
El encadenamiento con el sector estatal para el rescate de los medios de producción ociosos
Hasta donde se conoce, los “contratos de producción cooperada” constituyen la manera más habitual del sector privado a la hora de encadenarse con el sector estatal.
Lamentablemente, esta “producción cooperada” suele consistir solamente en el suministro de las materias primas que necesita la empresa estatal para producir ante la incapacidad del sector estatal de abastecerse directamente como consecuencia de:
- La falta de acceso a divisas.
- Las sanciones de los Estados Unidos, que les impide operar de manera normal con el sistema financiero-bancario internacional.
- Los impagos a los proveedores habituales y socios comerciales por problemas propios de la economía cubana.
En estos casos de “producción cooperada”, la empresa estatal comercializa y paga al proveedor privado la parte correspondiente por el suministro de la materia prima. En otros casos, la mercancía es entregada y comercializada por la propia empresa privada, y lo que se paga entonces es el proceso productivo a la empresa estatal.
Pero en términos prácticos, el sector privado no participa en la actividad productiva con su gestión, administración o control sobre esas actividades productivas. Por consiguiente, no hay un encadenamiento que pueda ofrecer en términos efectivos la participación del sector privado en esas producciones de otras fórmulas jurídicas permitidas por la normativa vigente.
Entre ellas se encuentran:
- Los contratos de arrendamientos de medios de producción ociosos —como se ha hecho con los almacenes y otros espacios en desuso— que permitan rescatar dichas producciones a cambio del pago de un importe fijo o de un porcentaje variable, según el rendimiento productivo, tal y como ya ocurre con las empresas privadas extranjeras.
- Los contratos de administración conjunta entre el sector estatal y el sector privado, que permitan que ambas empresas —o varias, si es el caso—, participen activa y directamente en la administración/gestión/control de esas producciones.
- La firma de contratos de asociación/colaboración o incluso de producción cooperada, pero en los que se incluya la participación de todos los socios, incluido el privado nacional.
- Otras posibles fórmulas de encadenamiento como el usufructo o el comodato.
Ninguna de estas fórmulas significa la venta de esos medios de producción al sector privado, ni la pérdida de control por parte del Estado. Pero sí un cambio importante en la manera de operar que perseguiría los objetivos identificados por la propia Asamblea Nacional en julio de 2023 en relación con la producción de alimentos.[8]
Para que sea real, el encadenamiento también conlleva una relación diferente de los ministerios con las empresas privadas cubanas, que continúan sin poder acceder a oportunidades con las que cuentan desde hace años las empresas privadas extranjeras.
El "cambio de mentalidad" reclamado desde 2011[9] sobre estos temas parece que no acaba de ocurrir. Como bien hemos podido aprender en la experiencia de los últimos años, sobre todo viendo ejemplos concretos en los que ha sucedido lo inevitable, "la alternativa no deberían ser unas ruinas". Tampoco la reinversión total con fondos públicos que pudieran utilizarse para mejorar la calidad de vida de la sociedad cubana en otros temas más acuciantes como Educación o Salud Pública.
Acceso a un mercado cambiario formal
Para que un mercado exista necesita dos cosas: que se venda y que se compre.
En el caso del mercado cambiario cubano hay varias contradicciones presentes no solo en el funcionamiento del sector privado. Se requiere acceder a complejas fórmulas que involucran al mercado informal de divisas, tanto a nivel local como a disímiles soluciones a nivel internacional, para poder realizar los pagos a los proveedores.
También se añaden otras complicaciones a nivel contable y, por tanto, tributario. Sobre este tema hay profundos debates entre los especialistas del sector.
Estas distorsiones son conocidas y han sido comentadas por distintos funcionarios del Ministerio de Economía y Planificación (MEP),[10] pero hasta la fecha no existen soluciones a la vista para revertir la tendencia actual.[11]
El proceso de bancarización,[12] que debería ser un objetivo común para la trazabilidad de las operaciones y la disminución del efectivo circulante en el mercado cubano, a pesar de que se ha indicado se realice "de manera gradual y donde las condiciones lo permitan,[13] plantea nuevos retos al sector privado para su reaprovisionamiento de divisas.
En un escenario donde existe la obligación de depositar el efectivo en el sistema financiero cubano, pero en el que aún el mercado cambiario no opera (puesto que no se venden dólares al cambio estipulado de 1x120) entonces la bancarización se convierte en una contradicción en sí misma. Un problema añadido a la rotación del capital operativo. No una solución que mejore las condiciones operativas del sector.
Es del dominio público que este mercado informal de divisas genera hoy un sobrecosto financiero que se incorpora a la formulación de precios de cualquier producto, tanto en las importaciones de productos terminados —operaciones de comercio internacional como las que han realizado durante décadas empresas estatales como TRD o CIMEX[14]—como de insumos, materias primas, maquinarias o piezas de repuesto.
Un mercado cambiario formal, operado por el sistema financiero bancario cubano y con unas garantías reales sobre las divisas que maneje, conllevaría:
- Un ahorro importante en costes financieros, y por consiguiente una mejor eficiencia financiera que se traduciría en mejores precios a los consumidores.
