La expansión del sector privado en Cuba

Introducción

A principios de febrero de 2021 el gobierno cubano informó nuevas medidas que se insertan en la lógica de la transformación del modelo económico. Retoman aspectos pendientes que suponen áreas de confluencia de consenso popular, criterio académico y voluntad política, al haber sido incluidas sucesivamente, desde 2010, en los más importantes documentos oficiales rectores de la política económica.

Esas medidas suponen la ampliación del espectro de actividades a disposición de los trabajadores por cuenta propia (TCP), tomando como referencia el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Ello ofrecería más de 2,000 opciones, exceptuando el desempeño en 124 categorías incluidas en una lista negativa. Esta declaración fue seguida de la comparecencia en los medios de altos funcionarios que adelantaron otras acciones complementarias. ¿En qué contexto se producen estas decisiones y qué se puede esperar de ellas?

Este artículo explora algunas posibles repercusiones para el sector privado doméstico, a la luz de las informaciones divulgadas, mientras permanecen algunas incógnitas por despejar.

Entorno político y económico

Para fines de 2020, cifras oficiales del gobierno cubano indicaron una caída del PIB en el orden del 11%, más pronunciada que las previsiones de la CEPAL. Los números terminaron por poner en evidencia lo agudo de una crisis que, más allá de cualquier estadística, ha sido padecida en el día a día por la población en un arduo batallar por subsistir, entre pandemia, escasez de oferta de bienes y servicios (esenciales incluidos) y menguantes ingresos nominales y reales. Si bien para 2021 las autoridades han previsto una recuperación del producto entre un 6% y un 7%, ese objetivo de crecimiento se complejiza ante la permanencia de las condiciones que engendraron la crisis.

La COVID-19, que terminó por precipitar y agudizar una crisis que inevitablemente sobrevendría, vuelve a expresarse localmente en 2021 con un rebrote de proporciones superiores, cobrando vidas humanas, dificultando la recuperación productiva y la normalización del turismo y los viajes, en Cuba imprescindibles para la reactivación económica.

En el plano externo, aun cuando en Washington la administración Biden parece considerar una postura proclive a retomar el acercamiento y a desmontar las medidas más hostiles desplegadas por el anterior presidente, estas permanecen activas y continúan limitando el acceso del gobierno y el pueblo cubanos a ingresos en divisas, portadores energéticos, restringen el flujo de importaciones e intimidan a inversores extranjeros. Y en el ámbito doméstico se han implementado medidas insuficientemente audaces, más bien asociadas al manejo de crisis y a la captación de divisas de forma inmediata mientras permanece sin desplegarse un sistema de política económica coherente, orientado a transformar el modelo económico cubano y a fomentar las necesarias dinámicas de crecimiento y eficiencia. La posposición de las transformaciones termina por reforzar un bucle que profundiza la crisis e impide trascender su mera administración.

Al cierre de 2019, 1 506 600 cubanos integraban el sector privado doméstico, casi el 33% de los ocupados en la economía, un espacio mucho más importante que el 20% de principios del presente siglo y cualitativamente más diverso en cuanto a actividades y tipologías de propiedad/gestión involucradas. El sector privado cubano es hoy un grupo heterogéneo compuesto, en lo fundamental, por los TCP (el eufemismo regulatorio incluye a medianos, pequeños y micro empresarios privados que operan legalmente, pero sin personalidad jurídica, sus trabajadores contratados y autoempleados), integrantes de cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y campesinos privados, propietarios o no de la tierra que trabajan.

Los “cuentapropistas” resultan particularmente notables, pues fueron parte de los objetivos de la reforma desplegada una década atrás^[i], y por su crecimiento y diversificación en un contexto complejo. En el año 2010 se publicó una lista de unas 180 actividades que los TCP podrían desarrollar, con procedimientos de entrada relativamente sencillos para la mayoría, junto con la autorización para que estos negocios contratarán fuerza de trabajo. Fue la apertura más osada desde que en 1968 el Estado cubano pasará a controlar prácticamente la totalidad de la economía en el ámbito no agropecuario.

