La unificación monetaria y cambiaria en Cuba: normas, efectos y perspectivas (Parte II)

Efectos potenciales de la unificación

Los efectos a corto plazo serán adversos: inflación, desempleo, y reducción sustancial del poder adquisitivo si los salarios y pensiones quedan por debajo de la inflación. Es difícil que se cumpla la promesa de subsidiar a las personas vulnerables.  A mediano y largo plazo los efectos serían positivos siempre que la unificación cumpla con las normas necesarias.

Inflación

Díaz-Canel advirtió que “uno de los principales [riesgos de la unificación] es que se produzca una inflación superior a la diseñada”. Entre la población, la devaluación del CUP no afecta a la inflación porque la tasa sigue en 24, como antes. Sin embargo, dentro del sector empresarial, al subir la tasa de cambio de 1 a 24, los costos de producción de las empresas estatales aumentarán de forma paralela a la devaluación, incrementando los precios mayoristas, que a su vez afectarán a los minoristas, y se disparará la inflación. Un ejemplo: la empresa estatal importaba bienes en dólares y en su contabilidad un CUC era igual a un dólar, lo que disminuía artificialmente el costo real de la importación y la incentivaba.

Al eliminarse el CUC y fijarse la tasa de cambio de 24 CUP por dólar, el costo de importación se multiplica por 24, lo cual revela el valor real de la importación y la desincentiva. Por eso los precios de la empresa tienen que aumentar para cubrir el costo de producción, lo que alimenta la inflación. Por el contrario, en las exportaciones un dólar era igual a 1 CUC, pero ahora se multiplica por 24, lo que muestra su valor, aumenta los ingresos de las empresas exportadoras y es un incentivo para exportar.

La tasa oficial de inflación fue -2,9% (deflación) en 2016 y -1,3% en 2019, pero ha sido subestimada durante decenios:

• el gobierno fija la gran mayoría de los precios, en vez del mercado;
• el índice de precios al consumidor (IPC) se basaba solo en las compras de la población en CUP, pero excluía al CUC, con el que la población adquiría muchos bienes y servicios;
• el IPC está también devaluado por la “inflación reprimida”, manifestada en las colas cada vez más largas; y
• los precios en el mercado informal y negro, donde funciona la ley de la oferta y la demanda, se han disparado durante los últimos meses.

Por ejemplo, un cartón de 30 huevos, que no se puede comprar en las tiendas estatales, en el mercado libre hace años se podía adquirir por 87 CUC, pero a fines de 2020 costaba 175 CUC --o sea, el doble. La libra de carne de cerdo, un buen indicador del costo de la nutrición en Cuba, ha subido de 24-25 CUP en 2018 a 50-70 CUP a mediados del pasado diciembre, también al doble.

Una forma alternativa de medir la inflación es la “liquidez monetaria” (M-2): la cantidad de moneda que tiene la población en sus manos o depositada en los bancos. Un crecimiento del M-2 indica un ascenso de la inflación. En la década del 90, el excedente de moneda en circulación fomentó la demanda y no había bienes para satisfacerla. El M-2 respecto al PIB ascendió de 25,3% en 1990 a un récord histórico de 73,1% en 1993; después, con la recuperación parcial, descendió a 34,1% en 2004. Pero la fuerte emisión monetaria lo hizo crecer de nuevo de 36,4% a 58,9% entre 2007 y 2018. La última cifra superó a las de 1992 y 1994 (56,1% y 51,7%, respectivamente). En 1993, el peor año de la crisis, se alcanzó la cima de 73,1%.

La anterior serie de M-2 fue cambiada en el Anuario de 2019. Esto fue resultado de que a partir de 2017 se “incluyen los saldos en CUP y CUC” en las cuentas bancarias. Antes solo se reportaban las cuentas en CUP. El resultado es un notable salto del M-2 respecto al PIB: en 2017 pasa del 52,8% a 96,6%, en 2018 del 58,9% al 100,3% y en 2019 al 103,4%. No se puede comparar la serie anterior con la nueva, salvo en 1989 y 1993-1994, cuando solo había cuentas bancarias en CUP. La población tenía en sus manos y en depósitos bancarios más que el valor del PIB en 2019, o sea, que ha habido una enorme emisión monetaria, mayor que en 1993. La devaluación del CUP aumentará dicha proporción y agravará mucho una tasa de inflación ya muy alta.

Marino Murillo explicó dos métodos para evitar que la inflación sea mayor que lo planificado.

