¿De qué depende la inflación y la recuperación de la economía cubana? (Parte I)

Pavel Vidal Alejandro

Omar Everleny Pérez Villanueva

Los cálculos oficiales, que daban como resultado la posibilidad de un aumento del valor real de los salarios y las pensiones, no tomaron en cuenta ni el contexto económico de 2021 ni la diversidad de relaciones que hay en la economía.

February 03, 2022

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Durante más de dos décadas las empresas estatales, los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas, las empresas con inversión extranjera, los agricultores y las familias estuvieron operando en Cuba con una muy baja inflación. De 2000 a 2019 la tasa de inflación oficial en pesos cubanos se ubicó en alrededor de 1,3%. Seguramente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial subestimó la inflación en algunos puntos, pero así y todo eso no cambia la conclusión sobre este extendido período de estabilidad monetaria que comenzó en la segunda mitad de la década de los 90.

Tal característica monetaria favorable de la economía muchas veces fue soslayada o confundida con las insatisfacciones y críticas en relación con el bajo poder adquisitivo de los salarios, la dualidad de monedas y la escasez perene de los mercados de consumo. Estas y otras fallas de la economía han empeorado durante los últimos años en medio de un contexto económico muchísimo más complicado que lo usual y dañado por la pandemia del coronavirus. Ahora, además, sí se sufre una altísima inflación.

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba (ONEI) comenzó a publicar el año pasado el IPC mensual, lo cual representa un paso de avance: antes solo se publicaba el IPC anual y un rezago de varios trimestres. Para 2020 la ONEI calculó una inflación de 18,5%. En 2021, hasta noviembre, la inflación acumulada la ubicaba en 69.5%,[i] la más alta desde el Período Especial (largo período de crisis económica que comenzó como resultado del colapso de la Unión Soviética en 1991).

Los datos actuales oficiales de inflación están basados en un IPC que tiene una base muy desactualizada, del año 2010. Es decir, emplea la estructura de gastos promedios de las familias de hace diez años para ponderar los mercados y productos en el cálculo del nivel de precios promedio de hoy. Esta base solo considera un 18% de ponderación al mercado no estatal,[ii] lo cual no permite capturar la expansión que ha tenido el sector privado durante la última década y no se ajusta a la situación actual de crisis, que obliga a recurrir de forma creciente al mercado informal para adquirir bienes de primera necesidad y productos y servicios de todo tipo. Ello explica que en las estadísticas oficiales se esté subestimando bastante una inflación todavía mayor.

Usando una metodología internacional (curva de Phillips), que considera el efecto de la devaluación del peso, de la escasez de productos y del aumento de salarios, se puede llegar a un estimado de una inflación alrededor de 500%,[iii] lo cual coincide con la información anecdótica indicando que, como promedio, los precios de la mayoría de los productos subieron entre 4 y 8 veces en 2021. Con estos estimados, Cuba se ubicaría actualmente con la mayor inflación de la región después de Venezuela.

La inflación y la reforma monetaria

La baja inflación que presentó la economía cubana desde la segunda mitad de los años 90 tuvo tres determinantes fundamentales:

  • El régimen de tasa de cambio fijo que acompañó al peso cubano y al CUC (peso cubano convertible) en todo este tiempo. Es decir, al no ajustarse las tasas de cambio se mantuvo anulado el efecto traspaso[iv] hacia los precios finales que enfrentan los consumidores.
  • La decisión de mantener congelados los salarios nominales en el sector estatal (y las pensiones) durante la crisis de los años 90, y de realizar muy pocos ajustes al alza en los años siguientes, con algunas excepciones (2005 y 2006: +16%; 2014 y 2015: +20%). En todo el período 1990-2019 el salario promedio nominal en el sector estatal creció a una tasa anual del 5,3%. Se mantuvo así a raya el incremento de la demanda de consumo proveniente de los ingresos de los trabajadores en el sector estatal.
  • La reducción y mantenimiento del déficit fiscal en bajos niveles, aunque con una tendencia creciente desde 2015. Del año 2000 al 2019 el déficit fiscal como proporción del PIB (producto interno bruto) se ubicó en 4,2%. Ello permitió una mayor estabilidad en el crecimiento de la oferta monetaria, la cual tiene una alta dependencia de los desequilibrios fiscales debido al uso de la monetización de estos (hasta 2014 en que comienzan a usarse los bonos públicos).[v]

Se puede notar que estas tres determinantes fundamentales de la baja inflación en las décadas anteriores presentaron en 2021 un cambio radical como parte de la reforma monetaria y en medio del complicado contexto doméstico e internacional. La tasa de cambio oficial se devaluó 24 veces y la tasa de cambio informal más de 3 veces, con lo que aumentó el costo en pesos de los bienes importados y se activó el traspaso hacia el precio finales que enfrentan los consumidores. Los salarios en sector estatal aumentaron como promedio cinco veces, y también las pensiones, expandiéndose así el valor nominal de la demanda de bienes y servicios. El déficit fiscal se ha ubicado cerca del 20% del PIB y ello obliga a imprimir más dinero para financiarlo.

manos cambiando billetes en casilla bancaria

Dentro de la lógica del llamado ordenamiento monetario, el gobierno ha tenido cierto control sobre el efecto traspaso que ocurre desde la devaluación de la tasa de cambio oficial hacia los precios de los consumidores, toda vez que esta transmisión ocurre a través de productores, empresas mayoristas y empresas minoristas estatales, sobre los cuales puede poner ciertos límites.