Lo interesante es que la mera autorización para ejercer hizo crecer al sector privado de 157 000 trabajadores inscritos en septiembre de 2010 (un mes antes de la entrada en vigor de la apertura) a más de 630 000 durante el primer trimestre de 2020. Esto ocurre en un contexto de:

• Restricciones para el acceso a mercados mayoristas.
• Asociación con el sector público y canales formales de comercio exterior.
• Ausencia de créditos de amplio espectro.
• Amparo legal para alianzas con el capital extranjero.
• Marco regulatorio oscilante, entre otras.

Aun así, los privados se cuadruplicaron a base de mucha innovación utilizando recursos endógenos en función de sus negocios e incluso logrando atraer flujos de capital extranjero por vías no formales. De conjunto, cuentapropistas y productores agropecuarios privados han asumido el papel de creadores de empleo neto durante la pasada década, en contraposición al proceso de “destrucción” de empleos del sector estatal, fenómeno argumentado con rigor por algunos investigadores cubanos (Monreal, 2020).

Por otra parte, la expansión del cuentapropismo se produjo también internalizando shocks negativos de singular contundencia. En 2017 el otorgamiento de nuevas licencias fue cancelado para 5 actividades y paralizado para 27, sin límite de tiempo previsto para su restauración. Esta decisión arbitraria conspiró contra las dinámicas de competencia, demolió proyectos familiares e individuales, destrozó la previsión de flujos de caja de proyectos en curso y pospuso o canceló decisiones de expansión de los emprendedores locales y, en ocasiones, de sus socios o mecenas foráneos. Morales muestra una desaceleración de los flujos de remesas en años recientes que relaciona con la paralización de la reforma (Morales, 2020).

En diciembre de 2018 se restablecieron varias de las licencias antes pausadas, mas la reapertura fue modulada por un nuevo pliego regulatorio que incluyó burocracia adicional para la solicitud de autorizaciones y la capacidad operativa de los negocios, dilató los plazos de entrega y mantuvo numerosas áreas grises proclives a generar discrecionalidad interpretativa en las ya asimétricas relaciones entre las instituciones regulatorias y los privados.

También el panorama de oportunidades que implicó el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos se trastocó después de que la administración Trump optó por la ruptura del diálogo y las sanciones. Por solo mencionar algunas medidas de impacto directo sobre el sector privado, considérese el desafortunado manejo que la administración Trump hizo de los “incidentes sónicos” y la retirada de la mayoría del personal de la Embajada en La Habana, la eliminación de categorías de viaje, la prohibición de los cruceros, las restricciones a los vuelos directos y un enfoque de expectativas orientado a desestimular los flujos de viajeros.

A su vez, la posibilidad de obtener suministros en los Estados Unidos se ha reducido drásticamente. La obtención de nuevas visas debe realizarse en un tercer país, y se eliminó el otorgamiento de las de entrada múltiple. También se añadieron restricciones en torno a los montos, personas y canales autorizados para el envío de remesas, restringiendo las vías formales de obtención de liquidez.

Según un estudio de la consultora AUGE, el 80% de los emprendedores encuestados reportó afectaciones a su negocio como resultado de la política hacia Cuba de la administración Trump (AUGE, 2019), fundamentalmente en términos de disminución de la demanda, incremento de las dificultades para obtener insumos e interrupción de inversiones.

Impacto de la pandemia

Desde una posición de incertidumbre luego de los hechos antes mencionados, el sector privado se conmocionó con el impacto de la pandemia. Como consecuencia del cierre de fronteras inicial, el aislamiento social y la paralización parcial de la actividad económica por decreto, las carencias de suministros o de demanda, unos 250 000 cuentapropistas -es decir, cerca del 40% de los registrados--, habían solicitado la suspensión de sus licencias.^[ii] Consistentemente, la evaluación de AUGE señaló un perjuicio generalizado en todo el sector privado, identificando las áreas más afectadas y tres niveles de impacto. Quedaron entre las más golpeadas unas 15 actividades que agrupan a 198 000 TCP (33% del total), fundamentalmente aquellos vinculados de manera directa al turismo o que prestan servicios conexos (AUGE, 2020).