• El primero, mantener el precio centralizado de un grupo de productos, especialmente los que tienen un fuerte impacto económico.
• El segundo, poner topes a los precios mayoristas formados en el sistema empresarial.
• El tercero para controlar la inflación “es garantizar mayores abastecimientos [mediante el incremento de la producción y la oferta] pero en las actuales condiciones de la economía cubana esa no es una estrategia factible… ante nuestro déficit de oferta”.

Desempleo

La generación del desempleo por la unificación requiere una explicación más profunda. La serie de desempleo declarado (“visible”) indica que mermó del 7,9% al 1,3% de la fuerza laboral entre 1989 y 2019, una de las cifras más bajas del mundo, lo que sugería “pleno empleo”. Sin embargo, desde los inicios de la revolución ha habido un excedente creciente de mano de obra en el sector estatal. Un ejemplo hipotético lo ilustra: el gobierno crea una fábrica que necesita un máximo de 100 trabajadores, emplea 200 para reducir el desempleo declarado, pero también disminuye a la mitad la productividad y el salario a los trabajadores, mientras aumenta el desempleo “oculto”, la mano de obra que realmente no necesita la fábrica.

Mi tesis doctoral (1968) probó que este ejemplo era universal en la economía estatal cubana, refutando la creencia generalizada del pleno empleo. Durante la crisis de los 90, cuando el PIB cayó 35% entre 1989 y 1993, el excedente de mano obra creció enormemente porque para impedir un salto del desempleo declarado, el gobierno no despidió a los trabajadores de las empresas estatales cerradas, continuó pagándoles el salario y subsidiando a las empresas, lo cual redujo la productividad y los salarios, a la par que escalaron el déficit fiscal y los precios. Según la CEPAL, el desempleo oculto creció del 7,9% de la fuerza laboral en 1989 a una cima del 34% en 1993 y descendió al 21% en 1998; en 1993, el desempleo declarado más el oculto fue de 40%.

Al gobierno le tomó 42 años aceptar la realidad del desempleo oculto. En 2010-11, se revelaron cifras oficiales sobre el empleo innecesario en el sector estatal (“nóminas infladas”). Había que despedirlo y emplearlo en el sector no estatal: 500.000 en 2010, un millón en 2011 y 1,8 millones entre 2011 y 2015. A fines de 2014 habían sido despedidos solo 418.000 empleados estatales superfluos, y en 2016 se decretó la terminación de los despidos, de forma que, tomando la meta de 2015, aún quedaban 1,3 millones de empleados excedentes. El crecimiento del sector no-estatal fue insuficiente para ocupar a todo el empleo estatal excedente. Cuando comenzaron los despidos, el desempleo abierto aumentó del 1,7% en 2009 al 3,5% en 2012, pero declinó consistentemente al 1,3% en 2019. Estimo que en 2018 el desempleo declarado era de 1,7%, el oculto de 29,2% y el total de 30,9%. En 2019, cuando se reportó un desempleo declarado récord de solo 1,3%, debía haber un desempleo oculto de alrededor de 29%, esto es vísperas de la unificación.

El gobierno ha anunciado repetidamente que no habrá “terapia de choque” por la unificación, ni despidos masivos, con lo cual repite su política de los años 90. Debido a la crisis económica, entre abril y octubre de 2020 había 150.000 trabajadores estatales que no laboraban porque sus empresas habían cerrado, pero cobraban su salario, y 250.000 cuentapropistas con suspensión temporal de sus licencias, un total de 400.000 trabajadores equivalentes al 8,7% de la fuerza laboral ocupada. Los que no estaban en esa situación “han tenido un nivel bajo de actividad”, claros indicadores de desempleo oculto. La devaluación del CUP incrementará los costos de producción de las empresas.

Como han advertido las autoridades, muchas tendrán fuertes pérdidas. Se supone que el gobierno dejará de subsidiar las pérdidas del 40% de las empresas estatales, al ser financieramente insostenibles y que deberían cerrar. Pero ya se ha explicado que el Estado asignará recursos para sostener a dichas empresas durante un año de transición, ayudándolas a ajustarse a las nuevas condiciones. Si después de la transición se acaban los subsidios y se cierran las empresas, sus trabajadores serán desempleados. En resumen, al desempleo oculto en 2020 se agregarán los despidos resultantes de la unificación. El desempleo total podría exceder del 30%, aunque si se permite expandir el cuentapropismo sin trabas ni impuestos excesivos, este absorbería el desempleo estatal.

