La unificación monetaria y cambiaria en Cuba: normas, efectos y perspectivas (Parte I)

Este ensayo resume la monografía recién publicada por el Instituto Elcano de Estudios Internacionales de Madrid.

Desde 1994 Cuba ha tenido dos monedas: el peso nacional (CUP) y el peso convertible (CUC). Aquí estudiamos las normas legales y sus efectos.

Hay varias tasas de cambio en Cuba: en el sector estatal empresarial, el CUP se cambia a la par con el CUC (1 CUP = 1 CUC =1 dólar), pero para la población la tasa de cambio es 1 CUC = 24 CUP. Además, hay otras tasas de cambio.

La dualidad monetaria, las diversas tasas de cambio y la reintroducción parcial del dólar en 2019 provocan efectos negativos como distorsión en los precios, incentivos a las importaciones y desincentivos a las exportaciones, y pago a la población en CUP, pero esta tiene que comprar muchos bienes y servicios en CUC, baja productividad laboral en las empresas estatales, las cuales reciben costosos subsidios fiscales cuando sufren pérdidas, etc.

El 1 de enero de 2021 comenzó el proceso de unificación, llamado Ordenamiento Monetario.

Normas de la unificación

Antes de esta, la tasa de cambio en el sector empresarial era de un CUP por dólar y ahora es de 24 CUP por dólar, pero las tasas variarán según oscilan en el mercado internacional. Ni el gobierno ni los expertos saben cuál es la tasa de cambio real, porque el CUP no se tranza en el mercado internacional, pero el CUP está sobrevaluado: a fines de 2020 se cambiaba en el mercado negro entre 1,50 y 1,80 por dólar, o sea, entre 36 y 43 CUP. El gobierno decidió adoptar una tasa de cambio fija, la misma que existía, para controlar el incremento de los precios mayoristas y de la inflación. Solo cuando la situación económica mejore podrá pasarse a una tasa de cambio móvil, pero esto implicará futuras devaluaciones. Lo ideal hubiese sido establecer un tipo de cambio mayor a 24 e irlo ajustando gradualmente a la baja según la economía se recuperará.

El gobierno aseguró durante años a la población que sus CUC estarían garantizados, pero esta promesa no se ha cumplido del todo. Hay un período de seis meses para cambiar los CUC por 24 CUP, salvo los trabajadores del sector no estatal con cuentas en CUC, a los cuales el cambio se hizo automáticamente. Los colaboradores en el extranjero que tienen cuentas bancarias en divisas en Cuba, reciben un “certificado de depósito”, pero no podrán hacerlos efectivos en divisas porque la economía carece de liquidez. Si desean retirar el depósito se les paga en CUP, de manera que su cuenta se decomisa y no hay garantía de que se les pagará en divisas en el futuro. Tendrán que hacer una solicitud en los bancos a ver “si existe disponibilidad para vender”. Tampoco se pueden adquirir dólares o euros con CUP porque no hay disponibilidad en divisas. Los que reciben dólares del exterior pueden depositarlos en su cuenta en divisas, pero no pueden hacerse extracciones en divisas sino en CUP.

Subsidios a las empresas estatales

Idealmente, el gobierno debió cerrar las empresas con pérdidas y terminar con los subsidios fiscales, pero decidió continuar los mismos por un período de transición de un año. Para ello creó una reserva de 18.000 millones de CUP en 2021 (que contribuye al salto del déficit fiscal) para ayudar a las empresas; estas deben hacer “compromisos” para reducir sus pérdidas y mejorar su competitividad. No se ha dicho lo que pasará si después del año de transición las empresas estatales incumplen sus “compromisos” y siguen con pérdidas. Los subsidios temporales tienden a convertirse en permanentes. Por ello es posible que haya otro período de transición para las empresas estratégicas que el gobierno quiera proteger, con lo cual la unificación no surtirá sus efectos positivos a largo plazo.

El salario mínimo, las pensiones y las prestaciones de asistencia social se ajustan en base al costo de la canasta de bienes y de servicios estimada por el gobierno en 1.528 CUP mensuales, la cual incluye alimentos, vestido, electricidad, transporte público, productos de aseo e higiene, medicamentos y reparación-mantenimiento de la vivienda. Dicho valor parece ser bajo ante los incrementos de precios de alimentos y otros bienes de consumo y servicios esenciales, como se verá. El salario mínimo que reciben los trabajadores estatales se fija en 2.100 CUP mensuales, un aumento de 5 veces sobre el salario mínimo anterior y es 572 CUP superior al valor de la canasta, pero los trabajadores deben pagar la contribución a la seguridad social, 105 CUP, dejando 467 CUP para todas las otras necesidades.