En un contexto de recursos fiscales ya disminuidos durante la pre-pandemia y tensados al límite por esta (déficit fiscal de 6,2 % y 20 % del PIB en 2019 y 2020), los márgenes de apoyo gubernamental a los privados fueron limitados. Estos incluyeron, en lo fundamental:

• La instauración de procesos relativamente simples para la solicitud de suspensión temporal de operaciones y cargas fiscales.
• La disminución de cuotas mensuales para actividades afectadas.
• La extensión de los períodos de gracia para liquidación de obligaciones.
• La exención de presentar declaración jurada a trabajadores que paralizaron su labor durante seis meses o más.
• La eliminación del máximo de gastos deducibles.
• El incremento del mínimo de ingresos sujeto a imposición.

Ahora bien, la agudeza de la crisis ha vuelto a visibilizar con mucha nitidez la inoperancia de la actual configuración de los componentes del modelo económico cubano. El terreno de juego donde se desenvuelven los diferentes actores termina siendo tan escabroso que ninguno puede garantizar óptimos productivos y el tejido productivo nacional no puede articularse con coherencia.

A la altura de julio de 2020, las autoridades anunciaron una estrategia de manejo de crisis que, además de considerar acciones de respuesta a los imperativos impuestos por las maniobras de corto plazo, rompió con el inmovilismo, rescató con fuerza a nivel de discurso oficial nociones esenciales de la reforma de 2010 y llamó a su profundización con la expansión del sector privado incluida.

Más allá de la generación de expectativas positivas, y relacionado con la perentoria necesidad del Estado de recaudar divisas, en términos prácticos la primera medida en implementarse, favorecedora de los privados, fue la apertura del acceso a canales de comercio exterior formales para cuentapropistas y cooperativistas. El diseño de los procesos:

• Mantuvo el control monopólico estatal de la ejecución exportadora-importadora en manos de un limitado conjunto de compañías con deudas históricas de eficiencia.
• Evidenció un apetito rentista desmedido por parte de empresas y el Estado.
• Reforzó el acceso-tenencia previa de divisas como elemento de exclusión (Pajón, 2020).

Pero también:

• Expandió los mercados más allá de las fronteras nacionales.
• Abrió canales para la entrada formal de divisas en las cuentas de los privados.
• Propició mecanismos para obtener bienes de capital y materias prima localmente inexistentes.

Ampliación y limitación de opciones

La continuidad de la reforma, con énfasis en el binomio propiedad/gestión, se ha expresado en la actualidad con el anuncio de la sustitución de la lista positiva (exigua en opciones, fundamentalmente ingenua en la calidad de estas) por una combinación que implica la ampliación de opciones para los cuentapropistas a escala del CNAE con limitaciones establecidas por una lista negativa. Un camino, por cierto, esbozado con mucho tino por estudiosos como Fernández (Fernández, 2020) en junio del año anterior.

A su vez, la ampliación de opciones quedaría complementada con la eliminación del actual “alcance de la actividad”. En el nuevo contexto, un proyecto aprobado a un cuentapropista le garantizaría una licencia con holgura para el desempeño en múltiples actividades de las permitidas. También con el establecimiento de una ventanilla única que facilitaría los trámites para la solicitud y obtención de licencias, la generalización de la entrega de una declaración jurada por parte de todos los TCP, el tránsito de pago de cuotas fijas en el régimen simplificado a porcentajes trimestrales sobre ingresos, así como con readecuaciones en los montos fijos mensuales a pagar en función de las actividades a desempeñar.