Poder adquisitivo de la población

El discurso oficial también promete que la población será protegida del aumento de precios mediante un incremento de salarios y pensiones mayor que el incremento de precios. Murillo dijo: “En economía hay una diferencia entre el salario real y el nominal. Nuestra aspiración es que todos los asalariados queden en mejores condiciones que en el punto de partida en que estamos”. El salario nominal creció desde su punto más bajo en 1993, pero el salario real (ajustado a la inflación) en 2019 equivalía al 47,3% de su valor en 1989, reduciendo el poder adquisitivo en un 52,7%. Por otra parte, la pensión media nominal en 2019 equivalía a 64,3% de su valor real en 1989, se devaluó un 35,7%.

Es virtualmente imposible que el gobierno incremente los salarios por encima del alza de precios para mejorar su valor real. Si bien está aumentando los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales, esto no compensará el efecto de la devaluación y la inflación. Será una continuación de la política practicada entre 1989 y 2019 del deterioro real de dichos pagos que cubrirán aún menos las necesidades básicas.

El análisis anterior constata la gran importancia para el gobierno y el país de expandir el sector no estatal, especialmente el privado y el cuentapropismo. Entre 2010 y 2019 el sector no estatal se expandió de 16,2% a 32,9% de la fuerza laboral ocupada, mientras que el estatal se contrajo del 83,8% al 67,1%. Dentro del sector no estatal, el privado creció de 11,8% a 22,5% y, dentro de este, el cuentapropismo subió de 3% a 13,4%. En 2019 el empleo aumentó en 102.500 trabajadores, 89% en el sector no estatal y solo 11% en el estatal. En el sector no estatal, 83% fue en el privado (35% por cuentapropismo) y solo 6% en el cooperativo.

Sin embargo, en 2021 se proyecta solo un incremento de 32.000 ocupados, 69% en el sector estatal (que debería reducir empleo) y solo 31% en el sector no estatal que se supone debería expandirse. Díaz-Canel ha dicho que “algunos economistas, cuando hablan de destrabar las fuerzas productivas, solo piensan en el sector privado”, mientras que para el gobierno el principal actor económico es “el sector empresarial estatal y, como un complemento de este, el sector privado”.

No obstante, el gobierno ha tomado medidas positivas respecto al sector no estatal.

• En noviembre se anunció que 7.000 restaurantes estatales pasarán en arriendo a cooperativistas y cuentapropistas, y que los trámites de aprobación de licencias se simplificarán.
• Además, se concedió al sector no estatal vender productos y servicios directamente a la Zona de Mariel.
• También se autorizó a los cuentapropistas a descontar de los ingresos todos sus gastos, estableciendo un ingreso mínimo de 39.120 CUP anuales exento del impuesto sobre ingresos, y la exoneración del impuesto sobre ingresos personales a los cuentapropistas que suspendieron sus actividades en 2020 debido a la COVID-19.

La medida más importante se dictó el 13 de febrero: la lista de 127 actividades por cuenta propia permitidas (la mayoría de bajo valor añadido, mientras la fuerza laboral cubana tiene un alto nivel educativo desperdiciado), se ampliará a 2.000—incluyendo la industria—y solo habrá 124 actividades prohibidas reservadas para el gobierno.

Los economistas académicos cubanos (Carranza, Monreal, Pérez Villanueva, Torres, Triana, Vidal, etc.) reclamaron por años esta medida y hay un consenso entre ellos de que es importante, aunque señalando varias cautelas: hay que promulgar la ley de empresas (PYMES) que regule su actividad y las relaciones con el sector estatal, les otorgue autonomía y garantías, y permita la inversión extranjera. No se han especificado las actividades prohibidas, aunque se sabe que incluyen los servicios sociales, la explotación de recursos naturales y actividades estratégicas. Se excluyen todas las actividades profesionales (arquitectura, ingeniería, comunicaciones, etc., salvo veterinaria), las más calificadas y que generan el mayor valor agregado. Hay que hacer una solicitud y recibir autorización estatal, los insumos deben ser lícitos y aún se desconoce si se impondrán límites al tamaño de las actividades. Estas concesiones son esenciales porque debido a la pandemia, la caída del turismo y la unificación, los cuentapropistas han sido fuertemente golpeados.

La autorización a las microempresas y cooperativas no agrícolas para exportar e importar es positiva, aunque se mantienen fuertes restricciones: la obligación de hacerlo a través de empresas estatales, tener cuentas bancarias en divisas y confirmar que el origen de los fondos depositados provenientes del extranjero es “totalmente lícito”; autorización específica del BCC, y que los bienes y servicios exportados tengan calidad y sean competitivos, algo que no se exige a las empresas estatales.

Otras medidas necesarias son

• el desarrollo del comercio mayorista,
• la eliminación de trabas burocráticas, 29 documentos para obtener una licencia de cuentapropista,
• la uniformización de normas para los sectores estatal y no estatal,
• la creación de un banco que ofrezca préstamos con bajo interés al sector no estatal, etc.