Dentro del sector estatal, en el “empresarial” el salario se incrementa en un promedio de casi 10 veces, pero en el “presupuestado”[i] en menos de cinco veces; la diferencia se debe a que los trabajadores del segundo recibieron un incremento de 37% de su salario en 2019, aun así, el aumento por la unificación es inferior. Mas aún, en el sector empresarial, además del salario fijo y de los pagos adicionales por nivel educativo, hay una parte móvil que comprende salario a destajo y distribución de utilidades de las empresas. Estos cambios sugieren una mayor integración del sistema salarial y una interrelación entre la productividad del trabajador y su salario, ambos positivos, pero discriminan contra el sector presupuestado (que incluye a los que trabajan en los servicios sociales).

En el sector empresarial, las empresas fijarán nuevos precios que incluirán el efecto de la devaluación más el costo del incremento salarial y habrá un aumento significativo de los precios mayoristas que será trasladado a los precios minoristas. En el sector presupuestario, el aumento salarial deberá pagarlo el presupuesto nacional. Por tanto, vía precios o emisión monetaria se incrementará la inflación.

Los salarios en el sector no estatal serán fijados libremente según la oferta y la demanda. Se pronostica que los precios subirán porque si los precios mayoristas se elevan, aumentará el costo de los insumos y el precio de los servicios para no disminuir las ganancias. Los gobiernos municipales “podrán acordar” la fijación de precios con el sector no estatal, lo cual augura conflictos de interés.

Ajuste de pensiones y prestaciones de asistencia social

La pensión mínima de 280 CUP mensuales se incrementó cinco veces a casi el valor de la canasta básica de 1.528 CUP. La pensión de los trabajadores no estatales que contribuyen menos del 5% que pagan los trabajadores estatales es de 1.118 CUP, oficialmente se afirma que garantiza el costo de la canasta básica, pero es un 26% inferior a esta. La prestación de asistencia social mínima es de 1.260 CUP, equivalente al 67% del salario mínimo, pero por cada persona extra en la familia se agregan 800 CUP. Varios de estos incrementos parecen ser generosos, pero dependen de dos factores: si el valor de la canasta básica se corresponde con la realidad, y si las pensiones y prestaciones de asistencia social mantendrán su valor real frente a la inflación, lo que no ha ocurrido en 30 años.

Incremento de precios

Los precios de los artículos importados se multiplicarán por 24, serán más caros y desincentivarán las importaciones. Los precios de los productos nacionales no podrán crecer más que los importados y aumentarán 12 veces (en vez de 24). Esto se debe a que se impondrán topes de precios para controlar la inflación a 42 productos y servicios mayoristas de “alto impacto en la población”, como combustible, acero, cemento, azúcar, miel y agua. La ministra de finanzas dijo que “los precios deben dar señales del mercado a los productores, prestadores de servicios y al comercializador final”. Los precios del acopio de productos esenciales, también aumentarán: el frijol negro en 34%, el arroz en 56%, la carne de cerdo en 88%, los huevos en 235% y la papa en 295%. De los productos agropecuarios, 30 serán determinados centralmente (también los precios de la libreta de racionamiento); el resto se fijará por acuerdos entre productores y compradores.

Esto exigirá mantener temporalmente los subsidios fiscales a los productos cuyos precios no fija el mercado. Al imponer topes a los precios, se abriga la ilusión que no habrá necesidad de ajustar el valor de la canasta básica, ni tampoco ajustar los salarios y pensiones, contra la realidad del pasado. También se decretó un aumento de las tarifas eléctricas según el ingreso y el nivel de consumo, comenzando con un incremento de 4,4 veces, mayor que el incremento salarial promedio en el sector presupuestario; los que consuman más tendrían incrementos mayores. Debido a las protestas generalizadas de la población, el gobierno tuvo que reducir dichas tarifas. El precio del gas en bombonas se duplicará y el recibido por cañería se multiplicará 22 veces, mientras que las tarifas de agua subirán al triple. Los servicios de telefonía móvil tendrán una cuota de activación de 750 CUP (36% del salario mínimo), más una cuota mensual de navegación internacional y las tarifas máximas de acceso a internet por líneas de subscripción asimétrica pueden llegar a 48.375 CUP (23 veces el salario mínimo).

El ministro de economía Alejandro Gil, se refirió al papel del mercado: “tenemos un sistema de precios que no da señales claras del mercado a los productores… Cuba no va a una economía de mercado, pero el mercado existe independientemente de la realidad nuestra, y a los productores le tienen que llegar las señales de ese mercado”. Nadie en el gobierno ha aclarado la contradicción entre los topes de precios a la producción nacional, que los distorsiona, y su libre determinación por la oferta y la demanda, ni como llegarían las señales del mercado a los productores con precios fijados centralmente y con topes.

Varias medidas intentan proteger a la población vulnerable y son loables. Pero unidas al tipo de cambio fijo determinado administrativamente, mantendrán las distorsiones de precios, con sus efectos perversos y sus altos costos para el Estado, y fomentarán el mercado negro, salvo que aumente substancialmente la producción, lo cual ha sido descartado por el gobierno, según se verá después.

[i] Sector financiado por el Estado con el presupuesto de la nación, incluyendo educación, salud publica, asistencia social, y otros.