De lo anunciado, lo más trascendental es la expansión potencial que puede experimentar el sector privado. Aun considerando la lista negativa, la utilización del CNAE y la instauración de licencias que permitan holgura en el desempeño de los negocios amplía en gran medida el espectro de opciones a disposición de los cuentapropistas y fomenta un desarrollo más complejo y diverso del tejido productivo y de servicios, esta vez con una base formal. Por solo citar dos ejemplos en esferas de importancia, deprimidísimas en el país: hay toda una riqueza de opciones disponibles en la sección F (Construcción) del CNAE, sin clases prohibidas en la lista negativa, y en la sección C (Industrias Manufactureras), aun cuando 24 clases aparezcan vedadas a los TCP.

En un país donde el aporte del sector manufacturero al PIB a precios constantes es de alrededor del 11%, la incorporación creciente del esfuerzo privado a la producción de bienes resulta imprescindible, y el CNAE multiplica definitivamente las oportunidades, más si se considera la estrechez de la lista vigente hoy.

Debe considerarse también que, tal como ocurrió en un marco más estrecho, los privados desarrollarán proyectos innovadores y sorprendentes que se insertarán en los más variados resquicios que ofrezca el CNAE. El uso del nomenclador resulta una invitación a la creatividad dentro de espacios formales y, en muchos casos, evitará la utilización de las actuales licencias de “cobertura” que mantienen en vilo a un numeroso grupo de emprendedores que ha intentado apostar por la legalidad aun en el contexto de precariedad regulatoria vigente.   

No obstante, la nueva decisión de política, como la precedente, relativa al acceso al comercio exterior, nace con carencias y desconectada de otras acciones necesarias para garantizar el despliegue de todo el potencial del sector privado.

Falta de estructuras empresariales formales

Como gran ausente del anuncio, tanto en las notas públicas sobre la aprobación en el Consejo de Ministros (Puig, 2021) como en la comparecencia posterior de funcionarios en los medios (Alonso & otros, 2021), se encuentra cualquier referencia a la transformación por parte de los actuales “cuentapropistas” en estructuras empresariales formales. Nada se ha dicho del proyecto de reconocimiento de micro, pequeñas y medianas empresas que el propio gobierno cubano mencionó como parte de los cambios por venir.

El hecho de que las nuevas normas se encuentren aún en elaboración y de que se implementarán en un plazo que se desconoce, y los prolongados períodos que habitualmente median entre la publicación de medidas de ese calibre, sugiere que el acceso a personalidad jurídica se va a demorar. Mientras, la opción del cooperativismo no agropecuario, una vía posible de acceso a la personalidad jurídica, se mantiene como un área cottage y experimental.

La posposición de la posibilidad de acceso amplio a personalidad jurídica para los privados conspira seriamente contra la recuperación en el medio del actual descalabro. Se estaría renunciando a sinergias productivas emanadas del tránsito de una categoría endeble como es el “trabajo por cuenta propia” hacia formas empresariales formales, cuyo aporte adicional al PIB se ha estimado entre un 1.5% y un 1.7% (Monreal, 2020). En la práctica, la personalidad jurídica ofrecería a los privados mayor capacidad de interlocución institucional para negociar un acceso fluido y en igualdad de condiciones al comercio exterior, la inversión extranjera, los mercados mayoristas, y podría dotarles de una calidad organizativa y probable volumen de activos físicos y financieros para hacer frente a las barreras objetivas y a los prejuicios subjetivos que hoy les vedan zonas del CNAE.

La lista negativa

Precisamente, aunque sea un borrador, un conjunto notable de actividades restringidas en la lista negativa hecha pública, muestra la presencia de contradicciones con el espíritu expansionista del discurso del Ministro de Economía y de la Ministra de Trabajo, quienes expresaron que “la economía es una sola” […] y la necesidad de que “el país cuente con todos los actores económicos en función del bien común”. Los criterios de exclusión para determinar cuáles actividades “no debían ejercerse por los TCP” no fueron transparentados por las autoridades y no son obvios. Ni siquiera nociones de escala o arreglos organizativos formales son aplicables a todas las actividades vedadas, muchas de las cuales ocurren hoy en la práctica.