- Una mayor transparencia contable y por tanto tributaria, y por tanto un debate menos entre la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y los especialistas.
- La formalización de las operaciones financieras, incluyendo las internacionales, que permitan una mayor confiabilidad para los bancos.
- Un mejor control por parte del sistema financiero cubano de los activos financieros y de las herramientas financieras que utilice el sector privado.
El acceso a inmuebles y tierras
En 2019 se explicaba que “con un 38% de la tierra, los productores privados producen casi el 80% de todo lo que produce Cuba en alimentos”.[15] En 2023 el escenario fue, como mínimo, de similar proporción.
Sin embargo, las empresas privadas cubanas aún encuentran problemas para acceder al uso y explotación de las tierras. Se requieren, una vez más, fórmulas indirectas para vincularse con las producciones de un campesino, de una cooperativa agropecuaria o de cualquier otra modalidad productiva de este tipo.
Al parecer, tampoco hay claridad todavía sobre la posibilidad de que se puedan adquirir inmuebles en propiedad. En este caso sucede lo mismo. Sin el acceso a tierra e inmuebles, la industrialización del sector privado, y por tanto el procesamiento de alimentos, que generaría más competitividad en el mercado, y por tanto, más oferta, sigue siendo un reto bien difícil de superar.
Los límites de la normativa vigente para las empresas privadas cubanas
Se ha sostenido que estos límites tienen como objetivo "impedir la concentración de riquezas y de la propiedad en las mipymes".[16] Sin embargo, esto debe considerarse también una "penalización al éxito de una actividad".
Lo habitual en otras jurisdicciones, incluso en las que cuentan con un sistema político similar al cubano, es que cuando una empresa crece lo suficiente y excede de manera natural el número de trabajadores para ser considerada una mipyme —va de 100 a 400, pero 250 es su número más aceptado—, pierde los beneficios, las ayudas económicas y las exenciones fiscales.[17] Pero puede continuar creciendo mientras las condiciones del mercado y su propia operativa lo permitan.
En el caso cubano, si una empresa privada nacional está produciendo y es eficiente, rentable, paga impuestos y aporta a la economía, en vez de continuar creciendo en teoría lo que debería hacer es estancarse en su operativa o, en su defecto, buscar soluciones creativas innecesarias para poder continuar con su crecimiento. Esto es, al final, lo que termina sucediendo.
El crecimiento de las empresas privadas cubanas que sean exitosas se encuentra limitado en la propia norma que les ha permitido existir. En este sentido, aunque los avances tecnológicos permiten que se produzca más con menos trabajadores, en comparación con lo que ocurría hace unas décadas o incluso unos pocos años atrás, no hay manera de estructurar una operación productiva de importancia, tanto con ese límite como con otros que se establecen en la normativa vigente.
Consideraciones finales
Mientras no se solucionen las problemáticas anteriores, y otras que se conocen pero que aquí no mencionamos para no extendernos demasiado, no existirán las condiciones necesarias para que las empresas privadas puedan aportar de una mejor manera a las actividades productivas que la sociedad demanda y necesita.
Por consiguiente, como mismo ha ocurrido hasta ahora, sobre el sector estatal cubano continuará recayendo la mayor responsabilidad de lo que produciremos y comeremos en 2024.
Queda esperar que tanto la resolución de estos temas como el resto de las medidas que necesita el sector privado cubano —y por tanto la economía nacional—a la hora de apoyar la seguridad alimentaria de nuestra sociedad sean resueltas en un plazo de tiempo lo más corto posible. Para que, finalmente, podamos decir con seguridad que este 2024 va a ser diferente o incluso mejor.
[1]https://oncubanews.com/opinion/columnas/contrapesos/juan-triana-cordovi-2024-va-a-ser-durisimo/
[4] https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/hay-muchas-cosas-que-si-se-pueden-hacer/
[5] https://cubaminrex.cu/es/cuba-continua-abierta-al-mundo-al-comercio-y-la-inversion
[6] https://cubaminrex.cu/es/cuba-pais-de-oportunidades
[8] http://www.chinacelacforum.org/esp/zgtlmjlbgjgx_2/202308/t20230803_11121996.htm
[14] http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/07/20/guia-rapida-sobre-las-tiendas-en-mlc-en-cuba/
Aldo Álvarez
Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, obtuvo una maestría en Derecho Corporativo de la Universidad Carlos III, Madrid. Ejerció la abogacía en esa ciudad en el bufete de abogados de Interjuris. Durante más de diez años ha trabajado como consultor de negocios ofreciendo asesoría legal, inteligencia comercial y planificación de entrada al mercado de Cuba a empresas estadounidenses y a otras transnacionales. Actualmente se dedica a la producción e importación de alimentos para el mercado cubano como director general del grupo empresarial Mercatoria. Desde 2018 es miembro del Cuba Study Group. Ha publicado varios artículos sobre el mercado cubano en varios medios de prensa y académicos.