Todo esto hay que hacerlo con rapidez, sin trabas ni desincentivos.

Reemplazo de subsidios de precios por subsidios a personas vulnerables

Desde que inició sus reformas estructurales en 2007, Raúl Castro proclamó que se eliminarían gradualmente los subsidios y gratuidades indebidas, incluyendo la libreta de racionamiento, porque sus precios subsidiados están justificados para los ciudadanos de bajos ingresos, pero no para los de altos. Por ello, muchos alimentos y otros bienes de consumo se sacaron de la libreta y fueron vendidos al precio de oferta y demanda, lo cual aumentó notablemente los precios y redujo el poder adquisitivo de salarios y pensiones. El retorno de la crisis económica en 2019-2020 generó un agudo desabastecimiento y escasez de alimentos y bienes de consumo, lo cual obligó al gobierno a retornar varios de dichos productos a la libreta de racionamiento.

Según las autoridades, un objetivo central de la unificación monetaria es la eliminación de los referidos subsidios y gratuidades, pero permanecerán los subsidios a productos con un alto impacto en la población, hasta tanto se generalice el subsidio a las personas. Teniendo en cuenta que esta meta viene discutiéndose desde hace diez años y se esperaba que se cumpliese con la unificación, es un fiasco que se vuelva a posponer sin un plazo claro.

El reemplazo de los subsidios a precios por subsidios a personas es adecuado porque, además de focalizarse en la población de bajo ingreso, la unificación expandirá la población vulnerable que requerirá asistencia social, aunque dicho reemplazo se pospondrá. La expansión de la población vulnerable comenzó con las reformas estructurales de Raúl que redujeron el gasto social. Esto, a su vez, perjudicó el acceso y la calidad de los servicios sociales de educación y salud, así como la construcción de viviendas, junto con la caída del poder adquisitivo de salarios y pensiones. Aunque esta situación demandaba una expansión de la asistencia social, ocurrió lo contrario: entre 2006 y 2019, los beneficiarios de dicha asistencia disminuyeron de 5,3 a 1,5 por cada 1.000 habitantes, mientras el gasto de asistencia social respecto al PIB menguó de 2,2% a 0,4% en igual período.

Si el gobierno no fue capaz de expandir los subsidios a la población vulnerable cuando la economía gozaba de una situación mejor, particularmente entre 2006 y 2015, será extremadamente difícil hacerlo ahora cuando sufre la peor crisis económica desde los años 90. Como se ha analizado, la unificación provocará un aumento de la inflación y del desempleo, por lo que expandirá aún más la población vulnerable, todo ello agravado por el COVID-19.

Efectos positivos a mediano y largo plazo

Si el proceso de unificación es adecuado, y

• se deja que las empresas deficitarias cierren después del período de transición,
• se eliminan los subsidios fiscales,
• se despide a los trabajadores de las empresas quebradas así como al remanente previo de mano de obra excedente (desempleo oculto) en las empresas estatales,
• no se imponen topes a los precios para frenar la inflación,
• se ajustan los salarios y pensiones sin sobrepasar los precios,
• se expande el sector privado para absorber el desempleo y,
• sobre todo, se emprenden las reformas paralelas necesarias, especialmente en la agricultura,

en el largo plazo se generarán efectos positivos:

• mejorará la eficiencia de las empresas estatales,
• aumentarán las exportaciones,
• se reducirán las importaciones,
• aumentará la producción (en particular la agrícola),
• mejorará la balanza de pagos,
• habrá mayores encadenamientos productivos,
• se controlará la inflación a niveles razonables y
• se reanudará el crecimiento económico.

Todo esto generará recursos para financiar y mejorar los servicios sociales estatales, incluyendo una red mínima de protección social a la población vulnerable afectada por la unificación. Esta visión podría ser demasiado optimista, pero es viable como demostraron China y Vietnam, salvo en la red mínima de protección.

Conclusión

El gobierno cubano ha iniciado la necesaria unificación monetaria y cambiaria, pero ha pospuesto varios de sus elementos clave al menos por un año. Esto postergará sus efectos positivos a largo plazo, pero no impedirá impactos a corto plazo como la inflación. Queda por ver si el incremento de los salarios, pensiones y prestaciones sociales compensará la subida de precios, en caso contrario se agravarán las tensiones sociales. Enfrentar este difícil proceso en medio de la peor crisis desde la de los años 90, lo hace aún más traumático. Por último, existe la posibilidad de que, después del año de transición, se mantengan los subsidios fiscales a las ineficientes empresas estatales que sufren pérdidas.