La selección de las áreas vedadas destila, en el mejor de los casos, desconocimiento del tejido productivo y de servicios que de hecho ya existe, y una visión condescendiente respecto al potencial de escala y sofisticación alcanzable por los privados. Lamentablemente, es probable que los criterios de exclusión respondan también a atavismos en el diseño implementación de políticas, de inspiración rentista y culto al control, que garantizan espacios monopólicos artificialmente creados para las empresas estatales.

Empobrece al turismo

El caso de un grupo de actividades restringidas a los privados en el área del turismo es sumamente notable. Permanecen vedadas, por ejemplo, actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (clases 7911 y 7912) y servicios de reserva y actividades conexas (7990), lo que prohibiría o convertiría en un ejercicio sumamente complejo la participación de los privados nacionales en:

• Actividades de agencias dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento al público en general y a clientes comerciales (7911).
• Organización de paquetes de servicios de viajes para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos” que pueden incluir elementos como “transporte, alojamiento, comidas, visitas a museos, lugares históricos o culturales y asistencia a espectáculos teatrales, musicales o deportivos (7912).
• Prestación de otros servicios de reservas relacionados con los viajes: reservas de transporte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y deporte, etcétera; […] actividades de venta de billetes para obras de teatro, competiciones deportivas y otras actividades de diversión y entretenimiento prestación de servicios de asistencia a los visitantes: suministro a los clientes de información sobre los viajes, actividades de guías de turismo; actividades de promoción turística (7990).

Más allá de los obvios arrendadores y establecimientos gastronómicos de marcada orientación a los visitantes extranjeros, el sector privado doméstico aprovechó la apertura de 2010 y el apogeo del acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos y se volcó a crear una oferta competitiva, elástica e innovadora, que contribuyó a diversificar el modelo de “sol y playa” liderado por el Estado. Antes de la pandemia un inmenso e interrelacionado grupo de arrendadores, transportistas, discotecas, bares, cafeterías, restaurantes, elaboradores de alimentos, gestores de transporte y de alojamientos, artistas, propietarios de fincas y talleres que han creado condiciones para recibir huéspedes en sus instalaciones, planificadores integrales de estancias y actividades, guías con ofertas estandarizadas o muy especializadas, etc., se encontraba operando y satisfaciendo exigentes segmentos de mercado.

Entorpece actividades existentes legales

Las exclusiones en la actual lista negativa dan incluso un margen de interpretación para entorpecer las labores de ocupaciones que ya se ejercen oficialmente, de gestores de alojamiento, gestores de transporte y procesos de promoción de cualquier actividad formal vinculada al turismo. Si esa no es la intención de las autoridades, al menos queda en el plano de la discrecionalidad.

En el caso de los roles de agencias de viajes, inclusivos de procesos de planificación y servicios de guía, la exclusión es tajante. Lamentable situación mientras el esfuerzo estatal permanece centrado en un sobredimensionado esfuerzo constructivo habitacional sin capacidad e incentivos para desarrollar masivamente una oferta extrahotelera atractiva. También resalta una dimensión de discriminación, toda vez que un sinnúmero de grandes, medianas y pequeñas agencias de viajes extranjeras tienen operaciones formales fluidas y oficinas en plaza.

Induce encubrimiento e informalidad

Mantener la restricción de acceso a los privados involucrados en estas actividades o con proyectos de entrada empobrece la oferta nacional de conjunto, destruye las dinámicas de competencia, inducirá a la triquiñuela fiscal y fomentará la continuidad de prácticas de encubrimiento mediante licencias de cobertura en algunos casos y la informalidad absoluta en otros.