Pero también se viene depreciando la tasa de cambio paralela (ya en valores por encima de 80 pesos por dólar bancario (MLC) y de 90 pesos por euro[vi]), lo que se transmite mediante los crecientes mercados no estatales sobre los cuales el gobierno no tiene control directo. Esta es una parte de la explicación de por qué la inflación de 2021 se quedó fuera de los estimados oficiales calculados en el diseño de la reforma monetaria.

La dolarización con el uso del MLC (dólar bancario), institucionalizada por el Banco Central desde mediados de 2019, también ayuda a entender la mayor tasa de inflación. Ello aumenta la sensibilidad de los precios de los consumidores a las fluctuaciones de la tasa de cambio. Es decir, no es solo que al devaluarse la moneda aumenta el costo de los insumos importados y eso lo transmitan los productores a los precios finales de los bienes y servicios. Debido a la dolarización, ocurre un efecto más directo. Hay bienes que se venden dentro de las fronteras en dólares (MLC); una vez que se deprecia la moneda, aumenta inmediatamente para los consumidores el valor en pesos de estos bienes.

La inflación reduce el poder adquisitivo de los ahorros, los salarios y las pensiones. En 2021 los salarios estatales y las pensiones se incrementaron nominalmente como parte de la reforma monetaria, lo cual constituyó una protección (parcial) frente a la inflación. Sin embargo, este aumento de salarios no se presentó oficialmente como una protección. Erróneamente se presentó la reforma monetaria como una vía para mejorar el poder adquisitivo de los salarios y se levantaron falsas expectativas en medio de una crisis económica tremenda.

Se han desvirtuado los propósitos de la reforma monetaria, que no es posible evaluar objetivamente por los resultados e indicadores de 2021. Se podía anticipar que la reforma monetaria era un “trago amargo”[vii] para la economía. Ponerla en práctica en medio una recesión, una crisis de balanza de pagos y un cierre de fronteras al turismo implicó que sus disrupciones financieras se conjugaran y multiplicaran con los efectos de otros choques desestabilizadores e inflacionarios. Ponerla en marcha en este complejo contexto también dilata en el tiempo la realización de sus potenciales beneficios.

No obstante, para ser justos se debe decir que Cuba no es ni el primer ni el único país que aplica una devaluación de la tasa de cambio e intenta unificar un sistema de cambios múltiples en medio de una crisis. Internacionalmente, más bien esta ha sido la regla y no la excepción. Un estudio muy completo de Kiguel y O'Connell en 1995[viii] examina las dificultades sufridas por las economías que solían trabajar con tipos de cambio duales en los años 60 y 80.

Una de las conclusiones del estudio es precisamente que, en su mayoría, la decisión de unificar el mercado cambiario ocurrió durante una crisis, y menciona como ejemplo los casos de Venezuela (1989), México (1987), Argentina (1989) y a las antiguas economías socialistas. También se pudiera añadir que en este siglo las devaluaciones y reformas de los regímenes cambiarios latinoamericanos hacia sistemas más flexibles también ocurrieron en medio de una crisis: México (1994), Colombia (1999) y Argentina (2001), por ejemplo.

La reforma monetaria y el ajuste de las tasas de cambio se implementan para que haya más transparencia financiera y los precios reflejen mejor la realidad económica, y a partir de esta mejor información e incentivos se tomen mejores decisiones: más exportaciones y producción nacional, cierre de empresas estatales inviables financieramente, inversiones más eficientes, decisiones que impliquen ahorros de recursos y menos subsidios.

Pero lo anterior toma un tiempo en manifestarse y requiere otras reformas y políticas para que puedan potenciarse los beneficios en el mediano y largo plazo. Es un error pensar la reforma monetaria como una forma de redistribuir riquezas y obtener resultados inmediatos. 

Los cálculos oficiales, que daban como resultado la posibilidad de un aumento del valor real de los salarios y las pensiones, no tomaron en cuenta ni el contexto económico de 2021 ni la diversidad de relaciones que hay en la economía. Fue solo un cálculo contable mal hecho. La economía no son registros contables únicamente, de los que abusó el diseño de la reforma monetaria. Una cosa es el análisis económico y otra la contabilidad.

El diseño de la reforma tuvo demasiado de contabilidad y este fue uno de sus pecados originales que llevó a generar expectativas sesgadas con relación con sus impactos de corto plazo en los salarios y las pensiones. Con un modelo sencillo (curva de Phillips), que considera algunas relaciones económicas esenciales, ya era posible anticipar desde principios de 2021 que las proyecciones oficiales de inflación no se iban a cumplir.[ix]