Por otra parte, el apetito monopolizador nubla la visión de las autoridades en torno a las posibilidades de un contexto de recuperación turística post-pandemia, marcado por un nuevo acercamiento con los Estados Unidos y por el incremento de los flujos de visitantes norteamericanos, proclives a la interacción con el sector privado por afinidad y por las exigencias del marco regulatorio vigente. La participación de los privados en múltiples áreas, en especial en la primera línea de atención al turismo, los convierte en interlocutores con capacidad de ofrecer réditos a todas las partes y magnificar los efectos positivos en un nuevo escenario de bonanza.

Profesionales excluidos

Otra notable exclusión ha sido la de las actividades profesionales, científicas y técnicas, que ofrecerían un infinito universo de opciones a la altamente calificada fuerza de trabajo local. La lista negativa vuelve a dejar fuera las actividades jurídicas, de contabilidad --excepto teneduría de libros--, arquitectura, ingeniería e investigación, entre otras en amplio listado. Estas restricciones contienen múltiples aristas negativas. En términos de expectativas, golpean con fuerza a un importante grupo de cubanos deseosos de desarrollar sus habilidades profesionales en emprendimientos propios.

A su vez, resulta un tanto superficial mantener vedadas licencias para estas actividades cuando, en la práctica, negocios de creciente envergadura en prácticamente cualquier espacio del CNAE demandarán servicios contables, legales, incluso de investigación… que terminarán siendo ejercidos por los propietarios del negocio o sus contratados, informalmente o mediante licencias de “cobertura” ubicadas más allá de los necesarios procesos de regulación y supervisión.

Falta de comercio mayorista

Queda también muy restringida la posibilidad de comercio mayorista, negando así la posibilidad de que los privados incursionen como participantes/oferentes en un área en la que, como grupo, los cuentapropistas cuentan con limitadísimas opciones de acceso, controladas por el Estado: no constituyen prioridad alguna. La exclusión, además, desconoce las complejidades y el dinamismo de la práctica empresarial, en la que de un momento a otro, por múltiples motivos, volúmenes de insumos o medios de producción de procedencia nacional o importada, pueden dejar de ser útiles para determinado negocio, siendo necesaria su venta en cualquier formato para garantizar liquidez y la sostenibilidad de los flujos de caja.

Ventanilla única

Además de la expansión de actividades y las restricciones en la lista negativa, en el paquete de medidas fueron enunciados otros dos elementos de interés: la concentración de los procesos de solicitud, tramitación y otorgamiento de licencias en una ventanilla única ubicada en las direcciones municipales de Trabajo (con excepción de los transportistas, que acudirían a entidades facultadas del Ministerio de Transporte) y modificaciones fiscales.

La ventanilla única supone una facilidad y ahorro de tiempo en tanto reduce la cantidad de instituciones a visitar para obtener la licencia. No obstante, no queda claro qué plazos de respuesta tendrán los proyectos presentados (la realización de comprobaciones en el lugar donde se ejercerá el proyecto, sugiere que pueden mantenerse notables dilaciones para determinadas actividades, como sucede hoy), si se incluirán protecciones para los solicitantes en caso de las habituales demoras en la aprobación.

Tampoco si el funcionariado a cargo de la recepción y aprobación de proyectos será instruido para asumir una postura receptiva a la innovación (que de seguro les llegará en notable volumen) o si se utilizarán las prohibiciones de la lista negativa para etiquetar todo lo que tenga la más ínfima relación con ella en las propuestas recibidas.

Impuestos

Desde el punto de vista impositivo, el reconocimiento del 100% de las erogaciones, gastos de inversión e incrementos del mínimo exento (que de los 10 000 pesos actuales aumenta a 39 120 CUP) han sido instituidos con el objetivo de disminuir la carga fiscal y de favorecer la transparencia de los hechos económicos. El impacto en términos de una declaración real de los ingresos dependerá también de cómo queden configuradas las escalas progresivas. Hoy ponen muy rápidamente al contribuyente en posición de pagar el 50% de los ingresos adicionales como impuestos. Por la evolución del tipo de cambio del CUP versus USD en el mercado informal, y dado el deterioro del poder adquisitivo del CUP, será necesaria un “ancla” que ayude a medir eficazmente cuándo se está en posición de pagar la carga impositiva máxima.

En cualquier caso, el esquema debe resultar atractivo a los privados, pues en un contexto en que la carga fiscal se considera de manera generalizada excesiva, la opción de subdeclaración permanecerá arraigada.

Conclusión

De manera general, pueden esperarse efectos fundamentalmente positivos de las medidas enunciadas:

• Dan continuidad a la reforma económica emprendida.
• Tocan planos trascendentales del modelo económico.
• Constituyen la mayor expansión del sector privado doméstico que haya promovido el gobierno cubano.

También apuntalan espacios para el accionar del sector privado. Serán más difíciles de desmontar ante posibles “bandazos” de política que puedan producirse en el futuro.

No obstante, a pesar de la importancia de los dos últimos paquetes de medidas que interesan sobre todo al sector privado --acceso al comercio exterior/ expansión de actividades mediante CNAE--, se evidencia la permanencia de taras de diseño en las que predominan atavismos administrativos, exceso de rentismo y creación artificial de cotos para el monopolio estatal en base a criterios sin fundamento suficiente o, simplemente, no explicitados.

A su vez, los procesos de implementación se dilatan en exceso, hasta el punto en que:

• Cambios imprescindibles como la posibilidad de transformación de parte del actual sector “cuentapropista” en estructuras empresariales formales.
• La revisión de las condiciones de acceso al comercio exterior.
• La posibilidad de pactar formalmente con flujos formales de capital extranjero.
• Un rediseño de la política crediticia que garantice el acceso generalizado a fuentes formales de financiamiento, entre otros.

No aparecen en diálogo con las actuales medidas sino en dilatadísima espera a que llegue su turno. En algunos casos parece hasta improbable.

Cuando se acumulan medidas que mediante su diseño castran su propio potencial, y con deudas temporales en su aprobación, se diluyen los beneficios potenciales y se termina cancelando la rapidez o incluso la totalidad del acceso a una senda de crecimiento y desarrollo que el país necesita con urgencia. De igual manera, quedan descalzadas otras aristas esenciales de la reforma, como lo es el ordenamiento monetario: si parte de los beneficios perseguidos es el redimensionamiento de las estructuras productivas estatales, la ausencia de un robusto sector privado conspira contra la necesaria absorción de fuerza de trabajo excedente en el sector estatal.

El sector privado ha demostrado resiliencia, capacidad de innovación, potencial de generación de empleo y de contribución a la transformación productiva y a la satisfacción de nichos de demanda insatisfechos, tanto en los ámbitos productivos estatales, no estatales y de consumo final de la población, y a la canalización de recursos foráneos incluso en contextos de derechos de propiedad inexistentes.

Prolongar la permanencia de espacios de marginación no tiene sentido. Las autoridades deben considerar que las recientes medidas aun en análisis deberían aprobarse rápidamente, despojadas de trabas restrictivas, y complementadas coherentemente con otras imprescindibles. Un marco regulatorio flexible y más orientado al despliegue de potenciales de contribución al desarrollo del país que a la restricción excluyente es hoy la más imperiosa necesidad del sector privado en Cuba.

Bibliografía

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[i] Las medidas que supusieron la primera gran expansión de actividades disponibles para los TCP y la posibilidad de contratación de fuerza de trabajo fueron publicadas en octubre de 2010. Ministerio de Justicia, 2010.

[ii] Alonso & otros, 2020.

David Jesús Pajón Espina. Economista cubano, profesor y emprendedor. Sus áreas de investigación e interés son el comercio internacional de servicios médicos, el análisis de políticas económicas y las dinámicas del sector privado cubano. Licenciado en Economía Global en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y Master en Economía en la misma Universidad, ha participado en diversos eventos en Cuba y el exterior, uno de ellos los congresos de Latin American Studies Association (LASA).